Instrucción fiscal en caso Sinohydro ingresa en los 30 días finales; aún no se conoce si al expresidente Lenín Moreno se le definirá o no prisión preventiva

Ni fecha para reinstalar la diligencia, ni una resolución existen 16 días después de que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Bayardo Espinosa, suspendió la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso Sinohydro e ingresó a analizar los cambios solicitados por la Fiscalía y varios de los 14 de los 37 acusados por el delito de cohecho, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, su esposa, Rocío González y su hija Irina Moreno.

Por el incumplimiento de las medidas de presentación periódica dispuestas el fiscal general subrogante Wilson Toainga, el 19 de abril pasado, no solo pidió se ordene la prisión preventiva del exmandatario ecuatoriano, de su esposa e hija y otros siete procesados, sino también solicitó se notifique a la Interpol (Policía internacional, por sus siglas en inglés) para que se los localice y detenga en territorios extranjeros.

El pedido para que se realice una audiencia de revisión lo hizo la Fiscalía, pero se sumaron los también procesados Francisco Espinosa, Carlos Almeida, Francisco Chiriboga, Henry Galarza. Incluso las defensas de Moreno, González y su hija, Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño presentaron peticiones para que el conjuez revise las medidas cautelares de carácter real y personal que pesan sobre ellos desde el 5 de marzo pasado.

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El conjuez Espinosa debe analizar no solo el planteamiento hecho por el fiscal Toainga, sino las propuestas que hacen las defensas de los procesados. Por ejemplo, el abogado de Moreno y González insiste en que se les cambie la presentación periódica cada 15 días que deben cumplir en la Corte Nacional, en Quito, por una presentación en la Embajada de Ecuador en Paraguay, país en el que se encuentra desde el 2022 el exprimer mandatario cumpliendo un cargo ad honorem en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Irina Moreno y los esposos Carmigniani Patiño también piden que se les permita cumplir su presentación periódica en una delegación diplomática ecuatoriana en el extranjero. La primera propone que se lo haga en Miami, Estados Unidos; mientras que los segundos en Panamá. Otros solicitan se les deje.

David Meza, abogado de los Moreno González, califica de viable el pedido, no solo por sentencias existentes que valoran la situación de vulnerabilidad similar a la del expresidente, sino también por que la justicia ecuatoriana ya ha requerido a las autoridades de Paraguay para que puedan realizar diligencias judiciales, por ejemplo, la toma de una versión a Lenín Moreno dentro de otra causa penal abierta.

La defensa del expresidente piensa que la intención de la Fiscalía no se está tomando en cuenta la situación médica y humana del expresidente que tiene 70 años y mantiene el 81 % de discapacidad.

Temas de edad, problemas de salud y dificultad para trasladarse hasta la capital ecuatoriana estuvieron entre las razones por las que otros procesados solicitaron se module el tiempo y el lugar de presentación definido originalmente en sus presentaciones periódicas, para que ahora se lo haga en sedes de cortes provinciales del Guayas y de El Oro.

Otro de los temas que deberá dirimir el conjuez Espinosa es lo dicho por el fiscal Toainga, quien basado en el principio de igualdad pidió que se definan medidas cautelares para los ciudadanos chinos contra quienes se formuló cargos Yang Huijun y Song Dongsheng.

Un total de 37 personas son investigadas en este proceso penal por el delito de cohecho al ser supuestamente parte de una red de corrupción que permitió, mediante sus acciones, que la empresa china Sinohydro se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

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La teoría del caso señala que a modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones, dineros que terminaron siendo repartidos entre los sospechosos a través de transferencias y el cobro de cheques y el uso de empresas de los procesados.

De los 90 días definidos para la etapa de instrucción fiscal, ya han pasado 60 días entre la toma de versiones, la pericia de documentos, elementos electrónicos, el pedido de información a instituciones públicas y privadas, la solicitud de asistencias penales internacionales, entre otras diligencias. El caso entra en los 30 días finales de instrucción y en al menos 60 días, varios de los acusados no han cumplido ni una sola vez sus presentaciones periódicas definidas. (I)