En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) son “enemigos de los prorrogados”, aunque hay 57 autoridades que están en periodos prorrogados porque no se selecciona a sus reemplazos, entre ellos a un titular de la Fiscalía General, cuyo concurso público sigue en análisis.
El pasado 23 de mayo de 2025, el pleno del Consejo resolvió por unanimidad dar como “plazo” dos días a sus abogados para que elaboren un informe jurídico que contenga los “procedimientos especiales” que se podrían aplicar para recortar plazos y conformar una comisión ciudadana en 30 días; y, con ello, cumplir con una disposición del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), respecto de la designación de un fiscal gteneral del Estado.
Cinco días después de tomada esa resolución, se desconoce si el departamento jurídico presentó el informe, a lo que se suma que, en una sesión que se efectuó este 28 de mayo, los siete consejeros no se refirieron al tema ni se incluyó en el orden del día.
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Hace ocho días, Diana Salazar Méndez tomó por sorpresa al CPCCS al renunciar a su cargo en el que se encontraba en funciones prorrogadas, ya que no se hizo el concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir a su sucesor, pese a que su periodo acabó el 8 de abril de 2025.
Con su dimisión, la sucedió el fiscal subrogante, Wilson Toainga Toainga. No obstante, el Código Orgánico de la Función Judicial señala en el artículo 290 que, en caso de ausencia definitiva de la titular, “la entidad estatal correspondiente iniciará el concurso de oposición y méritos en un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha en que se ha producido la falta definitiva”.
Es decir, de acogerse a lo dispuesto en el Código, el CPCCS tendría hasta el 20 de junio próximo para hacer la convocatoria pública para que los abogados se postulen a ser titular de la Fiscalía.
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Según Andrés Fantoni, presidente y consejero, la próxima semana se convocaría al concurso público para seleccionar a los miembros de la comisión ciudadana quienes, a su vez, ejecutarán las fases para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía.
El plan de Fantoni es hacer un proceso “expedito”, lo que implicaría recortar plazos para la elección de los comisionados y de los procedimientos administrativos, como las contrataciones que se requieran.
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Esta aspiración de la autoridad se da en un contexto en el que el reglamento para integrar estos cuerpos colegiados —que aprobó el pleno el 12 de mayo de 2025— contempla periodos de 60 días para hacerlo con una prórroga de 30 días más.
Estas comisiones se componen de diez personas. Cinco que provienen de la ciudadanía y la sociedad civil y se los elige de un concurso público en el que se les puntúa los méritos y enfrentan la impugnación ciudadana.
Aquellos que obtengan las mejores calificaciones sobre 50 puntos entran a un sorteo y se elige a los cinco comisionados.
En tanto, los otros cinco son nominados por los titulares de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, a quienes se les verifica que no estén incursos en inhabilidades y prohibiciones y se someten a la fase de escrutinio.
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Una vez que esté posesionada esta instancia, el CPCCS podrá hacer la convocatoria para que los abogados, con experiencia en materia penal, puedan candidatizarse.
El reglamento que guiará las etapas para elegir fiscal está vigente, aunque contiene disposiciones que preocupan a los gremios de abogados.
Esencialmente, la prohibición y la inhabilitación a aquellos abogados que hayan defendido a personas involucradas en más de 30 delitos penales en los últimos diez años.
La consejera Jazmín Enríquez admitió que este es un tema que inquieta y que podría ponerse en discusión de sus colegas, antes de que arranque el concurso, comentó en un diálogo en radio Quito.
Mientras tanto, José De La Gasca, ministro de Gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, no descartó una eventual participación a la Fiscalía.
“Si en el momento dado, corresponde, lo analizaré y tomaré una decisión”, dijo De La Gasca, en una entrevista en el portal digital Visionarias.
El ministro participó en el concurso de selección que hizo el extinto CPCCS de transición en el 2019 que, de entre catorce postulantes, alcanzó el lugar trece con una calificación de 65/100.
En la administración de Lenín Moreno (2017-2021), De La Gasca fue secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República. Con Daniel Noboa fue representante de Ecuador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y, en la víspera, ratificado como ministro de Gobierno. (I)
