Guillermo Lasso pide a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que no recomiende el juicio político en su contra

El presidente de la República, Guillermo Lasso, al contestar la acusación política de supuesto peculado pidió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que no recomiende el juicio político en su contra.A través de su abogado, Edgar Neira Orellana, el primer mandatario solicita a los miembros de la comisión que acepten los descargos presentado y que declaren la inexistencia de hechos que configuren la infracción constitucional de peculado y, en consecuencia, la inexistencia de hechos que permitan imputar su responsabilidad política.Neira presentó los descargos minutos antes de que venza el plazo que tenía el acusado para contestar a la acusación planteada por cuatro legisladores: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakitik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID), quienes acusan al primer mandatario de participar en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación, según consta en el dictamen de la Corte Constitucional, se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República.Según el documento presentado ante la Comisión de Fiscalización los solicitantes del juicio político incumplieron en la identificación de hechos y singularización de pruebas de cargo. Para defenderse de la acusaciones, el abogado Neira, en el escrito se sustenta en que el propio informe de Contraloría que determina pérdidas en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec EP, por $6 millones, y que refieren a contratos del año 2020, periodo en que Guillermo Lasso, no era presidente. Que los resultados económicos en el período 2021 – 2022, fueron beneficiosos, porque se adoptaron todas las recomendaciones formuladas por la Contraloría General del Estado.Sostiene además que en el año 2021, cuando el presidente Guillermo Lasso asumió el poder, la administración de Flopec EP obtiene una utilidad de $13′102. 793,78 y con ello revirtió una tendencia negativa de 2020; en el año 2022, luego de que se adoptan las recomendaciones de Contraloría del Estado, se generaron ingresos en una cifra desconocida en la historia de la empresa porque alcanzaron los $963′453. 993. La negociación de tarifas y modificación a las condiciones del Contrato de 2018 y adenda No. 3 de marzo de 2020, determinó una utilidad de $170′308. 806, luego de que se adoptaron las recomendaciones de Contraloría.En la contestación, Edgar Neira, sostiene que Flopec no firmó un nuevo contrato don Amazonas Tanker en julio 2022, como lo afirman los acusadores. Que el contrato del año 2018 se prorrogó por una cláusula de renovación automática pero que cuando el presidente Guillermo Lasso, asumió la presidencia el contrato fue renegociado incrementando los ingresos de Flopec EP.A esto se suma que el 20 de septiembre de 2021, es decir 4 meses después de que Lasso asumiera la presidencia, la adminsitración de Flopec, ya bajo el mandato del actual gobierno, presentó una denuncia en Fiscalía del Estado para que se investiguen las irregularidadesEn el escrito del primer mandatario, contenido en 38 páginas, se señala que la infracción constitucional del peculado exige que el servidor público imputado hubiere abusado, apropiado, distraído o dispuesto arbitrariamente de fondos públicos. La acusación política el supuesto peculado se refiere a la modificación asociativa denominado Amazonas Tanker Pool, para transporte de petróleo, convenido el 10 de marzo de 2018 bajo otra administración, dos años cinco meses antes de que inicie el mandato del Presidente Lasso; y el hecho inferido y conclusivo de que el Presidente Guillermo Lasso no habría hecho nada para impedir que un contrato lesivo siga causando daños a los recursos del Estado, comporta una tergiversación jurídica inaceptable, porque esta materia es ajena al ámbito de sus competencias constitucionales, sostiene. Antes de que concluya el plazo para presentar las pruebas de cargo y de descargo, el primer mandatario a través del secretario general jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, pidió que se llame a rendir testimonio a diez profesionales del derecho.Ortiz justificó la inclusión de estos testimonios señalando que los testigos del presidente Guillermo Lasso, aclararán a los miembros de la Comisión de Fiscalización sobre la procedencia de la acusación política en contra del presidente, Guillermo Lasso. En la lista de testigos solicitados por el primer mandatario constan: José Francisco Chalco Salgado, André Benavides Mejía, Mario Cuvi Santacruz, Gonzalo Muñoz Hidalgo, Emilio Suárez Salazar, Ramiro García Falconí, Jorge Benavides Ordóñez, Juan Francisco Guerrero del Pozo, Pablo Encalada Hidalgo y Pablo Santillán Paredes. (I)

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