A poco más de un mes después de que la audiencia preparatoria de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso Las Torres no se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el juez penal que lleva el caso, Felipe Córdova, define que la diligencia en cuestión se dará el próximo 26 de octubre, a las 09:00.

La notificación la hizo el juez la tarde del viernes último, una vez que la Fiscalía habría cumplido con la pericia definida, se ha recibido el informe y se ha puesto en conocimiento de los sujetos procesales lo referido. Adicionalmente, la convocatoria se dio debido a que se ha informado a Córdova que la Fiscalía dispuso el cumplimiento del requerimiento efectuado por defensa del exgerente de Petroecuador Pablo Flores Cueva, en relación con la pericia técnica que no habría sido atendida previamente.

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Luego que la fiscal, Diana Salazar, emitió un dictamen no acusatorio contra Elsie Cueva y Marco Flores, padres del exgerente de Petroecuador, y retiró el pedido de procedimiento abreviado para Esteban Celi, hermano del excontralor también investigado en esta causa Pablo Celi, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada solo se dará en contra de doce procesados.

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Para Salazar, el 20 % de una factura que adeudaba Petroecuador a la empresa Nolimit C.A., por $ 20,3 millones, era el beneficio que pretendía obtener la “organización delictiva” en la que habrían ejercido el liderazgo el exgerente Pablo Flores, el excontralor Pablo Celi y el fallecido exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, sobre quien se encuentra extinguida la acción penal.

QUITO (16-08-2021).- Asamblea Nacional trató el jucio político al excontralor Pablo Celi. Aquí, el exfuncionario hace su ingreso al pleno. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

La fiscal señaló el 21 de septiembre pasado, durante la audiencia en la que se negó el primer procedimiento abreviado solicitado para Esteban Celi, que entre 2017 y 2020 en Quito se formó un grupo estructurado a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, la Contraloría General (CGE) y la secretaría de la Presidencia de la República.

Todos ellos, explicó, valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco habrían planificado obtener beneficios económicos como finalidad de su organización, a través de varios colaboradores, entre funcionarios públicos y privados, coordinando, gestionando y planificando la comisión de delitos con penas mayores a cinco años.

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Como colaboradores de la estructura, relató Salazar, habrían intervenido Natalia Cárdenas, José Raúl De la Torre y Roberto Barrera, ambos sentenciados en Estados Unidos por estos mismos hechos; el exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana; Martha Barrezueta, esposa de Barrera; Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de Presidencia, Roy Calero, Esteban Celi, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, su hijo Ángelo Rodríguez y Andrés Luque.

“La organización se valió de diversos colaboradores que gestionaron los pagos que debía realizar el Estado a través de la empresa Petroecuador a la empresa Nolimit, con la única finalidad de cristalizar la obtención de beneficios económicos, siendo ellos los ejecutores y emisarios de quienes ejercían su mando”, apuntó la fiscal Salazar.

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El 21 de septiembre último, el juez Felipe Córdova negó durante el procedimiento abreviado solicitado para Esteban Celi, debido a que el procesado aceptó parcialmente y no de forma total la responsabilidad de los hechos señalados por la fiscal general en su acusación. La defensa de Celi volvió a presentar el pedido para procedimiento abreviado, pero al no existir un acuerdo entre la Fiscalía el procesado para someterse al procedimiento especial, “por no cumplir con el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal, se dejó sin efecto la convocatoria a la audiencia señalada para este lunes 18 de octubre”.

Pese a que ya se ha dado la fecha para la audiencia, la misma aún tendría la posibilidad de diferirse, debido a que, por ejemplo, la defensa del exgerente Pablo Flores, Pablo Encalada, es parte procesal de la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado que se inició hace trece días contra el exalcalde Jorge Yunda y otras trece personas más.

En ese caso, el fiscal provincial Alberto Santillán aún continúa presentando su prueba pericial y testimonial, y resta intervenir la acusación particular con su prueba testimonial, pericial y documental y las defensas de los catorce procesados con toda su carga probatoria para rechazar la acusación fiscal. (I)