El binomio presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, conformado por Luisa González y Andrés Arauz, obtuvo la más alta votación en la primera vuelta de las elecciones anticipadas que se celebraron el pasado domingo.

La candidata de 45 años acumulaba 3′125.689 votos hasta las 11:45 de este lunes 21 de agosto y espera convertirse en la primera mujer presidenta del Ecuador, su contrincante será Daniel Noboa Azín, de Acción Democrática Nacional (ADN).

Tras conocer los resultados preliminares, González hizo un llamado a la unidad para todo el sector público y privado del país así como para todas las fuerzas políticas, para construir esa visión de patria para todos; “no queremos un Lasso 2.0 sino 18 millones de ecuatorianos con dignidad, esta victoria es para ustedes y para ustedes”.

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En el programa de gobierno de Luisa González se insiste en crear una comisión de la verdad y dar marcha atrás a todo lo que hizo el ‘trujillato’

La fortaleza de la votación de González se centró en las provincias de la Costa, conquistando las siete (Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, El Oro, Guayas, Santa Elena y Los Ríos). Mientras que en la Sierra consiguió en cuatro provincias: Pichincha, Azuay, Cañar e Imbabura; en la Amazonía obtuvo la mayor votación en Orellana, Morona Santiago y Sucumbíos.

González es la octava mujer que que se postula para la Presidencia de la República desde el retorno a la democracia en 1979. Pero es la primera que pasa a una segunda vuelta.

En el plan de gobierno que presentaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) se mencionaron doce “justicias” en las que se basará.

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¿Quién es Luisa González Alcívar?, la candidata de la Revolución Ciudadana que irá a la segunda vuelta en busca de la Presidencia de Ecuador

Estas son: justicia para la vida buena; para la paz, la seguridad y el orden; económica con igualdad de oportunidades; contra la corrupción; democrática, participativa y deliberativa; para las mujeres y niñas; decolonial, plurinacional e intercultural; ecológica y transición energética; digital y nueva economía de la información; internacional, soberanía e integración; cognitiva; y entre generaciones.

Plantea rescatar o reactivar proyectos del gobierno de Rafael Correa como las unidades educativas del milenio, las universidades emblemáticas del país, el programa de becas en el exterior o el denominado Prometeo, entre otros. También se menciona la integración regional en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

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En lo económico, habla de “recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización”; “impulsar la transición hacia una economía pospetrolera: estimular la producción no petrolera con énfasis en sectores de valor agregado, procurando en ese proceso un incremento relativo de la participación de la manufactura y de las industrias con alta incorporación de conocimiento y tecnología frente a la producción total”; “revisar las políticas de subsidios con criterios de estrategia y justicia redistributiva (considerar que la focalización se centrará en sectores como la agricultura y el transporte)”, y “realizar una auditoría integral de la deuda pública prepagada durante la pandemia”.

A nivel de seguridad, se ofrece reestructurar los ministerios del Interior y de Gobierno y depurar los elementos de las fuerzas de seguridad; retomar el control estatal sobre el sistema de rehabilitación social y reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas; y fortalecer el sistema integrado de seguridad ECU911. Se añadieron otros planes como desarrollo de estrategias de inteligencia artificial, la construcción de una agencia especial para ciberdelitos, entre otros.

En lo social, se plantea reformar el Seguro Social a través del cumplimiento del aporte estatal; transparentarán los cálculos actuariales y hacer correctivos; modernizarán la gestión para lograr servicios oportunos y de calidad; además de mejorar la cuantía y dignificar las prestaciones; controlar a las empresas que utilizan plataformas digitales para asegurar que respetan los derechos laborales; crear un ministerio de Desarrollo Infantil Integral y declarar la emergencia de la niñez; aumentar el presupuesto para la salud y la educación; desarrollar planes de vivienda y programas de garantía de alquileres sociales asequibles; implementar un plan de lucha contra las violencias y discriminación; y crear observatorios contra las violencias de todo tipo.

A nivel político impulsarán un proceso “reconstituyente” para reinstitucionalizar el país “luego del fraude del referéndum inconstitucional de Lenín Moreno y las arbitrariedades del ‘trujillato’”. Se añade la creación de una comisión de la verdad.

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Respecto a la lucha contra la corrupción, la candidata explica que se debe “mejorar la legislación existente, cerrar lagunas legales y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas”; asimismo, transparentar el financiamiento de los partidos políticos y los procesos de contratación pública; incautar y confiscar activos ilícitos, y establecer sistemas de protección para testigos y denunciantes. (I)