La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) recibió $ 5 millones correspondiente a la indemnización por la explosión del radar de vigilancia aérea que estaba ubicado en el Cerro Montecristi (Manabí).
Interoceánica Compañía Anónima de Seguros entregó, el 25 de julio de 2024, un cheque por $ 5 millones a la FAE como parte de la cobertura de terrorismo, daño malicioso y sabotaje.
«(...) Se procedió a la entrega del cheque certificado con el valor límite establecido por la cobertura de Terrorismo, Daño Malicioso y Sabotaje (…) una vez finiquitados los procesos correspondientes para concluir con las obligaciones adquiridas por la aseguradora, a través de la póliza de seguro contratada», informó la compañía en un comunicado difundido este viernes.
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Este ocurrió luego que el 7 de noviembre del 2021, diez días más tarde de que el Ministerio de Defensa y la FAE colocaron el radar en el cerro de Montecristi, se produjo una explosión que dejó inservible el artefacto, cuya misión era la vigilancia y control de avionetas, helicópteros u otros aparatos utilizados para actividades ilícitas como el transporte de droga.
Después de la explosión del radar — por la que hay una investigación penal a personal militar en Manabí — la Fuerza Aérea tramitó en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la recuperación de $ 7′2 millones de la póliza de seguro, con los que se pretendía adquirir nuevo radar a la empresa de origen español Indra.
Interoceánica aclaró que el siniestro sería indemnizado bajo un límite establecido en la póliza, por el delito de sabotaje y que es equivalente a $ 5 millones.
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No obstante, la FAE aún espera un valor de cobertura por $ 2 millones, que están en litigio en la justicia ordinaria.
En febrero del 2023, las autoridades de la institución militar presentaron un reclamo administrativo en la Superintendencia en contra de la aseguradora por su negativa a pagar estos $ 2 millones, que corresponderían al «incremento en el Costo de Operación» que es parte de la póliza de seguros para el radar de Montecristi LTR-20.
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Interoceánica recurrió a una acción de protección que está en trámite en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Se preveía la instalación de una audiencia el 3 de julio pasado, pero se suspendió por la falta de uno de los jueces del Tribunal.
Con esos recursos ($ 2 millones), la Fuerza pretende arrendar un nuevo aparato a la empresa norteamericana Advanced Navigation & Positioning Corporation (ANPC) por un año.
La propuesta consiste en dar en arrendamiento un Sistema de Multilateración de Área Local (LAMS) con un radar de vigilancia primaria que incluye un plan integral con transporte, instalación, entrenamiento, garantía y apoyo técnico. (I)
