Al cumplirse seis años del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, equipo periodístico diario El Comercio, la mañana del martes 9 de abril de 2024 los familiares de las víctimas recibieron con sorpresa la notificación de la sentencia de la Corte Constitucional (CC), que dispuso la desclasificación de la información de tres actas de sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que podrían arrojar luz sobre las decisiones y acciones que las autoridades y funcionarios tomaron en torno al caso, en marzo y abril de 2018.

Las actas son la número 8 de 28 de marzo de 2018, la 19 de 13 de abril de 2018, y la 20 de 17 de abril de 2018, así como los audios, sus transcripciones y la lista de asistentes de esas sesiones. La información debe ser entregada a los familiares por la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien actualmente está a cargo de la secretaría del Cosepe.

Cristian Segarra, hijo de Efraín (conductor), conversó con EL UNIVERSO de sus expectativas sobre la información que los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso decidieron mantener bajo reserva. Lamentó que la investigación penal del denominado caso Nos Faltan Tres, a cargo de la Fiscalía, esté estancada por más de un año.

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¿Cómo recibió la noticia de la sentencia?

Fue algo sorpresivo para todos, incluso para el equipo legal, pero fue bien recibida, porque obviamente es un paso adelante en algo en lo que nosotros habíamos luchado mucho y que se nos había negado en reiteradas ocasiones. No habíamos logrado tener el acceso a la información, que fue de ofrecimiento público de los dos expresidentes (Lenín Moreno y Guillermo Lasso). Hace aproximadamente dos meses tuvimos una reunión con miembros de las instituciones que tienen en su poder esa información, como el Ministerio de Defensa, y nos negaron. Nos cerraron la puerta en la cara con argumentos legales de restricción de la información. (...) Las investigaciones de la Fiscalía están estancadas desde hace más de un año. Incluso, en una reunión con la fiscal Diana Salazar ella mismo nos dijo que ya no tenían absolutamente nada que hacer, que lo que ella sugería era que nosotros (los familiares) cerremos la investigación en la Fiscalía, que pidamos el archivo; algo que era inaudito, totalmente, porque no es nuestra obligación. Eso nos hubiese servido a nosotros como un insumo más para que, desde el mismo Estado, se vean las imposibilidades que una institución como la Fiscalía tiene el acceso a la información. Esperamos que con el acceso a las actas 18, 19 y 20 del Cosepe nos permita establecer un patrón de cómo el Estado procedió antes, durante y después del secuestro.

¿La reunión con los ministerios fue este año? ¿Fue dentro del proceso de la Corte Constitucional?

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Fue una audiencia con la Corte. Eran reservadas las audiencias, por eso nosotros no pudimos comentar nada al respecto. Pero ahora que tenemos sentencia podemos contar que ahí, incluso frente a los jueces, se negó el acceso a la información.

¿La reunión con Diana Salazar cuándo fue?

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No recuerdo la fecha exacta, pero, por lo menos, fue un año atrás.

En la sentencia se expone que las instituciones, de alguna manera, “se lanzan la pelota” sobre la responsabilidad de las actas. ¿Qué le deja ver esto sobre la forma cómo han manejado el caso?

La audiencia reservada que tuvimos dejó ver cómo los representantes del Estado que estuvieron presentes demostraban su ineptitud e incapacidad, porque ni siquiera sus argumentos estaban enmarcados en temas de derechos humanos y, mucho menos, de lo que pretendían defender, que era la soberanía del Estado. Más allá de eso, la sensación que me dejó fue de ineptitud absoluta. Y mucho más allá, (me dejó la sensación) de cómo están confabuladas las instituciones para protegerse entre sí. Se oculta la información, se defienden entre ellos. Probablemente, poderes ocultos que tomaron las decisiones, que creemos que se tomaron, están siendo defendidos a través de estas argucias legales que utilizaron. Se burlaron de nosotros. Incluso, en la reunión con Diana Salazar nos contó que habían hecho varios impulsos para obtener la información y nunca la tuvieron.

Los pedidos infructuosos de la Fiscalía es algo que también se expone en la sentencia de la Corte.

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Exactamente. Siempre se negó (la información). Utilizaron las argucias que más pudieron. Se tiraban la responsabilidad, que la información está por aquí, que las actas están por allá. Era terrible. Eso es, más o menos, lo que matizó el caso Nos Faltan Tres, porque nadie, nunca, se hizo responsable y nadie tenía una respuesta certera. Nadie sabía qué hacer. La responsabilidad estaba repartida o nadie la tenía. Eso se evidencia en la sentencia.

De izquierda a derecha: Paúl Rivas (fotógrafo), Javier Ortega (periodista) y Efraín Segarra (conductor). Equipo periodístico de diario El Comercio que fue secuestrado y asesinado, en 2018, por el grupo disidente Óliver Sinisterra. (Foto: Captura del video difundido por Código Vidrio)

La Corte hace una puntualización grave: que ninguna institución entregó el documento o resolución que justifique la reserva de la información. Que por eso no se pudo saber por qué se declaró reservada. ¿El hecho que no se haya entregado ese documento a la Corte le puede dar alguna garantía de que les van a entregar la información certera de las actas?

Mmm... Certeza, ninguna. Esperanza, sí. El tema es tan oscuro. Esas reuniones (del Cosepe) fueron tan oscuras, que hay poderes tan fuertes que no quieren que se revele la información, al punto en el que la Corte hace esa aseveración en la sentencia. Imagínese cómo vivimos esa forma de “pelotearnos” de un lado al otro, sin ningún tipo de justificación válida. Lo que hicieron en esa reunión que le comento fue explicarnos cuál es la categorización de la reserva de la información, conceptualmente, pero no con los argumentos válidos para decir por qué no se puede acceder. Simplemente, (nos dijeron) que se consideró que se vulneraba la seguridad del Estado y de los ecuatorianos, y los planes técnicos, tácticos de la Policía y militares para ejecutar operativos en contra de organizaciones narcodelictivas, y que eso es lo que se ponía en riesgo y la estabilidad política; además de las relaciones bilaterales con Colombia. Para mí, leyendo entre líneas, hay algo muy oscuro en esas tres reuniones del Cosepe, de las cuales, muy probablemente, tendríamos algo de claridad con la desclasificación de la información.

¿Por qué son importantes estas tres actas?

Porque estuvieron estrechamente vinculadas con los momentos claves del caso: durante el secuestro, durante el asesinato, recuperación de cuerpos. Y, en general, es el acceso a saber quiénes exactamente estuvieron (en las sesiones del Cosepe), quiénes dijeron qué y a base de qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Es tan grave el tema, que se oculta. Nosotros desconocemos qué es lo que pasó. Debe haber algún hecho clave en esas tres reuniones de la toma de decisiones, de la negociación o no negociación, del secuestro, que derivó en el asesinato de los tres.

Han pasado seis años. ¿Algún momento se sintieron perseguidos o acosados por las autoridades de turno, para tratar de silenciarlos?

Acosados, creo que no. Silenciados, creo que no lo han logrado, en la medida en que hemos podido expresarnos libremente. Pero sí silenciados en el hecho en que las investigaciones no han avanzado ni nos han dado los recursos o respuestas necesarias. Nos hemos sentido frustrados, porque Ecuador no es un país en el cual las garantías de los derechos humanos, de la libertad de expresión, se pueden cumplir ni respetar. Ejemplo de eso es que han pasado seis años y tenemos conflictos narcodelictivos en aumento. Tenemos colegas (periodistas) exiliados porque han sido amenazados de muerte. El periodismo sigue siendo atentado y vulnerado. Y el miedo a investigar, a cumplir con el rol periodístico, es imperante. La situación no ha cambiado, pienso que ha empeorado. (I)