En las cortes se diluyen los juicios por lavado de activos, la pesquisa al dinero ilegal deja 11 condenas en 9 años. ‘Ecuador se ha convertido en una lavandería de 250 km²′, dicen expertos.

La tarde en que lo mataron se movilizaba en un vehículo blindado, valorado en más $ 100.000, y llegaba a su casa ubicada, en el sur de Guayaquil. Juan A. aceleró el motor en un intento de salvar su vida y la de su hijo de 3 años, pero una ráfaga de veinte disparos de fusil destruyó la seguridad de su carro , le provocó la muerte y dejó al menor en estado crítico, pero con vida.El mismo día la Policía allanó su domicilio para investigar las razones de su asesinato y ahí encontró armas de fuego y, principalmente, fajos de dinero, en moneda nacional y extranjera, acumulado en cartones, maletas, maletines, fundas y hasta entre los muebles de la sala.Cuatro días les tomó a los agentes terminar de contar manualmente –y hasta con máquinas de aquellas que usan los bancos- la cantidad de billetes que este guayaquileño de 39 años había acumulado y que, presuntamente, provenían del narcotráfico: $ 8,4 millones y 100.000 euros .Por las investigaciones policiales se conoció después que Juan A. había estado en prisión y registraba antecedentes penales por falsificación de documentos, tenencia de armas y robo, incluso fue denunciado por asesinato, pero el caso no pasó a las cortes.El fallecido administraba un local de venta de autos y había trabajado años atrás en un puerto de Guayaquil, razón por la cual fuentes policiales creen que tenía nexos con organizaciones narcodelictivas dedicadas a enviar cocaína a Europa o Estados Unidos.Su sicariato, ocurrido el 1 de agosto de 2022, lo recordó hace unas semanas el jurista Julio César Cueva para advertir que la violencia que vive el país se origina en la impunidad judicial en el Ecuador. “La corrupción, la impunidad, se compra con dinero. Al sicario le pagan con dinero. Las drogas, las armas, los fiscales, se pagan con dinero”, afirmó este abogado penalista y agregó: “A un tipo lo balearon en el norte, andaba en un carro de $ 150.000, de dónde salió esa plata, pagó en efectivo o en cheque, dónde lo compró (…). Ecuador se ha convertido en una lavandería de 250 km², en el país se lavan $ 5.000 millones al año”.El lavado de activos, también llamado ‘blanqueo de capitales’, consiste en invertir en el sistema financiero legal las ganancias monetarias que tienen origen delictivo o ilícito. En el Ecuador este delito se castiga con prisión de uno a trece años dependiendo del monto ‘lavado’, del uso de empresas legalmente constituidas o cuando se utilizan cargos o entidades públicas.Aunque el control del lavado de activos se lo considera clave para “debilitar la economía de las organizaciones narcocriminales que operan en el país”, pocos son los casos que investiga la Fiscalía del Estado. En 2022, por ejemplo, se registraron 49 denuncias, entre ellas el conocido caso de Leandro N. excabecilla de una organización delictiva .La Policía señala a ocho agrupaciones entre las responsables de la escalada de violencia que desde el 2021 vive Ecuador. Ese año se contaron 2.496 asesinatos, cantidad que creció a 4.603 en 2022 y este año, hasta agosto, ya se reportaron 4.835 muertes violentas, según las cifras oficiales.“La única manera de romper la economía criminal es controlar el lavado de activos”, recalcó en septiembre pasado Pablo Ramírez, a cargo de la Dirección Nacional Antidrogas, al tiempo que destacó la importancia de la incorporación de este delito en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) a partir del 2014.Nueve años después, sin embargo, las cifras de la Fiscalía revelan la escasa cantidad de casos de lavado de activos que han llegado a instancias judiciales. En 2014 se registraron 29 denuncias y en los años siguientes, del 2015 al 2019, se atendió un promedio de 110 anuales. A partir del 2020, las denuncias bajaron a menos de la mitad (50). Este año, de enero a julio, se han registrado apenas 34 en la Fiscalía.Y más grave que la escasez de denuncias, las estadísticas reflejan las casi nulas sentencias. En el periodo agosto del 2014-julio 2023 se recibieron 784 denuncias y de estas apenas 11 concluyeron en sentencias condenatorias , es decir, una por año. La gran mayoría de casos (507) siguen en investigación, han sido archivados (144) o se ha pedido su archivo (36), se han dictado sentencias de inocencia (20) o sobreseimientos (37).“El rol primordial del sistema de inteligencia es la capacidad de anticiparse en el lavado de activos. Si había una mayor cantidad de organizaciones criminales haciendo negocios en Ecuador, por qué eso no se ve en las sentencias”, dijo Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano para el Crimen Organizado, institución veedora que califica la cantidad de sentencias en lavado de activos en el país como “una de las más bajas de la región”.Entre las once sentencias por lavado de activos, la Fiscalía ha informado de casos como el de un exdirector del hospital de IESS de Durán y exministro, quien fue sentenciado en 2019 a diez años de prisión , junto con otros dos implicados, además del pago de una multa de $ 535.124. La Fiscalía demostró que el exfuncionario adquirió y administró “bienes de origen ilícito”. Basados en extensos informes de la UAFE, de la Contraloría y del SRI, se constató que el exministro reportó ingresos por $ 412.969 entre 2010 y 2017, pero en ese mismo lapso registró ganancias en el sistema financiero por $ 719.163.Otra sentencia condenatoria recibieron tres implicados en la construcción del hospital de Pedernales en 2021, entre ellos el asesor de un exasambleísta (2017) y el intermediario entre el contratista y la entidad contratante, quienes recibieron una pena de 6 años de prisión; mientras que al representante legal del proveedor se le fijaron 36 meses de privación de libertad. La Fiscalía verificó que en esta trama de corrupción se entregó una ‘comisión’ ilegal del 12 % del contrato ($ 1,9 millones).Ambos casos, en los que el dinero provino de la corrupción en la administración pública, contaron con informes de la UAFE, en los que se detalló el incremento patrimonial de los procesados. Ese informe –explicó el exfiscal anticorrupción Abraham Cheing- constituye “una especie de notitia criminis, que debe ser contrastada”. “El oficial de cumplimiento de la institución (UAFE, Contraloría, SRI) va a ser llamado por la Fiscalía para que comparezca ante un juez y testifique”, indicó Cheing, jurisconsulto y exjuez de tribunal penal.Desde 2014 la UAFE ha enviado a la Fiscalía 233 reportes de operaciones inusuales injustificadas (ROII), que contienen indicios de lavado de activos, además de 4.971 informes ejecutivos de personas a las que la Fiscalía investiga.“Nosotros hacemos un análisis de inteligencia financiera que permita darle los datos a la Fiscalía de qué es lo que ellos deberían investigar”, explicó Roberto Andrade, director de la UAFE, entidad que cumplió 18 años de creación. En este tiempo –destacó el funcionario- el avance más significativo se refleja en la calidad de los informes de sus analistas y en su “profundidad, fuentes de información y capacidad analítica”.Las sentencias –precisó Andrade- son la parte final de un sistema en el que participan 22 instituciones, empezando por las entidades financieras (superintendencias) a las que los ciudadanos deben reportar las transacciones o pagos superiores de $ 10.000.“Ahí es muy importante mejorar y trabajar, tener una ley que sea más estricta, pero a la vez más flexible”, sugirió el director de la UAFE, mientras que juristas agregan la necesidad de potenciar a la UAFE. “Más control preventivo, que se verifiquen los capitales ilícitos que hay en el país, potenciar a la UAFE”, recalca el abogado Héctor Gabriel Vanegas. (I)Ante las escasas sentencias condenatorias en delitos de lavado de activos, apenas once en los últimos nueve años, el vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), Christian Quito, refirió que “todo esto obedece a circunstancias propias del proceso” y que la cantidad de dictámenes depende de los casos que la Fiscalía llevó a juicio: “Si se han judicializado diez casos y uno tuvo condena, ahí sí tendríamos que preocuparnos por qué existen pocas sentencias; pero si Fiscalía llevó a juicio diez casos y se condenan nueve, ocho, estamos en un estándar normal”.Y si un juez comete un error al dictar sobreseimiento o declarar inocente, añadió Quito, hay recursos de apelación y hasta casación para revertir los fallos. De los casos de lavado de activos investigados entre 2014 y julio de 2023, seis apelaron la decisión judicial y dos accedieron a casación.A nivel nacional hay 1.945 jueces, 16 de ellos integran la Unidad de Anticorrupción y Crimen Organizado, creada en diciembre del 2022. Desde entonces, esta dependencia recibe también casos de lavado de activos cuando existe una estructura criminal detrás. Pero si el caso es en contra de una persona, sin ser parte de una red, el proceso puede recaer en cualquier juzgado.Quito considera que los magistrados están capacitados en lavado de activos, pues en los últimos dos años –dijo– han recibido del Consejo de la Judicatura talleres sobre temas penales y garantías jurisdiccionales. Además, cree que no se requieren reformas legales. “No es que nos hace falta normativa, la tenemos y hay que aplicarla”, apuntó y recordó que en 2021 hubo una reforma en el tema de lavado de activos, que incluye sanciones a las empresas vinculadas. (I)

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