José Serrano, exministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa, informó que presentó una denuncia por el censo llevado a cabo en Ecuador en el 2022.

“Hemos presentado ya la denuncia respectiva por el censo fraudulento (Daniel) Noboa / (Guillermo) Lasso. Incluyeron a más de 750 mil personas inexistentes en el censo! Manipularon la base de datos y hoy están vendiendo esa base de datos, hasta a estructuras criminales!”, escribió Serrano en sus redes sociales.

“El banquero de la mafia albanesa @LassoGuillermo y el déspota de las narco bananeras @DanielNoboaOk al acecho! Se quieren llevar el país en peso! Veamos que hace la Justicia con estos criminales", agregó.

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El también expresidente de la Asamblea Nacional compartió fotografías de una notitia criminis dirigida a la Fiscalía General del Estado, donde detalla las presuntas irregularidades.

Serrano se basó en el informe de Contraloría General del Estado DNA1-0028-2025, donde se identifican “graves irregularidades y omisiones en la ejecución del censo nacional de población en Ecuador, las cuales podrían configurar delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.

“El informe revela fallas sistémicas, manipulación de datos y brechas de seguridad, señalando como presuntos responsables al Director y Subdirector General del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)”.

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Algunas de las irregularidades que denuncia Serrano serían: “vulneraciones de seguridad y acceso indebido a la base de datos”, “no se implementaron medidas efectivas de seguridad informática antes ni durante el censo”, “funcionarios del INEC recibieron órdenes directas de guardar silencio sobre estas vulnerabilidades” y “se incorporaron viviendas inexistentes por órdenes de la Dirección del INEC”.

Asimismo, de acuerdo al exministro, se habría realizado una compra irregular de software y manipulación de datos, pues “se adquirió un software del Banco Mundial que resultó inoperante” y “se utilizaron programas externos para manipular la base de datos y corregir inconsistencias”.

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Además, detalló una “inflación artificial de cifras poblacionales” y el uso de “un algoritmo sin precedentes en censos de población para asignar autoidentificación étnica a casos inexistentes, afectando las estadísticas de población afroecuatoriana e indígena”.

Con el documento y el sustento del informe, Serrano solicitó a la Fiscalía proceder con las acciones correspondientes para determinar la posible existencia de delitos y establecer responsabilidades penales en relación con las irregularidades detectadas en el censo nacional 2022.

“Asimismo, considerando la gravedad del asunto y el impacto sobre la gestión pública, solicito que se adopten medidas cautelares para evitar que los datos censales alterados sean utilizados en procesos de planificación gubernamental, distribución de recursos y definición de escaños legislativos”, agregó.

El censo estaba inicialmente planificado para el último trimestre de 2020, pero complicaciones por la pandemia del covid-19 retrasaron su ejecución hasta el 2022. (I)

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