Por separado, las bancadas de los movimientos Construye, Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) no tardaron en rechazar las críticas del Gobierno de Daniel Noboa, que acusó a las agrupaciones políticas de consolidar “un sucio pacto político” al no permitir el juicio penal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a quien la Fiscalía investiga por presunta concusión dentro del caso Nene.

Para levantar la inmunidad de Abad, y que sea juzgada mientras ocupa el cargo, se requerían 92 votos afirmativos, pero solo hubo 41 que salieron principalmente de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Construye se abstuvo, en tanto que la RC y el PSC votaron en contra.

A través de un comunicado del Ministerio de Gobierno, Carondelet aseguró que en el “pacto” de las tres organizaciones “priman la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merece el país y sus ciudadanos”.

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Asamblea no dio paso a enjuiciamiento penal a la vicepresidenta por no contar con información completa sobre la acusación de supuesta concusión

La Revolución Ciudadana fue la primera en responder, asegurando haber actuado con coherencia en el enjuiciamiento penal contra Abad. “Usar el poder político para resolver problemas internos es corrupción”, recoge un comunicado.

“Si hay diferencias entre el presidente de la República y su vicepresidenta (que él mismo eligió), estas deben resolverse internamente y no intentar usar a la Asamblea Nacional para sus protervos intereses”, comentó la RC y resaltó que el delito que se imputa a Verónica Abad “no prescribe”.

Por ello, incitaron al presidente Daniel Noboa a que él sea quien denuncie penalmente a la vicepresidenta una vez que culmine su mandato.

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Luego reaccionó el Partido Social Cristiano (PSC) con otro comunicado en el que enfatizó que la bancada y sus aliados no se prestan para votar por la impunidad ni por la persecución.

En el texto se explica que votaron contra el juicio penal porque el pedido de la juez Daniella Camacho “no contó con un informe de respaldo de la denuncia y tampoco fue jurídica y expresamente fundamentado” como lo manda la Constitución.

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El PSC recordó que el delito de concusión no prescribe e insistió en que sus votos en el pleno de la Asamblea no se traducen en impunidad, “ni blindaje alguno a la vicepresidenta”.

“Hubiese sido inaudito e irresponsable dejar este asunto en el limbo, sin un pronunciamiento oficial, cayendo en una trampa prematuramente anunciada desde el Ministerio de Gobierno”, justifica la agrupación, que reiteró no compartir los pensamientos y posturas de Verónica Abad, pero que tampoco por eso se prestan para una persecución contra ella.

“Persecución, troncha, mentira, falta de vergüenza, de dignidad y de justicia son vocablos insultantes, más bien aplicables al inmaduro escribiente del Ministerio de Gobierno, autor del comunicado”, finaliza la respuesta socialcristiana.

Por último, Construye recalcó que la segunda mandataria “deberá ser investigada una vez que termine su mandato”. Y que Abad llegó a ese cargo porque Daniel Noboa la eligió como su compañera.

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“El Gobierno debe resolver este conflicto interno y dedicarse ya a solucionar los problemas de seguridad y empleo que asfixian a los ciudadanos”, puntualizó y cuestionó a Noboa de pretender “deshacerse” de Abad para no encargarle la Presidencia y mantenerse en el poder mientras hace campaña para 2025, “usando los recursos del Estado”.

Construye también señaló que hubo un “acuerdo de impunidad” durante 135 días, que lo conformaron Daniel Noboa, el expresidente Rafael Correa y el Partido Social Cristiano. Y que eso permitió que se perdonaran $ 84 millones a deudores de impuestos, incluido el grupo familiar del presidente de la República. (I)