La Función de Transparencia y Control Social (FTCS), o más conocida como el “quinto poder”, trabajará en elaborar un proyecto de ley anticorrupción para el trámite de la Asamblea Nacional.

Esta función renovó sus autoridades para la gestión del 2024 y, en una sesión realizada este 15 de enero, se designó a Mauricio Torres Maldonado, titular de la Contraloría General del Estado, como presidente, y a Pablo Iglesias Paladines, autoridad de la Superintendencia de Organización Territorial (SOT), como vicepresidente.

Para su administración ofrecieron presentar un proyecto de ley anticorrupción que incluya las necesidades y mecanismos para prevenir la comisión de ilícitos que propongan las siete instituciones que integran el “quinto poder”.

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La Constitución del 2008 creó esta Función de Transparencia y la conforman los titulares o sus delegados de la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y las superintendencias de Competencia Económica (antes de Control del Poder del Mercado), de Bancos, de Compañías, de Economía Popular y Solidaria y el titular de la Superintendencia de Protección de Datos, una vez que se designe al nuevo funcionario.

La ley establece que, dentro de la primera quincena de enero de cada año, los titulares de las entidades de la función elegirán rotativamente de entre sus miembros al presidente y vicepresidente, quienes estarán un año en funciones.

Además, al ser una función tienen atribución de iniciativa legislativa y, por tanto, proponer cuerpos legales.

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Sobre ello, el contralor Mauricio Torres tiene una primera propuesta que aspirará a incluir en esta normativa.

“Como Contraloría estamos impulsando que se incorpore un cambio para realizar las auditorías: forense e informática, que son mecanismos que hacen falta en el ámbito penal. Para que no haya solo el indicio de responsabilidad penal, sino un medio de prueba; y, al hacerlo con auditores forenses, esto se convertiría en un medio de prueba que serviría para los jueces y fiscales”, expresó en una declaración de prensa este 16 de enero de 2024.

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Añadió que la auditoría forense permitirá que las personas que hacen el examen sean “expertos en detectar dónde y cómo se produjo el delito”.

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El vicepresidente Iglesias ahondó que el objetivo será establecer herramientas para un trabajo conjunto entre las instituciones y prevenir actos de corrupción.

Como por ejemplo, desde la SOT, se puede hacer control en los movimientos irregulares de suelos o el otorgamiento de permisos. “Lo que planteamos es hacer un control cruzado de información. Para ejemplificar, puede haber movimientos irregulares en un Gobierno autónomo descentralizado para poder favorecer a un proyecto de construcción y se permite un flujo de dinero en el que puede haber movimientos de dinero empresariales sujeto de otra superintendencia, o puede haber violaciones a los procesos internos de los Gobiernos descentralizados implicando perjuicios al Estado. Se trata de trabajar en prevención y diagnóstico, porque no contamos con información de cómo funcionan estas actividades”.

Las autoridades estiman que esta iniciativa legislativa la presentarán en el primer semestre de este 2024. (I)

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