En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hay malestar por los atrasos en la selección de autoridades de control del Estado que están prorrogándose en sus funciones, como es el caso de la Fiscalía General del Estado, cuya titular mantiene en expectativa al país respecto a si aceptará quedarse en su cargo hasta que en algún momento se elija a su reemplazo.
Este 8 de abril de 2025 se completaron los seis años del periodo constitucional en la Fiscalía General del Estado, de Diana Salazar Méndez y del fiscal subrogante, Wilson Toainga Toainga, quienes hasta el cierre de esta nota no informan su decisión de prorrogarse en sus funciones hasta que se elija a sus reemplazos o dar por terminado su ejercicio.
Extraoficialmente se conoció que la noche de este martes, la Fiscalía difundiría un comunicado oficial en el que se aclarará si Diana Salazar y Wilson Toainga seguirán presidiendo la institución.
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La Procuraduría General del Estado subsanó una consulta jurídica de carácter reservada que hizo la Fiscalía para que se aclare si es viable que Diana Salazar y Wilson Toainga se prorroguen.
El organismo señaló que esto es posible, ya que en su calidad de servidora de la Función Judicial nombrada para un determinado periodo, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada a fin de garantizar la representación institucional, asimismo el fiscal general subrogante durará en tales funciones el mismo tiempo y hasta que su titular sea reemplazada.
Este suceso reveló la preocupación dentro del CPCCS. El 6 de abril de 2025, el consejero de Participación Gonzalo Albán Molestina envió una comunicación a los despachos de los cinco consejeros en la que expone su inquietud por la “pasividad” en la que está desempeñando sus funciones el CPCCS.
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“La opinión pública expone una vez más lo que constantemente he realizado en los distintos plenos que hemos celebrado como cuerpo colegiado. La percepción de pasividad en nuestro rol de designación de autoridades de control deja mucho que desear cuando es nuestro deber preservar la institucionalidad del país, impulsando los procesos de designación que corresponden de manera oportuna, con celeridad y calidad”, describe Albán en su oficio.
Recordó que en los dos meses en los que lleva de consejero —se principalizó tras la destitución por juicio político del activista Juan Guarderas— ha expresado la urgencia de realizar los concursos públicos y que ha hecho mociones para dar celeridad, pero “estas no han logrado ni siquiera ser aceptadas para su inclusión en el orden del día para discutirlas en el pleno”.
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Su propuesta es elaborar una hoja de ruta del estado de los procesos e identificar problemas y “cuellos de botella” para agilizar las actividades.
Por su parte, el presidente del Consejo, Andrés Fantoni Baldeón, culpó a la Asamblea Nacional por los retrasos en los concursos porque no se posesiona a un séptimo consejero tras la destitución, el 31 de enero de 2025, de Andrés Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco, por infracción electoral determinada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Sin embargo, fue a mediados del 2024 que se empezó a discutir sobre la designación de esta autoridad, por lo que en septiembre se aprobó el reglamento y, en diciembre, se conformó la veeduría ciudadana con 540 personas.
Este 7 de abril, en un video pregrabado por su equipo de relaciones públicas, Fantoni dijo que es “importante” tener a los siete vocales para dar “la integridad que se merecen” las designaciones y que hace dos meses envió a la Asamblea Nacional la solicitud de posesión del vocal suplente, pero esto no ha ocurrido.
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Mientras tanto, Fantoni celebra que lleva un año en la presidencia de la institución en los que ha producido, según un video institucional, 600 graduados de un diplomado en participación ciudadana, 23 convenios firmados y la designación de los superintendentes de Bancos, Economía Popular y Solidaria, de Datos... que se hacen por ternas enviadas por el presidente de la República.
En las últimas semanas, la autoridad ha trasladado el pleno a provincias en donde entregan certificados a ciudadanos. Este 9 de abril se hará el pleno en Cuenca, en donde se conocería el informe sobre las jornadas de inducción dictadas a los veedores que vigilarán el concurso de elección del fiscal y se entregarán más certificados a los ciudadanos.
Más autoridades prorrogadas y concursos no avanzan
El actual pleno del CPCCS está operando desde mayo del 2023 y desde entonces no se ha concluido con el concurso público de renovación parcial de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) que debían elegirse para noviembre de 2021.
Aunque hay un proceso en marcha desde marzo del 2023 y está a cargo de una comisión ciudadana, no se termina con la selección de las dos autoridades hasta la actualidad.
Tampoco se avanza en el otro concurso para la renovación de los tres vocales electorales, que correspondía hacer en noviembre de 2024. Por esa razón, los cinco consejeros: Diana Atamaint, Esthela Acero, Elena Nájera, José Cabrera y Enrique Pita, están prorrogados en sus funciones.
Tampoco se procede con el concurso para la renovación del pleno de cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que en mayo concluyen su periodo de seis años.
La Defensoría del Pueblo tiene, desde septiembre del 2021, una autoridad encargada como es el exsecretario del CPCCS de la administración de Sofía Almeida, César Córdova, y el concurso público no continúa.
Adicionalmente está la elección de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura (CJ), que se hace por ternas de candidatos propuestas por la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, la Fiscalía General, la Defensoría Pública y la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En diciembre pasado, cuatro de estas instituciones enviaron sus candidatos y solo falta la lista del presidente de la República, Daniel Noboa, que no la ha remitido y el Consejo ha resuelto esperar a que estén completas las ternas para arrancar.
En tanto, hay tres consejeros de la Judicatura en funciones prorrogadas desde enero de 2025: Mario Godoy, Solanda Goyes y Yolanda Yupangui, que no logran avanzar con los concursos públicos para la selección de jueces de Corte Nacional y del banco de elegibles para las unidades judiciales provinciales. (I)
