Casi a los 18 meses de administración, Daniel Noboa Azín hace cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas, en tanto se alista para asumir su nuevo periodo presidencial 2025-2029.

Faltan 25 días para que Daniel Noboa tome posesión del cargo de presidente de la República en una ceremonia en la Asamblea Nacional y apenas se proclamaron los resultados numéricos de las elecciones de segunda vuelta del 13 de abril, pidió la renuncia a su consejo de ministros y discretamente está renovando el mando de la fuerza pública.

Empezó en la Fuerza Terrestre, y a través del decreto ejecutivo 615 del 24 de abril cesó a Edwin Adatty Albuja y designó a Henry Delgado Salvador como el nuevo comandante.

Publicidad

Luego, este 28 de abril, por decreto ejecutivo 617 cesó a Miguel Córdova Chehab de la comandancia de la Armada Nacional y lo sucedió el vicealmirante Pablo Caicedo Salvador.

Por el momento, se mantienen en sus cargos, en la Comandancia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Celiano Cevallos y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), Jaime Vela Erazo.

Desde que Noboa inició la Presidencia en noviembre de 2023, luego de los comicios anticipados a causa de la disolución de la Asamblea Nacional, es la primera ocasión que remueve a los comandantes en la institución castrense.

Publicidad

El 28 de noviembre de 2023, con su llegada al Palacio, renovó al alto mando con Vela en el Comaco; Adatty en el Ejército; Córdova en la Armada; y, Celiano en la FAE.

Para el general en servicio pasivo, Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública del Estado, estos cambios son habituales y los hacen los mandatarios antes de asumir su gestión.

Publicidad

Aunque, llama la atención que se lo haga por cada Fuerza y no en un solo momento.

“El Gobierno debe estar haciendo una evaluación de los 18 meses de gestión e identificar qué es lo que se ha logrado, qué objetivos que se planteó se han cumplido o no. Sobre esa base, podría iniciar un nuevo plan para los siguientes cuatro años, tomando en cuenta que tiene un horizonte más estable y con una Asamblea Nacional a su favor”, opinó.

Bravo recuerda que este periodo que iniciará el 24 de mayo, el régimen tendrá que exponer su plan de desarrollo dentro de los siguientes 90 días.

“Después de 18 meses, ya saben con qué cuentan, cuáles son los problemas y las posibles soluciones. Según la ley de Seguridad Pública del Estado, en 90 días de iniciar un nuevo periodo se debe presentar un plan de seguridad integral, que no tiene nada que ver con el denominado plan Fénix, por lo que estos cambios en las comandancias responderían a ese plan que debe contar con objetivos alcanzables, medibles, para determinar si se está cumpliendo lo que se proponen. Porque hasta ahora no sabemos si el plan Fénix funcionó, cuál era el horizonte, cuáles son los objetivos y si se cumplieron o no”, reflexionó el general.

Publicidad

A estos cambios anteceden hechos como las aparentes amenazas que habría detectado personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a la seguridad del Estado.

Según un mensaje militar del 18 de abril, que se liberó en redes sociales, se alerta de una ofensiva del crimen organizado en respuesta a los resultados de las elecciones de segunda vuelta del 13 de abril.

Un boletín de seguridad del 11 de abril elaborado por la Casa Militar Presidencial y calificado como secreto, documenta la posible planificación de acciones criminales en contra del jefe de Estado por parte de grupos armados organizados y atentados a las autoridades.

El Palacio de Carondelet no negó la veracidad de dicho documento y, a través del ministro de Gobierno, José De la Gasca, se anunció que el Ecuador está en “estado de alerta máxima”, ya que con información de fuentes humanas conocían que presuntamente se trasladaban sicarios desde México y otros países a Ecuador para organizar atentados terroristas contra Daniel Noboa y sus ministros.

Doce días después de este acontecimiento, no se conoce qué ocurrió con estas alertas.

La gestión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se ha dado, además, en un contexto de estados de excepción bajo la figura del conflicto armado interno para contrarrestar a los grupos delincuenciales.

La Corte Constitucional (CC) ha cuestionado los decretos —que serían once en los 18 meses de gestión de Daniel Noboa—, pero esencialmente, la declaratoria de conflicto armado interno porque no se apega a requisitos internacionales.

A esto se suma que entre el 2024 y 2025 bajo el régimen de estados de excepción, la Defensoría del Pueblo identificó unos 29 casos de presunta desaparición forzada, tres de presunta ejecución extrajudicial y doce de tortura, trato cruel e inhumano y degradante.

En tanto, con base en informes del Comaco, se ha capacitado a casi 38.000 personas entre militares, oficiales, voluntarios y demás uniformados en uso progresivo de la fuerza y derechos humanos. (I)