En los comicios generales del 2025, los ecuatorianos elegirán 150 legisladores, es decir, trece más que los actuales. Este cálculo se deriva de los resultados del Censo de Población y Vivienda efectuado entre el 2021 y el 2022, que se hicieron públicos en los últimos días.

La Constitución de Montecristi, vigente desde el 2008, señala que los legisladores deben elegirse de esta manera:

1. Quince en circunscripción nacional;

Publicidad

2. Dos fijos por cada provincia y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de la población;

3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior.

Respecto a esto último, en el Código de la Democracia se especifica que las circunscripciones especiales del exterior elegirán un total de seis asambleístas fijos distribuidos así: dos por Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y Estados Unidos y dos por Latinoamérica, el Caribe y África; y que cada una de las regiones y de los distritos metropolitanos elegirá dos representantes a la Asamblea.

Publicidad

Actualmente hay 137 asambleístas, cifra que se determinó con base en el censo de población del 2010, según el cual éramos 14′483.499 habitantes. Son 15 nacionales, 115 provinciales y 1 adicional por el Distrito Metropolitano de Quito; y 6 del exterior.

El censo actual estableció que somos 16′938.986 personas, aunque este número será ajustado a finales de noviembre, una vez que se identifique un factor denominado omisión censal. Para ese entonces se tendrá una cifra más certera de cuántos habitantes tiene el país.

Publicidad

El incremento de legisladores se dará en las siguientes provincias, según el total de habitantes:

  1. Guayas, que pasa de 20 a 24 (2 fijos más 22 por el índice poblacional)
  2. Pichincha, que pasa de 18 a 20 (2 fijos más uno del Distrito Metropolitano y 17 por población)
  3. Azuay, de 5 a 6 (2 fijos más 4 por población)
  4. Manabí, de 9 a 10 (2 fijos más 8 de población)
  5. Esmeraldas, de 4 a 5 (2 fijos más 3 por población)
  6. Morona Santiago, que va de 2 a 3 (2 fijos y uno por población)
  7. Tungurahua, que pasa de 4 a 5 (2 fijos más 3 por población)
  8. Orellana, que va de 2 a 3 (2 fijos más uno por población)
  9. Santa Elena, de 3 a 4 (2 fijos más 2 por población)

Entonces, para el 2025 quedarían 15 nacionales, 128 provinciales y 1 adicional por el Distrito Metropolitano de Quito; y 6 del exterior.

El domingo se elegirá a la última Asamblea de 137 legisladores, para 2025 subirían a 152, todo dependerá del resultado del censo

Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, comenta que los cuerpos parlamentarios deben tener la mayor diversidad y representación posible. Y en ese sentido, sin que parezca que está defendiendo a la Asamblea Nacional, él piensa que este incremento de legisladores no es algo negativo considerando que el país es pequeño pero muy diverso en cuanto a sus regiones, nacionalidades y realidades.

“El debate tiene que ir más allá del número. Es necesario comenzar a exigir un mejor y mayor trabajo del Legislativo, que no solo se ve en la mayor presentación de proyectos de ley sino en la aprobación oportuna de proyectos de ley sobre temáticas que sean importantes para los ciudadanos, y procesos de control y fiscalización política que no respondan a intereses político-partidistas sino a la línea de defender los recursos de los ecuatorianos y vigilar el cumplimiento de las funciones de las autoridades públicas”, opina.

Publicidad

El analista político Alan Caiza coincide en que el número de legisladores no es el tema más relevante. “No existe el tamaño ‘ideal’ o ‘perfecto’ de un Parlamento en relación a su población”, explica. Y cita como ejemplo a Uruguay, que tiene más legisladores por habitante que Ecuador ya que es un país más pequeño, “la cantidad no tiene relación con la calidad del Parlamento”.

Lo que tendría que analizarse, dice, es “el modelo de gestión de la Asamblea”. Caiza indica que al momento hay unos 300 proyectos de ley en trámite para segundo debate que heredará la Asamblea de transición y que en 18 meses será complejo que pueda evacuarlos todos, y entonces estos pasarán a la siguiente y así.

“Hay que asignar el trabajo de las comisiones especializadas de manera equitativa porque se ve que la carga se queda en dos o tres y el resto está de adorno”, señala Caiza.

Con las cifras del próximo censo de población aumentarían a más de 150 los legisladores que se elegirán en el 2025

“Se cuantifica el número de proyectos de ley que se presentan, pero lo importante es analizar si estos realmente están abonando a solucionar las demandas sociales”, expresa.

Caiza señala que este incremento de legisladores les plantea a los partidos políticos un mayor compromiso para seleccionar a sus cuadros, de tal forma que la ciudadanía elija gente proba y formada, que mejore la calidad de las leyes.

El incremento de los legisladores supondrá, asimismo, un aumento en el personal legislativo y, por tanto, en el presupuesto. El artículo 159 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica que cada asambleísta podrá solicitar la contratación de dos asesores y dos asistentes.

“Las y los asesores deberán tener título académico de tercer nivel o demostrar experiencia en temas parlamentarios”, señala la norma.

Los legisladores tienen un salario de $ 4.759. En tanto que existen dos tipos de asesores, asesor nivel 1 y nivel 2 que devengan sueldos de $ 3.014 y $ 2.545, respectivamente.

Según cálculos que hizo actual gobierno cuando justificó la consulta popular en la que propuso la reducción del número de asambleístas, cada uno de ellos y sus colaboradores le cuestan al país casi $ 16.000 al mes.

Desde el Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel señala que también habría que ponerles atención a los procesos de selección de estos colaboradores. “Si hay un proceso deficiente de selección de este personal de los 150 asambleístas, la calidad del trabajo legislativo tampoco va a mejorar”, reflexiona. (I)