Información incompleta y mutilada es lo que los familiares del equipo de periodistas de diario El Comercio, asesinado en abril de 2018, a manos del grupo irregular al mando de alias Guacho, denuncian que les entregó el Estado ecuatoriano como parte de la desclasificación de información ordenada en una sentencia por la Corte Constitucional (CC).

La mañana de este viernes 17 de mayo, los familiares del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico que ingresó a la zona de Mataje, Esmeraldas, y fue secuestrado y posteriormente asesinado en territorio ecuatoriano, realizaron una rueda de prensa para informar los hallazgos hechos al analizar las 42 hojas y tres discos compactos entregados como parte de la decisión de la CC.

La rueda de prensa se dio a ocho días de que funcionarios del actual Gobierno entregaron las actas 18, 19 y 20 de las sesiones realizadas por el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe).

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Familiares de periodistas asesinados de El Comercio reciben información desclasificada sobre el caso

Ricardo Rivas, hermano de una de las víctimas, fue el encargado de dar a conocer los hallazgos hechos durante un análisis comparativo de lo expuesto en la documentación entregada y lo que sucedió en los días que se produjo el secuestro y posterior asesinato. Además de conversaciones que no se entendían porque las páginas entregadas no tenían una continuidad, en el análisis se verificó que los diálogos existía información que no correspondía con la realidad y que tenía que ver, por ejemplo, con procesos de información para los periodistas que quisieran acceder a la zona de Mataje o reuniones en las que dicen estuvieron representantes de los familiares de las víctimas y se tomaron decisiones, cuando eso no sucedió.

Se anunció que este mismo viernes se entregará un documento a la CC en el que se evidenciarán todos estos hallazgos para que así la institución tome las medidas respectivas. También se entregaría esta información a la Fiscalía General para que se analice, pues en las sesiones dadas en el Cosepe se habla de que los secuestradores nunca solicitaron dinero y la investigación previa que mantiene la Fiscalía en esta causa se indaga un secuestro extorsivo.

Mauricio Alarcón, parte de la defensa de las víctimas, recordó que este proceso de desclasificación de información no empezó hace poco, sino que van tres años desde que se inició ante la Corte Constitucional. “Lo que se ha logrado es por la Corte, no por la voluntad ni la disposición de ningún gobierno. Los ofrecimientos, como ya lo han dicho nuestros amigos y colegas, quedaron en nada y eso es lo que nos obligó en determinado momento a llevar a cabo este tipo de acciones con el objetivo de llenar un vacío, poner una pieza más de aquellas que faltan dentro de lo que nosotros consideramos sería alcanzar la justicia y terminar con la impunidad que durante seis años ha sido negada”.

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Para el abogado, la sentencia no ha sido cumplida, empezando por el tema de las horas de diferencia que hubo y que además a última hora se presentó la información. Alarcón reconoce que cuando acudieron al Palacio de Gobierno, el 9 de mayo pasado, pensaron que el aporte que les entregarían iba a dar muchas luces.

“Creo que ha quedado claro y por eso la necesidad de no simplemente entregarles la información, sino contextualizarla y hacer algún análisis de lo que significa cada uno de los temas contenidos acá: los faltantes, los restantes, las mutilaciones o las ausencias de elementos tan básicos de un documento de seguridad del Estado como las firmas de los participantes de una reunión”, agregó.

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Corte ordena al Cosepe desclasificar información del asesinato de periodistas de El Comercio

Más allá de la reunión que Ricardo Rivas ha solicitado a una asesora de la ministra Mónica Palencia, y de la cual no existiría aún respuesta, los siguientes pasos a seguir, dijo Alarcón, serán oficiar a la Corte Constitucional con los hallazgos de la revisión de información, la cual, mencionó, les ha tomado más tiempo del previsto, pues se cotejó toda la información de las más de cuarenta páginas y de los discos con tres audios que fueron entregados a los familiares de Paul, Efraín y Javier.

Según el abogado, la CC conocerá en este caso no solo los aspectos de forma de no haberse entregado las transcripciones, de haberse entregado la información fuera de tiempo, sino también las preocupaciones que tienen los familiares de las víctimas sobre la falta de criterios básicos que no permiten entender cómo y por qué se entrega la información en estos casos.

“Creo que las irregularidades, y hay que llamarlas por su nombre, saltan a la vista. Eso de que de pronto una declaración se corta o un acta en la que el único punto tiene que ver con el caso se entrega simplemente unas pocas hojas. De la misma manera, esta información debe ir a manos de la Fiscalía. Está listo el documento para que la Fiscalía acceda a esta documentación independientemente de los aspectos que han sido presentados el día de hoy”, sostuvo Alarcón. (I)