El 11 de agosto de 2023, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las pruebas usadas contra el exvicepresidente Jorge Glas en el caso Odebrecht.
El magistrado José Dias Toffoli extendió a Glas una decisión para anular pruebas que antes habían beneficiado a políticos brasileños que también fueron investigados en dicho caso, principalmente el ahora presidente de ese país, Luis Inácio Lula da Silva.
Lula fue condenado a ocho años de prisión en el 2018 por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro, que luego fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.
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En el 2021, no obstante, el Supremo Tribunal Federal de Brasil revocó la condena de Lula argumentando que no se le habían respetado sus derechos. Y luego, Ricardo Lewandowski, juez del mismo tribunal, resolvió que los documentos y las confesiones de ejecutivos de Odebrecht que citaban a Lula carecían de validez porque el acuerdo que la empresa negoció con la Fiscalía fue impulsado por Moro.
Un año después de la decisión de la justicia de Brasil que benefició a Glas, la Fiscalía General revela un documento en el que se explica a detalle cómo el exvicepresidente puedo conseguir que las anulación de pruebas en Brasil lo alcanzara.
Se trata de una carta que le envió Sonia Vera, quien es parte del equipo de defensa internacional de Glas, a su cliente el 21 de abril del 2023. Ese escrito actualmente es parte del expediente del caso Plaga, en el cual se investigan actos de corrupción que involucran a jueces, fiscales, policías y juristas.
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En ese documento, la abogada de Glas le explica que el juez de Brasil, Ricardo Lewandowski, había invalidado todas las pruebas contra Lula da Silva. Este hecho generaría, a criterio de la jurista, la posibilidad de que esa nulidad se extienda al exvicepresidente.
“Debido a la amistad que tengo con Rodrigo Tacla desde hace algunos años, me dijo que se podría extender la nulidad a usted, Jorge”, señala Vera en el escrito.
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Tacla es un abogado que fue señalado como el presunto cerebro financiero de la trama de corrupción del caso Odebrecht.
La abogada le explica a Glas que debían contratar al abogado brasileño Leandro Ponzo.
En un principio, Vera señala que Tacla se ofreció a costear ese servicio, pero luego le preguntaron al presidente (no precisa nombre) y no aceptó. Los honorarios de los abogados se fijaron en $ 120.000. “Yo hablé con Rodrigo y se bajó a $ 50.000″, señala.
En el documento también se incluye que los pagos se realizarían así: $ 10.000 al firmar el contrato y luego el abogado Ponzo recibiría $ 2.000 mensuales durante seis meses. Tras conseguir la extensión de la nulidad se le cancelaría el restante de los $ 50.000.
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Según la explicación de Vera, la estrategia de trabajo y el escrito se presentaría en el Juzgado Federal de Curitiba de Brasil y en el Tribunal Supremo Federal brasileño para anular toda la cooperación internacional de Brasil y Ecuador. Entre las pruebas que acordaron anular estaba la cooperación de José Concienciao Santos, exejecutivo de Odebrecht, con Ecuador.
La estrategia pactada entre Glas y su abogada habría dado resultados, ya que la nulidad de las pruebas que se logró para Lula alcanzó al vicepresidente ecuatoriano.
Glas fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht a fines del 2017. El fallo quedó en firme en el 2019.
Al año siguiente fue sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, junto con otras figuras del correísmo, incluyendo al expresidente Rafael Correa.
Actualmente está preso en la cárcel La Roca, en Guayaquil, por una investigación de peculado en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 2016. (I)