La muerte de Fernando Villavicencio abre la puerta a procesos por asesinato y tráfico de drogas a gran escala

Dos instrucciones fiscales se les abrieron en menos de tres horas a los seis detenidos por supuestamente participar en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La primera será por el delito de tráfico de drogas a gran escala, mientras que la segunda se dará por el delito de asesinato de un candidato a elección popular.

La noche del 10 de agosto último fue intensa en la Unidad de Flagrancia, ubicada en el norte de Quito, y más en el despacho de Gonzalo Núñez, juez que conoció la flagrancia y formulación de cargos de las dos causas en las que ahora son procesados Andrés M., Neider L., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R., todos de nacionalidad colombiana, según reportes policiales.

La primera audiencia se instaló pasadas las 19:00 del jueves último, casi 24 horas después de que en el país se confirmaba el fallecimiento de Villavicencio. Un ataque con arma de fuego de sicarios había acabado con la vida del periodista de 59 años cuando se retiraba de un mitin político dado en un coliseo ubicado entre las avenidas Gaspar de Villarroel y Amazonas, en el norte de la ciudad. En la escena del crimen se encontraron 61 vainas de arma calibre 9 mm, tres vainas calibre 2.23 y una granada que no explotó.

En los allanamientos dados en viviendas en Conocoto y San Bartolo, en el suroriente y sur de Quito, junto con un fusil, cuatro pistolas, subfusil, seis alimentadoras, dos alimentadoras calibre 5.56, varias cajas con munición calibre 9 mm, tres granadas de fragmentación tipo piña también se incautaron varios kilos de sustancia estupefaciente -no se dio a conocer ni la cantidad ni el tipo de droga descubierta-.

En el caso de drogas, la defensora pública que representó a todos arrancó su argumento señalando que sus defendidos tienen golpes y traumatismos y que existen los certificados médicos que lo comprueban. Dijo al juez que no ha tenido la constancia de que se haya notificado a la Embajada de Colombia en Ecuador sobre la situación de sus clientes, que se ha faltado al debido proceso y solicitó que se califique de ilegal la aprehensión.

Para la defensora también era importante, en relación a la flagrancia, que se determine quién almacenaba y quién poseía la droga, que se explique si las sustancias encontradas serían puestas en el comercio o qué sucedería con ellas.

Estos son los antecedentes penales que tienen en Colombia cinco de los seis procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio

El juez Núñez desestimó las alegaciones, calificó la flagrancia y dio inicio a una instrucción fiscal de 30 días por el delito contemplado en el artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP): la persona que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la normativa correspondiente, trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en el mercado sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa pertinente, a gran escala, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Acogiendo el pedido del representante de la Fiscalía General del Estado, todos recibieron orden de prisión preventiva.

Nadie dejó la sala de audiencias y de inmediato, faltando un cuarto de hora para que den las 21:00, el juez de flagrancia instaló la audiencia contra las mismas seis personas, pero esta vez por el delito de asesinato, contenido en el artículo 140, inciso primero, numerales nueve y diez, también del COIP.

Esa norma sostiene que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, si perpetra la muerte durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública y en contra de un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido.

Sin titubear, el juez Gonzalo Núñez calificó la flagrancia. La decisión se tomaba independientemente que la defensora pública de los seis procesados dijo no tener nada que decir sobre la legalidad de la aprehensión, pero sí resaltó, en cuanto a la flagrancia, que era necesario conocer si todos eran los causantes del hecho y solo Fiscalía en audiencia ha realizado un recuento de manera general. Para la abogada, lo indicado era el especificar la actuación de cada uno dentro del asesinato.

El fiscal a cargo presentó 22 elementos de convicción para evidenciar la responsabilidad y participación de los ahora procesados. Los mismos habrían sido levantados en la escena del crimen, en los allanamientos ejecutados en Conocoto, San Bartolo y Guamaní y a través de versiones de testigos, informes, pericias balísticas, análisis de videos de cámaras de seguridad...

Según la Fiscalía, el protocolo de autopsia indicaría que Fernando Villavicencio recibió disparos de larga distancia, mientras que el informe balístico determinaría que las vainas calibre 2.23 coinciden con uno de los fusiles hallados en los allanamientos. Además se presentó el registro de una huella dactilar encontrada en una moto abandonada por los ahora procesados.

Para Núñez, existían elementos suficientes para disponer el inicio de una instrucción fiscal por el delito de asesinato. Esta etapa del procesamiento penal duraría 30 días, si no se vincula a nadie más, y durante este tiempo los investigados mantendrán orden de prisión preventiva. No se conoce aún a qué centro de privación de la libertad (CPL) serán llevados, pero se ha pedido que se extreme la seguridad para todos ellos, pues es importante lo que tendrán que decir en el desarrollo de las indagaciones.

Desde el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) se indicó que por seguridad, por el momento, no se podía dar a conocer a qué CPL serían llevados los procesados por trafico de drogas y asesinato.

La diligencia terminó antes de las 22:00. En los exteriores de la Unidad de Flagrancia únicamente se mantenía el resguardo policial que fue observado durante toda la jornada. Los sospechosos fueron llevados a la Zona de Aseguramiento de la unidad y ahí permanecerían hasta que sean trasladados al CPL que garantice su seguridad y presencia en los procesos penales.

Supuestos reportes de llamadas con políticos de Ecuador

En Colombia, al menos cinco de los seis detenidos registran antecedentes delictivos por narcotráfico, tráfico y porte de armas, hurto, homicidio y ataque a servidor público.

Desde la prensa colombiana se ha dicho que se habría dado una reunión entre autoridades policiales de Colombia, Ecuador y el FBI de Estados Unidos -no se especificó dónde o de qué forma- para analizar los perfiles de los sospechosos y que en esa cita ya se habría abordado de la existencia de “valioso material probatorio” en cuatro teléfonos celulares, entre ellos, reporte de llamadas telefónicas con supuestos políticos de Ecuador.

De la reunión que se habría dado y de la supuesta información ubicada en teléfonos celulares de los procesados que relacionaría aparentemente a políticos ecuatorianos se intentó consultar al Ministerio del Interior. Desde esa cartera se nos respondió que ese es un tema operativo dentro de una investigación en marcha y que la Policía sería la encargada de responder cualquier inquietud. Se hizo la misma consulta a la Policía Nacional y se está a la espera de una contestación.

Pese a ello, la Policía emitió un comunicado en su cuenta de la red social X aclarando que las investigaciones siguen su curso y cuando tengan “datos validados” los darán a conocer a la ciudadanía. “Hacemos un llamdo a la prensa nacional e internacional para que la información publicada sea validad por fuentes oficiales”.

En cambio, ante la consulta sobre la supuesta información encontrada en los celulares de los sospechosos, desde la Fiscalía General del Estado se nos respondió que la información que tendrían los medios de Colombia no ha salido de la institución ecuatoriana y que por lo tanto no se podría confirmar el dato. De todas formas se aclaró que los medios podrán solicitar el acceso al expediente, el cual se podrá autorizar de acuerdo con la disponibilidad.

En ambos casos el juez Gonzalo Núñez emitió un auto de inhibición, pues una vez que se resolvió la flagrancia y se formularon cargo, las causas deben pasar para su sustanciación a conocimiento de jueces de primer nivel. La competencia será definida luego de un sorteo entre todos los jueces penales. (I)