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En marcha la etapa de comparecencias en el juicio político en contra de la exministra de Salud Ximena Garzón por compra de medicamentos

Las comparecencias de funcionarios y exfuncionarios continuarán este fin de semana y se extenderán hasta el 9 de diciembre próximo.

Con una sesión virtual, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el proceso de pruebas de cargo y descargo dentro del juicio político a la exministra de Salud Ximena Garzón, acusada de incumplimiento de funciones. Cortesía

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Solo dos de los cinco testimonios previstos se registraron en el primer día de comparecencias en la Comisión de Fiscalización, que procesa el pedido de juicio político a la exministra de Salud Ximena Garzón, planteado por los asambleístas Ricardo Vanegas, del bloque Pachakutik, y Natalie Viteri, del Partido Social Cristiano.

La exministra está acusada de un supuesto incumplimiento de funciones en el proceso de compra de medicamentos en el sistema nacional de salud por regímenes especiales a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), con la participación del Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las empresas públicas creadas por varias universidades estatales que debieron cambiar su objeto social para obtener los permisos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa ), para poder vender medicamentos, insumos y dispositivos médicos a los hospitales a nivel nacional.

Entre los funcionarios y exfuncionarios convocados a comparecer se incluye al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, quien deberá explicar respecto al grado de responsabilidad otorgada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través de un decreto ejecutivo para coordinar el sistema nacional de salud.

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Vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, convocado a rendir testimonio en el juicio político a la exministra de Salud Ximena Garzón

La primera funcionaria que compareció, este 2 de diciembre, fue María Sara Jijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), quien confirmó que la empresa Gisberg Ecuador no podía contratar con el Estado desde el 11 de julio 2019, porque la Empresa Pública de Fármacos del Ecuador (Enfarma EP) comunicó la declaratoria de contratista incumplido.

Tras las preguntas del interpelante, Ricardo Vanegas, la funcionaria afirmó que la empresa Gisberg está inhabilitada para participar en el mercado público a través de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública; sin embargo, ha podido participar en el mercado privado.

Pero que, desde el mes de mayo de 2022, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) retiró los registros sanitarios y la certificación de buenas prácticas de manufactura; por lo tanto, “desde el mes de mayo del presente año, Gisberg y sus medicamentos ya no tienen la posibilidad de participar en ningún mercado, ni público ni privado”, apuntó.

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Lo que cuestionan los interpelantes es que la empresa Gisberg Ecuador comercializó medicinas durante el primer año del gobierno de Guillermo Lasso y no contaba con los permisos respectivos, pero que utilizó a universidades para crear empresas públicas y poder participar en subastas convocadas por el Ministerio de Salud para proveer medicamentos.

María Sara Jijón aclaró a la legisladora Ana Belén Cordero (BAN) que fue antes de que se retirara la certificación de buenas prácticas de manufactura a la empresa Gisberg cuando el Ministerio de Salud liderado por Ximena Garzón hizo la compra de medicamentos.

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Karina Paladines, directora de Auditoría de Salud de la Contraloría General del Estado, ante la Comisión de Fiscalización reveló que ese órgano de control generó 166 informes generales y 87 con indicios de responsabilidad penal entregados a la Fiscalía General del Estado relacionados con compras de medicinas e insumos entre los años 2019 y 2022, tanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como en el Ministerio de Salud Pública.

Respecto a la sustanciación del juicio político a la exministra de Salud, Paladines afirmó que, de los informes señalados, cuatro informes generales y uno con indicios de responsabilidad penal incluyen en su análisis el periodo de gestión de la exministra Garzón; sin embargo, no constan responsabilidades o indicios de responsabilidad penal a nombre de Ximena Garzón. Los informes generales, aclaró la funcionaria, no han sido predeterminados hasta el momento.

Dentro de la estructura orgánica que maneja el Ministerio de Salud Pública, sus unidades médicas están desconcentradas y descentralizadas; consecuentemente, los procesos de adquisición de insumos y medicamentos son ejecutados directamente por cada casa de salud, reiteró la funcionaria de la Contraloría del Estado.

Los informes generales del periodo de 24 de mayo de 2020 a 5 de julio de 2022 se realizaron en el hospital general de Esmeraldas Delfina Torres, de Concha; hospital general Liborio Panchana, de Santa Elena; hospital Gustavo Domínguez, de Santo Domingo de los Tsáchilas; y hospital general Guasmo Sur, en Guayaquil. De este grupo, el indicio de responsabilidad penal se encuentra en el hospital general Guasmo Sur, de Guayaquil.

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La funcionaria de la Contraloría, durante su comparecencia, reveló que desde el 23 de mayo de 2021 se realizaron distintas compras en el sistema nacional de salud por régimenes especiales a través del Sercop, con la participación del Ministerio de Salud, el IESS y las empresas públicas creadas por varias universidades estatales.

Detalló que se adquirieron medicamentos de empresas públicas de la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad Técnica Estatal de Quevedo a pesar de que las dos universidades, a través de sus empresas públicas, no cuentan con los registros sanitarios y los certificados de buenas prácticas de manufacturas.

Reveló que las universidades vendieron medicamentos en asociación estratégica con la empresa Gisberg Ecuador, la cual tiene en revisión los certificados de buenas prácticas y manufactura.

Por tanto, la auditoría interna del Ministerio de Salud Pública realizó una verificación preliminar con orden de trabajo correspondiente a los procesos de emergencia focalizada al régimen especial, realizados en el mes de agosto y diciembre de 2021.

Sus resultados, añadió Paladines, determinaron que amerita la ejecución de una acción de control, la cual se realizará con cargo al plan anual 2023, de acuerdo a la disposición de la Contraloría del Estado. (I)

Redacción
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