Menos de dos meses faltan para que sean posesionados los nuevos 14 jueces y 26 servidores judiciales que laborarán en la nueva Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, y la seguridad que deberá dárseles a estos funcionarios, por lo delicado de los temas que tratarán, es una prioridad en la que trabaja el Consejo de la Judicatura (CJ) con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.

La sede en Quito de esta nueva unidad judicial ocupará un área específica en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, pero tendrá un alcance nacional en cuanto a su jurisdicción.

El 26 de septiembre próximo arrancarán los 52 días del curso de formación inicial al que accedieron los 36 aspirantes que quedan en carrera y fueron parte del concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para seleccionar a catorce jueces especializados en el juzgamiento de 44 delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

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El presidente encargado del CJ, Fausto Murillo, señaló que a lo largo del concurso se ha contado con la asistencia de los cooperantes internacionales y, particularmente para el tema de la seguridad, ha dado apoyo la Embajada de Estados Unidos. El funcionario mencionó que ya se han hecho adecuaciones en el Complejo Judicial Norte para así tener una infraestructura que dé las garantías de seguridad.

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Las adecuaciones realizadas habrían sido hechas con base en un informe técnico elaborado por un experto estadounidense. Para ellas, inclusive, se ha recibido apoyo económico para contar con la tecnología necesaria que permita proteger a los jueces y servidores en la unidad.

Según Murillo, paralelamente a todo lo que se está realizando físicamente en la nueva unidad especializada, con la participación de expertos de la misma Embajada de Estados Unidos se estaría construyendo un plan de seguridad para los servidores judiciales, luego de que hagan su trabajo en el Complejo Judicial.

El tema de la seguridad de los nuevos jueces anticorrupción se está debatiendo en medio de dos ataques registrados en Guayaquil (Guayas) y Shushufindi (Sucumbíos) contra elementos del sector justicia.

En la mañana del lunes último, el fiscal de Personas y Garantías Édgar Escobar fue asesinado por sicarios al pie del edificio de la Fiscalía General en Guayaquil. Mientras que, en horas de la noche de ese mismo lunes, fue atacado a tiros el vehículo en el que viajaba el juez multicompetente del cantón Shushufindi Víctor G; él no resultó herido, pero sí recibieron impactos de bala dos personas que acompañaban al juez.

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En lo que va del año, tres fiscales y un juez han sido asesinados a nivel nacional. Los cuatro funcionarios han estado a cargo de procesos que involucran hechos relacionados con la delincuencia organizada.

Respecto al tema de la seguridad para las unidades nacionales y los servidores judiciales, el CJ emitió una resolución, el 25 de abril pasado, con el Instructivo de Seguridad Individual para los Servidores de la Función Judicial. En este documento se establece el mecanismo por el cual todos los servidores de la Función Judicial, incluidos los de los órganos autónomos, como la Fiscalía y la Defensoría Pública, que estuviesen en algún tipo de riesgo deben solicitar al CJ, a la Fiscalía o a la Defensoría Pública que se haga la gestión ante el Ministerio del Interior para dar la calificación de riesgo y la dotación de las medidas de seguridad correspondientes.

Murillo refirió que en el año 2019, luego de un estudio de riesgo, se le dio protección personal a doce jueces; en el 2020, a nueve jueces; en el 2021, a doce jueces; y en lo que va del 2022, a 23 jueces. Para el presidente del CJ, lo ideal sería que cada juez, y en especial en materia penal, pueda tener una seguridad personal, pero reconoce que desgraciadamente el país no está en esas condiciones.

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“La idea de tener una sede especializada en Quito, con jurisdicción nacional, es precisamente para que los casos de crimen organizado y corrupción, que son tan complicados y que exponen tanto a los servidores judiciales, estén acá en Quito y podamos brindarles la protección debida, dotarles de la tecnología necesaria”, apuntó el presidente de la Judicatura.

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El director general del CJ, Santiago Peñaherrera, profundizó en el tema de seguridad. Informó que una parte de los recursos ha sido invertida en equipos tecnológicos especializados que permitan determinar si es que una persona ingresa con algún tipo de arma o explosivos. También adelantó que en los próximos días, como parte de la cooperación estadounidense, vendrá un profesional que trabajará en un protocolo especial para los servidores judiciales que trabajarán en delitos de corrupción y crimen organizado.

Dentro de la construcción de todos estos protocolos, indicó Peñaherrera, se hará además el levantamiento de información y necesidades del tema de seguridad, para luego hacer el pedido al Gobierno central del presupuesto que se requiere.

Murillo piensa que la corrupción se combate con cero impunidad, es decir, caso que se inicia debe llegar a tener una sentencia, sea de inocencia o de culpabilidad. En esa medida, resalta, el reto y la misión de estos nuevos jueces es que el país tenga la certeza y la seguridad jurídica de que los delitos de corrupción y el crimen organizado no quedarán en la impunidad. (I)