En los procesos de designación de autoridades de control del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se prepara para una nueva contienda: es el desarrollo del concurso público para la elección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, en el que aparecen las primeras diferencias por la elaboración del reglamento.
El cuerpo colegiado de siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana vive un momento de tensión y división tras la ocurrido con la elección de Mario Godoy Naranjo como titular del Consejo de la Judicatura (CJ), en una plenaria del 10 de julio pasado.
Ese día se conformó una mayoría con los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Nicole Bonifaz y Juan Guarderas, para reconsiderar la votación de una resolución en la que se designó a Dunia Martínez Molina como vocal y titular de la Judicatura.
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Por ella votaron Andrés Fantoni (presidente) y quien dirimió, Mishelle Calvache (vicepresidenta) y el consejero suplente Gonzalo Albán, quien se principalizó en lugar de Verduga.
En su lugar se eligió a Mario Godoy con los votos de Verduga, Saltos, Verdezoto y Bonifaz; Guarderas se abstuvo, pues se lo requería para aprobar la moción de reconsideración.
Días después de este acontecimiento, este 17 de julio, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, llamó a sesionar y esa mayoría no planteó una moción para removerlo. Aún estarían en diálogos internos, se conoció.
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Al momento están fragmentados: Andrés Fantoni y Mishelle Calvache; Augusto Verduga y Yadira Saltos, quienes estarían atrayendo el respaldo permanente de Verdezoto; y, Nicole Bonifaz y Juan Guarderas, cada uno por separado.
Antes de esta plenaria, Bonifaz dijo que de su parte no impulsaría la remoción de Fantoni y Calvache. No haría lo mismo que le hicieron a ella el 3 de abril, precisó, cuando cuatro consejeros la removieron de la presidencia.
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Reiteró su postura de que no cree en mayorías o minorías, aunque de impulsarse este procedimiento tendría que analizar cuáles serían las causales para removerlos.
En este escenario, Fantoni se mostró abierto a dialogar porque es un hombre «democrático» y ofreció que en las próximas dos semanas pondría en el orden del día el debate del reglamento para elegir al titular de la Fiscalía General para los siguientes seis años y que reemplace a Diana Salazar Méndez, cuyo periodo termina en abril del 2025.
Por ahora, hay mesas de trabajo entre los consejeros y sus asesores para elaborar un texto de consenso.
No obstante, una primera propuesta de reglamento se filtró y se la atribuye al consejero Augusto Verduga, quien se perfila como uno de los posibles candidatos a la Presidencia de la República por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por Rafael Correa, para las elecciones generales del 2025.
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Su propuesta elimina aspectos como una prueba práctica y oral en la fase de oposición, que se aplicó en el CPCCS de transición cuando se eligió a Diana Salazar y cuyo objetivo fue calificar el desenvolvimiento de los candidatos en el litigio.
Pero incorpora un requisito de presentación de un certificado de prueba psicológica de habilidades y/o aptitudes para desempeñarse con solvencia profesional en calidad de autoridad del Estado.
El certificado debe tener un tiempo no mayor a 30 días antes de la postulación y ser otorgado por un psicólogo industrial, psiquiatra o ramas afines, que ejerza su profesión por más de cinco años.
Con ello, Verduga propone que se califique a los postulantes sobre 100 puntos: 50 los méritos y 50 la prueba escrita. Así también, que la fase de impugnación, en la que la ciudadanía o sociedad civil puede objetar la probidad y ética de un candidato, se haga luego de la admisibilidad en la que se revisa el cumplimiento de requisitos y no estar incursos en prohibiciones legales y constitucionales.
Superada esa etapa, empezará la calificación de méritos y la preparación del examen escrito.
No obstante, Verduga establece en su proyecto nuevos requisitos a las impugnaciones: que haya una resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas.
«No se podrá imputar falta de probidad notoria en el ejercicio de la profesión, judicatura o docencia universitaria, contra ningún postulante, por la simple presentación de denuncias que no posean una resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas», dice el texto.
Es decir, un ciudadano no podrá cuestionar la probidad o ética de un postulante al cargo si no presenta resoluciones en firme y ejecutoriadas.
Estos cambios tendrían como fin evitar que los candidatos, cuyo requisito esencial es haber ejercido la abogacía o la judicatura, sean criticados por los patrocinios en los que hayan participado, como en casos de narcotráfico, derechos humanos y otros; así también, que en el caso de que hayan sido jueces, no sean increpados por sus sentencias.
En la normativa se busca ampliar las facilidades para aquellos candidatos que residan en el exterior. La propuesta es que puedan presentar una declaración juramentada en la oficina consular más cercana a su residencia.
Esto reemplazaría a los certificados obligatorios del Servicio de Rentas Internas (SRI), de no estar en mora con el Seguro Social; de responsabilidades otorgado por la Contraloría General del Estado; de no estar impedido para ocupar cargo público del Ministerio del Trabajo; de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o movimiento político en los cinco años anteriores a la convocatoria al concurso del Consejo Nacional Electoral (CNE); de no mantener contratos con el Estado del Servicio de Compras Públicas; y, del Tribunal Contencioso Electoral.
El consejero explicó que este es solo un proyecto borrador y respecto de la impugnación, quiere evitar que solo por la existencia de una denuncia —que no tenga sentencia o una resolución administrativa— un candidato sea descalificado.
En tanto, eliminar la prueba práctica ayudará a evitar la «subjetividad» y ejemplificó lo que ocurrió con la elección de la fiscal Diana Salazar, que en el examen escrito obtuvo un puntaje de 10/20 y con la exposición oral, 28, 17/30.
En ese concurso, Salazar compitió, entre otros, con el actual vocal de la Judicatura Merck Benavides y José de la Gasca López-Domínguez, quien obtuvo un puntaje de 65/100 y que fue designado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, embajador de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y quien sería uno de los rostros que cobijarían las fuerzas políticas para este cargo.
La consejera Bonifaz adelantó que tiene también sus propuestas para el reglamento, aunque en principio no respalda la prueba oral porque es subjetiva.
Andrés Fantoni se mostró como un político democrático y que de formarse una nueva mayoría, la visión es trabajar en unidad, porque no está apegado a la presidencia del CPCCS.
«No ha existido ninguna diferencia por un reglamento, las intenciones que tienen los consejeros es hacerlo en las mesas de trabajo, en donde hay que pulirlo y que cuente con los requisitos para elegir a una persona que tenga todas las credenciales necesarias», añadió. (I)
