Al pedido de fecha y hora para formularle cargos por el delito de peculado en torno a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016 hecho por la Fiscalía la tarde de este jueves1 de junio, al exvicepresidente Jorge Glas se le suma que fue notificado de que la investigación previa en el denominado caso Singue se reabre.

En total serían notificadas en esta nueva etapa de investigación previa catorce personas, entre ellas, Glas y los exministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, exfuncionarios del correísmo que ya fueron procesados en en el primer casso Singue que existió.

Esta noticia llega a casi siete meses de que de forma unánime un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió declarar la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la solicitud de formulación de cargos hecha por la Fiscalía e ingresada en la CNJ el 12 de febrero de 2019, dentro del proceso penal por el delito de peculado conocido como Singue.

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El efecto práctico de la nulidad fue dejar sin vigencia la sentencia de ocho años para el exvicepresidente Jorge Glas; el exministro y exviceministro de Hidrocarburos Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli; César Guerra, gerente del Consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue; y de cuatro años para los exfuncionarios públicos Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos.

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Glas, Pástor, Pareja Yannuzzelli y Guerra fueron sentenciados inicialmente como coautores; mientras que Cazar, Donoso y Burgos recibieron una pena de cuatro años de prisión como cómplices de un supuesto peculado cometido en la adjudicación del contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue, entregado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC).

Los jueces sostienen en su resolución que en este caso se transgredió el derecho a la defensa de los procesados, se vulneró el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, inobservancias que generaron una violación de trámite insubsanable.

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El presidente de la Sala que declaró la nulidad, el juez Luis Rivera, dejó a salvo la potestad que asiste a la Fiscalía General, como titular del ejercicio de la acción penal pública, su derecho y/o deber de iniciar la acción penal pertinente, “sobre la base de los elementos de convicción distintos a aquel que ha sido declarado nulo y para este caso que hayan sido recabados en la fase preprocesal de investigación previa 47-2017″.

En esta nueva investigación la Fiscalía no podrá utilizar el informe de las Contraloría que determinó indicios de responsabilidad penal y dio origen al primer proceso. Así lo determinaron los jueces porque previamente el documento también se anuló en sede administrativa.

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Por hechos que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016, la fiscal general, Diana Salazar, pide a la Corte Nacional que defina día y hora para que se dé una audiencia en la que formulará cargos también contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros dos exfuncionarios públicos.

“En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón la Fiscalía abrió una investigación previa”, recordó Salazar en un video colgado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía.

En su explicación, la fiscal general recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí y para ese tema el Gobierno de la época -el de Rafael Correa- conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.

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Diana Salazar sostiene que este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado con fecha 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían atención inmediata después del terremoto.

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Al contar con los elementos de convicción necesarios contra el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí Carlos B. y Pablo O, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico, Salazar pide, por el fuero de Corte Nacional existente, que la CNJ sortee un juez que defina fecha y hora para formular cargos contra los tres exfuncionarios del correísmo. (I)