Hasta el 25 de noviembre estará abierta la fase de inscripción al concurso de elección del contralor y defensor público

Dos concursos públicos para elegir nuevas autoridades arrancaron este lunes en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): el del titular de la Defensoría Pública y de la Contraloría General del Estado.

La Contraloría General del Estado lleva cinco años sin un contralor titular y este 14 de noviembre se inició oficialmente la designación de su autoridad con la convocatoria a postularse.

El pasado viernes, mediante una cadena nacional, el CPCCS anunció del inicio de esta etapa que consiste en que la ciudadanía y profesionales interesados se inscriban para participar en este concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

Las inscripciones se las recibe desde las 08:30 de este 14 de noviembre hasta el próximo 25 de noviembre a las 17:00. Según se conoce aún no hay inscritos, pero sí ciudadanos interesados que llegan hasta las oficinas del Consejo en Quito para preguntar el trámite que deben seguir.

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Unos los principales requisitos para participar en este proceso es tener títulos de doctor equivalente a Ph. D., maestrías y de tercer nivel en Derecho, Economía, Auditoría, Finanzas, Administración Pública, Ingeniería Civil, Ingeniería en Minas y Petróleos, Ingeniería Ambiental y Gestión Pública.

El Consejo de Participación explicó que al momento de la inscripción, el ciudadano debe presentar la hoja de vida de acuerdo con el formato único para el efecto, copia notariada a color de la cédula de identidad y el certificado de votación del último proceso electoral.

Entre otros documentos, la copia notariada de sus títulos y certificados que deben ser emitidos con un tiempo no mayor a 15 días antes de la postulación. Entre estos están, el de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario; de responsabilidades o cauciones otorgado por la Contraloría.

En la lista están también documentos que señalen que no se está impedido de ocupar cargo público por el Ministerio de Trabajo; de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o movimiento político; de no mantener contratos vigentes con el Estado; de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción electoral que sea sancionada con la suspensión de derechos políticos y de participación.

Las certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional; la declaración juramentada ante notario público de haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o profesional y, certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

Actualmente, la Contraloría está presidida por Carlos Riofrío González, quien subrogó a Valentina Zárate y ella, a Pablo Celi de la Torre. Este último subrogó a Carlos Pólit Faggioni, quien era el contralor titular elegido de un concurso público que realizó el CPCCS en el 2017.

No obstante, Pólit renunció a su cargo en el 2017 y fue procesado por el delito de concusión vinculado al caso Odebrecht y es considerado un prófugo de la justicia, pues apenas se conoció de este suceso viajó a los Estados Unidos, en donde reside actualmente.

Celi es procesado por delincuencia organizada, en el denominado caso Las Torres y cumple medidas alternativas a la prisión preventiva, como grillete electrónico y prisión domiciliaria.

En cuanto a la elección de un nuevo defensor público, las inscripciones se abrieron este 14 de noviembre y se mantendrán hasta el próximo 25 de noviembre a las 17:00.

Los requisitos y prohibiciones son similares en este tipo de concursos públicos, y la diferencia radica en el título profesional y años de experiencia.

En este caso, la Constitución establece como requisito para ser defensor público, ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país; haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de diez años.

La Defensoría Pública ha estado presidida en los últimos cuatro años por Ángel Torres Machuca, quien fue nombrado encargado por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición en agosto del 2018.

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El organismo lo dejó en ese cargo, pese a que Torres fue descalificado del concurso de elección que efectuaba en ese entonces al constatar irregularidades como que en su hoja de vida expuso que ejerció la profesión de abogado desde 1989, pero su título profesional fue expedido en febrero del 2003.

Tanto para llegar a la Defensoría Pública como a la Contraloría, los concursantes deben confirmar ante el CPCCS que no incurren en prohibiciones como tener a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones, fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

Ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República; haber sido condenado por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la mujer y otros, mientras esta subsista; tener contrato con el Estado.

Se halle en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta; tener sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción electoral; que no haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada por violencia intrafamiliar o de género.

Así también haber ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto; haber sido sancionado por delitos de lesa humanidad; tener obligaciones en mora con el IESS, el SRI.

Deben certificar que no han sido directivos de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haber desempeñado dignidades de elección popular en los últimos cinco años; ser miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o representante de cultos religiosos.

En el caso de que tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) también pueden ser inadmitidos; o por ser cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los consejeros del CPCCS o los miembros de las comisiones ciudadanas de selección.

Haber sido sancionados con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas; incurrir en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio público.

Las inscripciones estarán abiertas por diez días y luego las respectivas comisiones ciudadanas de selección iniciarán la etapa de revisión de la documentación para verificar que los participantes cumplan con las normas legales, de lo contrario, serán inadmitidos. (I)