Pese a los cinco condenados por el asesinato de Fernando Villavicencio, aún hay ‘cabos sueltos’ en las investigaciones

Casi a la misma hora en que personal de Medicina Legal de la Policía Nacional levantaba el cadáver del presidenciable Fernando Villavicencio Valencia, poco después de las 23:00 del 9 de agosto de 2023 que se produjo el ataque al estilo sicariato, se producían incursiones y allanamientos en los barrios Monjas, Argelia Baja, San Bartolo, La Ecuatoriana y Guamaní, zonas en el sur y suroriente de Quito, en los que la Fiscalía detenía a los colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R.

Las investigaciones iniciales ubicaban a estos seis extranjeros en algún punto de los exteriores del coliseo en donde funcionaba el colegio Anderson, localizado en el norte de la capital, en donde terminó un mitin político de la alianza Construye-Gente Buena a la que Villavicencio representaba como su candidato a la Presidencia de la República.

Solo once días separaban a la víctima de las elecciones nacionales anticipadas dispuestas para el domingo 20 de agosto de 2023, cuando fue asesinado.

En la Unidad de Flagrancia, también en el norte de la urbe, otro grupo de Criminalística levantaba el cuerpo de Johann Castillo, joven de nacionalidad colombiana que era identificado como el autor del disparo que causó el trauma craneoencefálico que terminó con la vida del, además, periodista de 59 años.

Alias Ito fue alcanzado por varias balas disparadas por el equipo de seguridad del candidato que repelió el ataque y, además, recibió golpes de parte de simpatizantes que lo acusaban de cometer el crimen.

Para el juez de Flagrancia Gonzalo Núñez, los 22 elementos de convicción presentados por la Fiscalía fueron “claros, precisos y justificados”, respecto a que los seis detenidos podrían ser autores o cómplices del asesinato del candidato. Por ello dio paso a una etapa de instrucción fiscal de 30 días.

Al final de ese tiempo, a inicios de septiembre, la agente fiscal de la causa definió que había evidencia de otras participaciones y pidió vincular a Carlos A. L., alias Invisible; Laura C. V., alias Flaca; Érick R., Víctor F., Alexandra Ch., José M. y Andrés F.

Pese a que eran trece los investigados, entre el 6 y el 7 de octubre de 2023, el proceso penal se quedó sin siete sospechosos.

Días antes de que concluyeran los 60 días de instrucción fiscal, el 6 de octubre pasado, los seis extranjeros fueron encontrados sin vida, asfixiados, en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

Al día siguiente, el 7 de octubre, también se confirmó la muerte del ecuatoriano José M., quien tenía signos de asfixia cuando fue descubierto en su celda en la cárcel de El Inca, en Quito.

Desde ese momento el caso se centró en los seis procesados que quedaban con vida, a tal punto de que, a finales de febrero de este año, fueron llamados a juicio cinco y solo uno recibió un sobreseimiento de la jueza Irene Pérez, al no existir contra él elementos suficientes que revelaran su participación en el hecho.

Alias Invisible fue llamado a juzgamiento en calidad de autor mediato; la Flaca, como coautora, y Érick R., Víctor F. y Alexandra Ch., como cómplices.

Pero el político ecuatoriano Fernando Villavicencio no solo era molesto para este grupo delictivo.

Mientras se investigaba el asesinato estaba en plena instrucción fiscal el caso Metástasis, relacionado con un delito de delincuencia organizada que operaba como una “empresa criminal” liderada por el narcotraficante Leandro Norero Tigua (+).

El objetivo era, de acuerdo con las investigaciones, infiltrarse en el sistema de justicia sobornando a jueces, fiscales, abogados, policías para lograr beneficios en las causas en las que no solo era investigado Norero, alias Patrón, sino también sus familiares y cercanos a su asociación delictiva.

Información extraída de los equipos celulares de Norero, luego que fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre del 2022, revelaron, entre otras cosas relacionadas con Metástasis, de la incomodidad de uno de los procesados, el empresario Xavier J. M., con Villavicencio y sus denuncias como asambleísta e investigador periodístico.

En varios mensajes Xavier J. le pedía ayuda al narcotraficante para ‘callar’ al en ese entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

En ese mismo contexto, el 3 de enero pasado, cuando la fiscal del Estado, Diana Salazar, expuso los elementos que tenía para vincular a ocho personas más a Metástasis, entre ellas a Xavier J., la autoridad reveló que tenía conocimiento de un sinnúmero de alertas de que trataban de atentar contra su seguridad, la de sus familiares y del equipo que está interviniendo en la investigación de Metástasis.

Aclaró que Fabricio Colón Pico, cercano a la agrupación delictiva Los Lobos, era una de las personas detrás de los atentados que se planificaron en su contra. “Hemos recibido alertas de cómo están adquiriendo las mismas municiones y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de la fiscal. (...) Es momento de decirle a todo el Ecuador que la justicia no estará de rodillas, (...) lo digo con nombre y apellido. Ahora sí vengan a asesinarme. (...) No nos van a callar”.

Hasta donde se conoce, la Fiscalía, luego del testimonio anticipado de José Patricio A. M., receptado el 8 de octubre de 2023 y en el que se dieron detalles de la organización del asesinato y de quienes fueron, en diferentes niveles, parte del crimen, abrió una investigación previa para ubicar a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio.

Además mantenía otra causa en etapa previa de indagación, en la que se analizaría la actuación de la cápsula de seguridad asignada al resguardo del candidato presidencial durante la campaña para las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

En un comunicado de la Fiscalía General, del 26 de junio pasado, se reiteró que además de las pruebas que estaba presentando en contra de los cinco acusados del asesinato del presidenciable, se abrió una investigación para determinar otros posibles involucrados (intelectuales y materiales) en el crimen.

Entre los datos que se analizan está el referido por el testigo protegido, quien aseguró que a él le dijeron que el precio por la cabeza de Villavicencio era $ 200.000 y que “le mandó a hacer el gobierno de Correa”.

Otra investigación relacionada con Villavicencio, que estaría en fase reservada de investigación previa, es la que tiene que ver con la denuncia planteada por el propio exasambleísta en abril de 2023.

Siendo presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional denunció en la Fiscalía a cinco legisladores, uno del Partido Social Cristiano (PSC) y cuatro del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), por presuntamente planificar contra él un atentado al estilo sicariato.

Aparentemente otros asambleístas fueron quienes lo alertaron de lo que se preparaba.

Por el momento, en concreto, el asesinato de Fernando Villavicencio deja cinco condenados en primera instancia: Carlos A. L., alias Invisible, en calidad de autor mediato, y Laura C. V., alias Flaca, como coautora, fueron sentenciados a 34 años y 8 meses de cárcel.

Érick R., Víctor F. y Alexandra Ch., como cómplices, a doce años de prisión. Todos han anunciado que apelarán la sentencia, lo que significa que un tribunal provincial de Pichincha revisará lo actuado por jueces inferiores.

La intervención de un hombre conocido por el alias Chino Honda en el crimen del presidenciable; quiénes ofertaron los $ 200.000 por el asesinato de Fernando Villavicencio; qué persona o personas ordenaron a alias Invisible mandar a Johann Castillo a que dispare el arma que apagó la vida del periodista de investigación son, entre otras, las preguntas que esperan una respuesta de la justicia ecuatoriana. (I)