El Grupo de Puebla y el Observatorio de Lawfare anuncian que respaldarán, mediante amicus curiae, la apelación planteada por la defensa del líder del correísmo Jorge Glas contra la sentencia dictada sobre un habeas corpus que declaró “ilegal y arbitraria” la detención del exvicepresidente, pero no ordenó su salida de la cárcel de máxima seguridad La Roca, de Guayaquil.

Tanto Marco Enríquez-Ominami, del Grupo de Puebla, como Tamara Lajtman, del Observatorio Lawfare, básicamente plantean empujar que los jueces que atiendan esta petición en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ordenen la salida de la cárcel de quien formó binomio presidencial con Rafael Correa, que se retorne a la situación previa al “asalto” de la Embajada de México, en Quito, en la que se detuvo a Jorge Glas, y que al líder correísta se le conceda el salvoconducto para que sea amparado por el derecho de asilo que le asiste y le otorgó México.

El 12 de abril pasado, luego de haberse registrado el 5 de abril último la detención de Jorge Glas en una incursión dentro de la Embajada de México, ubicada en el norte de la capital ecuatoriana, los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas aceptaron de forma unánime el recurso de habeas corpus, determinando por un lado que fue ilegal y arbitraria la detención del líder de la Revolución Ciudadana, pero, por otro, la Sala no dispuso su liberación, porque aún tenía una sentencia condenatoria de ocho años por cumplir, la cual no podía ser modificada por el Tribunal de habeas corpus.

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“Personalidades políticas y además con expertos legales en distintos países hemos tomado la determinación de acompañar la audiencia de apelación de este recurso de habeas corpus que entendemos se realizará en breve allá en Quito a través del mecanismo del amicus curiae. (...) Estamos anunciando que habrá muchas personalidades y organizaciones que se irán sumando a hacer parte con nosotros, a través del mecanismo del amicus curiae, de esta audiencia que esperemos se restauren los derechos del ciudadano Jorge Glas, que se retorne a la situación previa al asalto de la Embajada de México y que, por supuesto, él sea amparado por el derecho de asilo que le asiste”, explicó Sacha Llorenti, exembajador de Bolivia ante la ONU.

Enríquez-Ominami sostuvo que quienes integran el Grupo de Puebla acompañarán la demanda de respeto a la condición de asilado político de Jorge Glas e insistirán en que se restituya a la situación anterior al “secuestro” de un asilado político como el exvicepresidente Glas y que se le otorgue el salvoconducto respectivo. Afirmó que respetarán el principio de autodeterminación de los pueblos, la soberanía de cada uno de los países, pero también reconociendo que están preocupados del derecho internacional.

Por su parte, Tamara Lajtman, además de los pedidos comunes que se hacen en la apelación a favor de Jorge Glas, señaló que otra de las cuestiones es que se solicita que las instituciones involucradas en la “invasión” de la Embajada de México remitan los nombres de quienes “irrumpieron” en la Embajada, esto con el fin de que la Fiscalía inicie una investigación.

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“Algo que queremos dejar marcado con esta iniciativa es que no es una situación que podemos dejar que desaparezca, ni mediática, ni políticamente, por eso estamos en esta campaña, que va a ser permanente, con el objetivo de que Jorge Glas tenga su libertad, de que se respete la protección del derecho de asilo y que pueda vivir con todos sus derechos en México”, aclaró la representante del Observatorio Lawfare.

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Aún no existe una fecha para que se realice la audiencia de apelación, ni tampoco se conocen los nombres de los magistrados que analizarán este recurso dentro de la Corte Nacional. Los amicus curiae anunciados se plantearían formalmente ante la Corte Nacional en los próximos días.

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Tanto la Procuraduría General del Estado como el Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la República han apelado la decisión que declaró “ilegal y arbitraria” la detención de Jorge Glas tomada de forma unánime por un Tribunal de la CNJ. Desde estas instancias se cree que no se debió aceptar el recurso constitucional porque no ha existido la violación de derecho alguno y tampoco se ha dado una detención arbitraria o ilegal. Lo que se piensa es que en este caso se ha procedido a una detención de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. (I)