Con el voto de cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se aprobó el reglamento para organizar el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir al titular de la Contraloría General del Estado para los próximos cinco años.

El organismo deberá convocar a la integración de la veeduría ciudadana para iniciar con el concurso y solicitar el presupuesto para su realización, que según declaraciones oficiales, ascenderá a los $ 400.000.

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Minutos antes de la medianoche del 18 de julio se efectuó una plenaria virtual caracterizada por la discordia entre sus miembros, en la que se aprobó esta normativa que fue elaborada la noche del 14 de julio por cuatro -de siete- asesores que integraban una comisión técnica.

Se desconocen cuáles y cuántos fueron los aportes de la academia, gremios y ciudadanos que enviaron para redactarlo.

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Lo que se conoció es que un ciudadano de nombre Byron López Ríos planteó que se elimine la prueba práctica, que estaba enmarcada en un primer reglamento borrador.

Según el vicepresidente David Rosero, el ciudadano hizo esta propuesta alegando que se evitarán “altos niveles de subjetividad” al momento de la calificación.

El primer borrador proponía que los candidatos a ser contralor rindan una prueba práctica de una auditoría, que era sobre 20 puntos. Pero esto no fue incluido.

Rosero explicó que se tomó en cuenta el aporte de ese ciudadano, y mocionó que se apruebe el reglamento en su integridad como lo elaboraron los cuatro asesores de Javier Dávalos, Sofía Almeida, Ibeth Estupiñán y el suyo.

Después de cinco horas de debate, la moción de Rosero se aprobó con los votos de la mayoría y la oposición de Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira.

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Ulloa reclamó que en la puntuación de los méritos hubo cambios que no han sido discutidos y pidió que no se deje abierta una “brecha” para que haya más puntos en capacitación, respecto de los títulos de los postulantes.

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“No se puede regalar puntos”, alertó, porque ello favorecería a personas que no tengan la misma formación que otros.

Así por ejemplo, en capacitación podrán acumular hasta cinco puntos; y se mantuvo un punto por suficiencia en idiomas oficiales de relación intercultural.

El consejero Bravo cuestionó que el articulado “está mutilado”, ya que no constaban los artículos 40, 42 y 45. Sin embargo, así fue aprobado.

A los tres consejeros, la presidenta les ordenaba votar porque el debate había concluido y ella tenía la potestad de abrir o no el debate.

Incluso el secretario Ángel Oviedo los cortaba cuando hablaban y les pedía que por favor informaran su voto.

Rivadeneira increpó que “no hay transparencia” ni se incorporaron las propuestas de la academia y gremios de profesionales; y aseguró que hay “intereses” de parte de la mayoría en el concurso.

Mientras razonaba su voto, la presidenta Sofía Almeida la acusaba de querer “dilatar” la realización del concurso.

Rivadeneira hablaba y su micrófono aparecía silenciado; Bravo y Ulloa trataban de intervenir, pero también aparecían silenciados y expresaban con gestos su inconformidad.

Almeida alzaba la voz y le ordenó al secretario que como la consejera no quería votar, se continuara con el procedimiento. Se escuchaban las voces de uno y otro consejero tratando de seguir.

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Ulloa apeló a la presidencia de Almeida y argumentó que no se respetan los procedimientos parlamentarios, incluso porque no se le permitía a Rivadeneira votar. Rosero asumió por unos minutos.

Finalmente, la apelación no pasó y Rosero le devolvió la presidencia. Almeida reculó y permitió a Rivadeneira votar.

Esta última insistió en que hay intereses en la selección e incluso cuestionó que ello se debía a que dentro de los próximos dos años el nuevo contralor será el “jefe” de la consejera Almeida.

“No le mienta al país desde su consejería, presidenta, usted miente, calumnia e injuria”, increpaba.

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Almeida aseguró que ella no tiene ningún interés y aseguró que ha dejado claro al personal de la Contraloría que ella ha renunciado a la institución en la que era funcionaria. Los acusó a los tres de tener intereses detrás de este concurso y retomó su denuncia de que ellos están “reuniéndose entre gallos y medianoche” con autoridades para eliminar al CPCCS.

El nuevo reglamento estableció que los postulantes a contralor presenten un certificado psicológico; deberán acreditar una formación académica acumulable hasta 15 puntos.

En tanto, los títulos de cuarto nivel en Derecho, Economía, Administración, Auditoría, Finanzas, Ingeniería Comercial, Administración Pública y Gestión Pública serán sobre 12 puntos. Entre otros temas.

El CPCCS deberá primero integrar la Comisión Ciudadana de Selección y designar a cinco representantes de la ciudadanía; mientras que los otros cinco provendrán de las funciones del Estado. (I)