El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega Caicedo, recusó a la jueza Clara Soria por un aparente conflicto de intereses en el trámite de una acción de protección que interpuso Fernando Muñoz Benítez, para recuperar la presidencia del organismo de justicia electoral.

Fernando Muñoz fue removido de la presidencia del TCE el 12 de agosto de 2024 en una sesión autoconvocada por sus pares Ivonne Coloma Peralta, Ángel Torres Maldonado y Guillermo Ortega.

En la misma plenaria, renovaron la dirección del Tribunal con Coloma a la presidencia y Torres a la vicepresidencia.

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Muñoz los denunció en la Fiscalía General del Estado por un delito de presunta usurpación de funciones y planteó esta acción jurisdiccional alegando la violación a sus derechos constitucionales, como el de la defensa.

El recurso recayó en el Tribunal de Garantías Penales para el Juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado conformado por los jueces Jorge Sánchez Pico, Mario Muñoz Bayas y Clara Soria Carpio.

Ortega recusó a Soria porque el artículo 12 del Código Orgánico General de Procesos impide — precisó — el trámite de recursos cuando el juzgador tiene «interés personal en el proceso por tratarse de sus negocios o de su cónyuge o conviviente, o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad».

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En este caso, la recusación apunta en contra de la jueza Carla Soria, quien sería pareja de Asdrúbal Granizo Haro, exasesor 4 del juez Fernando Muñoz.

«Es necesario poner en evidencia que la referida juzgadora es la actual pareja sentimental de Asdrúbal Granizo, quien se ha desempeñado como asesor 4 de Fernando Muñoz Benítez, accionante de la causa» puntualizó Ortega.

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Así también, los tres jueces Coloma, Torres y Ortega suscribieron un comunicado oficial difundido este 14 de agosto, en el que alertan de la relación de pareja entre la jueza Clara Soria y Asdrúbal Granizo que es «asesor de Muñoz y quien ha intervenido en todas las actuaciones del expresidente».

Exigieron al Consejo de la Judicatura que adopte las medidas pertinententes, como separar a Soria del Tribunal y se garantice un órgano imparcial en la resolución de la causa y la transparencia del sorteo.

En medio de la crisis de gobernabilidad al interno del TCE, el juez Muñoz resultó sorteado para tratar la denuncia por presunta violencia política que presentó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, en contra del expresidente, Daniel Noboa Azín.

La segunda mandataria pide que Noboa y sus colaboradores Gabriela Sommerfeld Rosero, canciller; Esteban Torres Cobo, viceministro de Gobierno; y, Diana Jácome, sean sancionados por afectar sus derechos.

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Abad pide la sanción más fuerte, ya que al ser una infracción electoral muy grave contemplada en el Código de la Democracia, la multa asciende a entre 21 y 70 salarios básicos, la destitución del cargo y/o la suspensión de los derechos de participación por los siguientes tres años. (I)