A las 16:00 del miércoles 29 de noviembre, el pleno de la Asamblea Nacional retomará el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, a quien se lo acusó de presunto peculado en torno a la renovación de contratos entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker. La convocatoria a la continuación de la sesión del pleno 872 fue confirmada la tarde del lunes 27 de noviembre.

El juicio político se frenó el 17 de mayo cuando el entonces presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 741 y activó la muerte cruzada, disolviendo a la Asamblea Nacional y adelantando las elecciones legislativas y presidenciales.

Para censurar al expresidente Lasso se requieren 92 votos favorables, es decir, al menos las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea.

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¿Qué dijo Guillermo Lasso del juicio político en su libro?

Aquí el extracto de su libro ‘900 días: democracia y resultados’, en el que cuenta cómo fue para el exmandatario el día en que ejerció su derecho a la defensa en el pleno de la Asamblea Nacional:

“El martes 16 de mayo de 2023 me levanté muy temprano, cargado de ilusión porque me tocaba defenderme de esa mayoría feroz de la Asamblea Nacional que había forjado un juicio político sobre un hecho que tuvo lugar en el gobierno anterior. Asistí al Pleno de la Asamblea para decir la verdad, la misma que se negaron a escuchar, que le negaron al país con tal de lograr su ansiado objetivo: sacarme de la Presidencia y armar un gobierno que respondiera a sus intereses. Lo hice también por mi familia, porque tenía el derecho y la obligación de defender su buen nombre, y porque debía enfrentar a los políticos mafiosos y a sus mercenarios de medios digitales, empeñados en posicionar una mentira.

Los interpelantes pretendieron confundir a los ciudadanos sobre las razones que fundamentaron este falaz proceso. En sus distintas intervenciones cambiaron de delito, irrespetaron el dictamen de la Corte Constitucional y desconocieron el único informe motivado que se redactó en la Comisión de Fiscalización sobre esta infundada acusación.

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Me atribuyeron un supuesto ‘peculado por omisión’, única causal, que la Corte Constitucional consideró de ‘mínima verosimilitud’. Se trataba de un contrato firmado en 2018 para alquilar buques e incorporar a un pool de naves dedicadas al transporte de hidrocarburos, es decir, llevar el petróleo ecuatoriano a los mercados internacionales, así como importar combustible y derivados para atender la demanda nacional. Su gran argumento fue que permití que ese proceso continuara. Ni la Corte Constitucional ni la Contraloría General del Estado consideraron que podía haber peculado. Incluso, en la misma Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el 23 de abril de 2023 compareció el director Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, Manuel Mesías Arroyo, y les dijo a los asambleístas de la Comisión que no hubo peculado.

Asistí al Pleno con mi esposa, mis hijos y el gabinete ministerial, contrariando la opinión de muchos expertos que insistían en que no fuera porque iba a ser maltratado y vejado. Lo cierto es que mis interpelantes me escucharon con atención, aunque yo tenía claro que no cambiarían de opinión porque se trataba de un juicio político y en política, la que ellos practican, vale todo. Después de mi intervención de 51 minutos, regresé al Palacio de Gobierno tranquilo, de muy buen ánimo porque había hecho lo correcto. Este presidente no se amilana ante las mentiras y las infamias.

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La tarde de ese 16 de mayo fue de cavilaciones, de serias reflexiones sobre lo que nos esperaba en los siguientes dos años de Gobierno, sobre los temas prioritarios para la población y sobre las decisiones que debía tomar. Con amigos cercanos analizamos la situación política de Ecuador, el hartazgo de la población ante la confrontación y el repudio que sentía la gente hacia la Asamblea Nacional, que tenía en ese momento un 96 % de rechazo, según sondeos de varias encuestadoras.

A las siete de la noche llamé a reunión al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y al secretario general de la Administración, Sebastián Corral. Les informé de mi decisión de disolver la Asamblea Nacional. Quedaron sorprendidos, sobre todo porque a esas horas de la noche había certeza de que la oscura oposición no tenía los 92 votos necesarios para censurarme. Pero yo no estaba dispuesto a continuar en la Presidencia a cualquier precio, no iba a ser rehén de aquellos asambleístas que darían su voto contra la censura a cambio de conseguir espacios en las empresas públicas, en los hospitales o en los ministerios. Eso sí que sería corrupción. Además, tenía claro que la mayoría de esta Asamblea y sus anarquistas en las calles volverían a buscar la caída del gobierno”. (I)