Santiago Becdach, uno de los excandidatos a ser vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solicita a dicho organismo ser recibido en audiencia pública para que tres de los siete consejeros principales expliquen la promoción electoral que recibieron por parte del movimiento político Revolución Ciudadana (RC) pese a existir prohibiciones legales y constitucionales.

Becdach fue candidato a consejero del CPCCS en los comicios del 5 de febrero y este 5 de julio de 2023 remitió a ese organismo ser recibido el 12 de julio en el pleno, apelando a la activación del mecanismo de audiencia pública.

El objetivo es que a ese acto asistan tres de los siete consejeros en funciones: Yadira Saltos, Alembert Vera y Augusto Verduga, para que expliquen «sobre la promoción electoral que realizó en su favor el movimiento Revolución Ciudadana (RC) como candidatos al CPCCS, con su participación directa, pese a la prohibición expresa establecida en el artículo innumerado de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana exponiendo sus razones por las que esta actuación no se considera infracción electoral», recoge su escrito.

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En su pedido, Becdach detalla varios mensajes escritos en la red social Twitter, en la que el presidente honorífico de la RC, Rafael Correa, hizo propaganda por Verduga, Saltos y Vera, así como por los consejeros suplentes Vielka Párraga, Eduardo Franco Loor y Hugo España, durante el proceso electoral de febrero pasado.

También adjuntó fotografías de lo que serían «panfletos» con las caras de los excandidatos (ahora consejeros) y los casilleros que ocuparon en las papeletas electorales, que habría difundido la exasambleísta afín a la RC Patricia Núñez, según consta en el requerimiento.

El «fin es que las autoridades cuestionadas sustenten ante la ciudadanía estas actuaciones realizadas tanto en la promoción de la campaña como en la filiación política (…), que les sirvió para ser elegidos como vocales del Consejo de Participación Ciudadana», detalla el documento suscrito por Becdach.

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Luego de la consulta popular del 2018 se reformó la Constitución y la Ley del CPCCS para que sus siete consejeros sean electos por voto popular, pero con ciertas restricciones.

Una de ellas, establecida en el tercer inciso del artículo 112 de la Constitución, en el que establece que «los partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatas o candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social».

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De igual forma, un artículo innumerado de la ley del Consejo determina como «prohibición» que «ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual será considerado infracción electoral».

La norma permite que solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) «se encargará de la promoción de los nombres, trayectoria y propuestas de cada uno de los candidatos, en igualdad de condiciones y oportunidades. No se podrá recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo. El candidato que contravenga estas disposiciones será descalificado por el Consejo Nacional Electoral».

La solicitud de Becdach sucede en un contexto en el que el presidente del CPCCS Alembert Vera, respaldado por los consejeros Saltos, Verduga, Johanna Verdezoto y Nicole Bonifaz, aprobaron un pedido del colectivo Acción Jurídica Popular para que se instalen estas audiencias públicas para exponer denuncias por presunto «plagio» en contra de la autoridad de la Fiscalía General de la Nación, Diana Salazar.

De las acusaciones de este grupo, el bloque de mayoría del CPCCS, integrado por Vera, Saltos, Verduga y Verdezoto, el pasado 28 de junio, aprobaron un informe de investigación en el que concluyeron que Diana Salazar habría incurrido en un «presunto tráfico de influencias».

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Desde otro ámbito, la promoción electoral de esa agrupación política que se difundió en las redes sociales se investiga en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), debido a una denuncia de posible infracción electoral grave impulsada en contra de Alembert Vera y Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento político, planteada por Juan Esteban Guarderas, vocal suplente del CPCCS. (I)