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Gina Aguilar Ochoa, activista y excandidata a alcaldesa, completa el banco de mujeres suplentes del Consejo de Participación Ciudadana

En una crisis política entre la Asamblea y el CPCCS, este miércoles se prevé una nueva sesión para posesionar a más suplentes, aunque se desconoce a quiénes.

Quito, 6 de diciembre de 2022.- Gina Aguilar Ochoa, fue posesionada como consejera suplente para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en una sesión de la Asamblea Nacional del 5 de diciembre del 2022. Foto: Cortesía Asamblea Nacional Foto: El Universo

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Aunque en un primer momento se negó a atender el llamado de la Asamblea Nacional para posesionarse como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Gina Aguilar Ochoa se presentó a la segunda convocatoria y asumió esta dignidad.

Con Gina Aguilar Ochoa se completó el banco de suplentes de las mujeres del Consejo de Participación Ciudadana, aunque su ascenso se da en medio de un escenario político conflictivo.

Esto debido a que el 18 de noviembre el Parlamento censuró y destituyó de sus cargos por un juicio político a Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo; aunque los cuatro volvieron a ocupar sus curules con la vigencia de una medida cautelar que otorgó el juez de La Concordia, Ángel Lindao, quien tramita una acción de protección en contra de la interpelación.

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Justamente, a las 10:15 de este miércoles, el juez Lindao convocó a la instalación de una audiencia para sustanciar la acción de protección que presentó el ciudadano Manuel Párraga; pero, mantiene vigente la medida cautelar la que “se resolverá en conjunto con la acción de protección”, señala la providencia emitida este 5 de diciembre.

Gina Aguilar, de 59 años, es oriunda de la provincia de El Oro, cuya primera carrera electoral la tuvo en los comicios seccionales del 2009, cuando fue candidata a la Alcaldía de Portovelo por lo que fue el movimiento político Alianza PAIS, cuando era liderado por el expresidente Rafael Correa.

Psicóloga de profesión se ha desempeñado en la docencia y ha sido parte de colectivos feministas.

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Con el auspicio del Movimiento de Mujeres de Portovelo, del cual fue su coordinadora, fue candidata al Consejo de Participación Ciudadana en las elecciones seccionales del 2019 y alcanzó 1′092.945 votos, por lo que aparece como “no electa” en la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que proclamó los resultados oficiales.

Ella fue convocada a posesionarse como consejera suplente el 27 de noviembre, pero no asistió en rechazo a ser parte de las “disputas absurdas” entre la Legislatura y los cuatro vocales del CPCCS.

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“La crisis institucional en el Consejo de Participación Ciudadana ha sido provocada por la Asamblea y los poderes que se ejercen en la Función Ejecutiva y Judicial”, escribió en un comunicado público que difundió ese domingo.

“Como mujer militante del movimiento mujeres y con una trayectoria docente limpia y reconocida, no puedo prestarme para las disputas absurdas de poder ni la división a la que han llevado al país; pero sobre todo, como ciudadana estoy en la obligación de respetar la Constitución y las leyes, así como los procesos judiciales, por ello no asistiré a la sesión que fue convocada ilegal y tardíamente por el presidente Virgilio Saquicela”, añadió en su misiva de aquella fecha.

Ocho días después de ello, cambió de opinión y se presentó ante el pleno legislativo para asumir esa función.

Con ella se completaría las tres mujeres suplentes en el CPCCS que quedaron vacantes luego del primer juicio político que se desarrolló en el 2019 y que modificó el pleno. En esa ocasión se censuró y destituyó a José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá, esta última electa por los pueblos y nacionalidades.

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Después de ello ascendieron David Rosero, Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, quien subió en lugar de Chalá, por la lista de los pueblos y nacionalidades.

Con la censura y destitución de Christian Cruz, en otro juicio político que se desarrolló en el 2020, se principalizó Hernán Ulloa.

Solo quedaron como consejeras suplentes Mónica Moreira y Karina Ponce y desde entonces, la Asamblea Nacional no posesionó a ningún otro consejero hasta que se desató esta pugna con los cuatro vocales a los que destituyó y que fueron reintegrados por decisión judicial.

Karina Ponce explicó que la acción que está realizando la Legislatura es para completar el banco de suplentes que “se ha agotado”, aunque ello se da en medio de esta crisis, reconoció.

“La Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana no hicieron las gestiones para completar el banco de suplentes y ahora en medio de estos hechos, se genera esta preocupación y confusión, pese a que se están formalizando hechos que no fueron resueltos en su momento”, indicó Ponce.

La consejera suplente aclaró que con la designación de Gina Aguilar se completa el banco de suplentes de mujeres, en el caso de una ausencia temporal o definitiva de Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida.

Según Ponce, con la posesión de Olindo Nastacuaz, como consejero suplente el 27 de noviembre, se acabó el banco de suplentes por la representación de pueblos y nacionalidades.

Resta entonces, indicó Ponce, que se posesione a otros tres consejeros varones, que reemplacen a Ulloa, Rosero, Dávalos, por ausencia temporal o definitiva. O, en el caso de que David Rosero o Javier Dávalos pidan permiso para participar en su promoción electoral para los comicios del 5 de febrero de 2023, pues buscan ser reelectos para el cargo.

Es así como la Legislatura en una sesión convocada para este miércoles 7 de diciembre a las 16:00 incluyó como segundo punto del orden del día la posesión de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, aunque la convocatoria no incluye los nombres de a quiénes se tomará juramento.

Esta es la cuarta sesión convocada con este objetivo y se hará de forma paralela a la instalación de una audiencia en el Complejo Judicial Norte de Quito, en la que un Tribunal Penal prevé sustanciar una acción de protección que presentaron los consejeros Ulloa, Estupiñán y Bravo, en contra de la resolución del juicio político que los censuró y destituyó.

La diligencia se convocó para las 14:30 y lo presidirá el Tribunal de Garantías Penales de Quito, integrado por los jueces Pablo Coello Serrano, Galo Rumiguano Urbano y Milton Maroto Sánchez, quienes negaron la solicitud de medidas cautelares.

El fallo argumenta que la resolución de destitución “no constituye un inminente peligro y en lo que se refiere a la gravedad, el Tribunal no la advierte, porque no puede ocasionar daños irreversibles. Según los legitimados activos registran una supuesta violación constitucional que tendrá que ser comprobada en el proceso de conocimiento de sustanciación de la acción de protección (y) lo que pretenden los accionantes es convertir a las medidas cautelares en un proceso de conocimiento”. (I)

Redacción
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