Entregar el Plan Nacional de Seguridad es la prioridad de la nueva secretaría del ramo creada por el presidente Guillermo Lasso

La flamante Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado servirá como una instancia de coordinación de las instituciones de defensa y seguridad ciudadana del país. La institución fue creada mediante el Decreto Ejecutivo 514, suscrito el 2 de agosto pasado por el presidente de la República, Guillermo Lasso.“El objetivo es sumar todas las capacidades que tiene el Estado para enfrentar unitaria e integradamente las amenazas contra la seguridad nacional”, explica Diego Ordóñez, quien fue designado como secretario, con rango de ministro, y que fungía como consejero presidencial. Ordóñez señala que el Gobierno ya estaba trabajando en la creación de esta instancia desde hace unos cuatro meses para dar respuestas al problema de inseguridad que vive el país.Si bien había un Gabinete de Seguridad, en el que confluían los ministerios relacionados con esas áreas, no existía una entidad que coordinara el trabajo de todos y que, además, hiciera seguimiento a sus metas y compromisos. En el decreto se menciona que la entidad tendrá las atribuciones del desaparecido ministerio coordinador de Seguridad Interna y Externa, el cual funcionó durante el gobierno de Rafael Correa. Ordóñez dice que una de las primeras acciones de la secretaría será presentarle al presidente Lasso el Plan de Seguridad Nacional, que está en su etapa final de redacción. La novedad de este documento, adelanta el funcionario, es que se ha declarado al narcotráfico como una amenaza para la seguridad del Estado. “Antes era tratado como un problema delincuencial, entonces solo era preocupación de la Policía, en el momento en que se define que es una amenaza al Estado, eso ya pasa a ser competencia de las Fuerzas Armadas. Con ello están juntos para enfrentar ese problema, y como ya están juntos hay que definir una base única de información que es Inteligencia, y un fortalecimiento y combinación de las capacidades operativas para enfrentar el objetivo estratégico”, dice.La implementación de esta política pública tomará tiempo, indica, porque cada fuerza tiene que reorientar su doctrina, redefinir sus objetivos estratégicos y metodología de trabajo.El contenido de este Plan se conocerá en las próximas semanas. Ordóñez prevé empezar una serie de reuniones con actores sociales, academia y medios de comunicación para exponerlo. El académico Francisco Carrión opina que el régimen está recuperando el marco institucional que existía en el correato. “Creo que lo hace porque ha convertido al Ministerio del Interior en Ministerio de la Policía, manejado por un policía. Y ahí tiene una limitación. Entonces lo que necesita es integrar otras instancias institucionales para conformar lo que podría ser un sistema de seguridad, que necesita una entidad de coordinación”, refiere.Carrión recuerda que Correa tenía una Secretaría de la Política, para las negociaciones políticas; un Ministerio del Interior, para la seguridad ciudadana y el manejo de la Policía; un Ministerio de Justicia, para las cárceles; y un ministerio coordinador. En el actual están el Ministerio de Gobierno, para lo político; el del Interior, para seguridad y Policía; y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para las cárceles, que para Carrión debería ser parte del de Interior.El académico dice que el Ministerio del Interior bien podría hacerse cargo de esta función de coordinador modificando su estructura. “Debería convertirse en el articulador de un sistema de seguridad en el cual estén los gobiernos locales, las cámaras, las universidades, las escuelas”. En cambio, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, director del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral, cree que es positiva la creación de esta instancia de coordinación. Y que de hecho la agrupación que dirige ya se lo había sugerido al presidente hace unos meses.“Faltaba una instancia que coordinara la política estatal con la institucional. El Cosepe (Consejo de Seguridad Pública del Estado) se reúne y no tiene quien controle y supervise las disposiciones que se dan”, indica Pazmiño, quien recuerda que el extinto Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) tenía una secretaría y una coordinación que se encargaba de aquello. Por ello advierte que hay un error en el decreto al señalar que la secretaría cumplirá las funciones que tenía el ministerio coordinador.Pazmiño expresa que es necesario que se termine de elaborar el Plan Nacional de Seguridad porque en el Plan Nacional de Desarrollo apenas tiene unos enunciados generales.El secretario Ordoñez sostiene que la institución tendrá “un pequeño grupo de trabajo” que, de momento, será de ocho funcionarios, incluido él mismo, que provendrán de los ministerios de Defensa, del Interior y de las Fuerzas Armadas y la Policía. “Esto es, básicamente, un trabajo muy técnico”, afirma. Su despacho seguirá en el Palacio de Carondelet, pero el resto del personal se ubicará en unas oficinas del Ministerio de Defensa que funcionan en el centro de la capital. Tanto el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño cuanto el analista Francisco Carrión consideran que esta institución debería ser manejada por alguien que conozca del tema.Pero Ordóñez, quien ha sido legislador por la extinta Democracia Popular y el movimiento CREO, defiende su designación: “Tengo las credenciales (para asumir el cargo) no por el hecho de ser un experto en el tema, sino porque tengo claros los objetivos y porque, además, trabajo con Fuerzas Armadas, Policía y con otros elementos que tienen que ver con la noción del Estado y de seguridad en democracia”.Indica que ya había actuado como una especie de coordinador de estos temas durante el paro nacional de junio convocado por el movimiento indígena en el grupo de crisis que se armó para buscar soluciones.

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