Jueza que rindió testimonio anticipado en caso por tráfico de influencias contra dos vocales de la Judicatura es parte del programa de víctimas y testigos

Poco más de dos meses se mantiene dentro del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía la jueza de Pichincha que rindió su testimonio anticipado a mediados de marzo pasado dentro de lo que ahora se conoce como el caso Vocales, pues son dos integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) con esas funciones los que están a la espera de una audiencia de formulación de cargos por el delito de tráfico de influencias.

La fiscal general, Diana Salazar, asegura tener un caso sólido, basado en elementos encontrados en diez meses de una investigación previa que arrancó con el análisis de unos audios en los que se escucha hablar al vocal de la Judicatura Juan José Morillo, en presencia de la también vocal Maribel Barreno, pidiendo el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución.

En la conversación habría estado presente la jueza que hoy es testigo protegido. Ella asegura haber grabado la reunión que se dio a inicios de junio de 2022, en un edificio y oficina que no tenía nada que ver con la Función Judicial, debido a que no se sentía ni cómoda ni segura de lo que se iba a dar en una cita a la que fue convocada por su “jerárquico superior”: Morillo, en ese momento presidente del CJ encargado.

Un testimonio anticipado y un audio original, elementos centrales de una acusación por tráfico de influencias contra dos vocales del Consejo de la Judicatura

La Fiscalía no solo mantendría en el expediente de este caso el testimonio anticipado de la servidora judicial, sino también el audio completo de la conversación que se habría dado y por la que también se formularán cargos contra el juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhaya, expresidente de la Corte de Justicia de Pichincha.

“Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”, señaló Salazar en un video con el que informaba, el 28 de abril pasado, de su pedido a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para definir día y hora para formular cargos contra Morillo, Barreno y Jhaya.

Entre otras cosas, la testigo asegura que los funcionarios de la Judicatura prevaliéndose de sus cargos, dado que eran el presidente del CJ encargado y la vocal, “estaban ejerciendo influencia en el juez y en nosotros para que se logre sacar un fallo favorable para ellos políticamente”.

Dolores Vintimilla, abogada de Barreno, señala que en el momento procesal oportuno demostrarán que el testimonio anticipado está en contra de la verdad, ya que hay muchas contradicciones. “No estamos frente a un delito sexual, en el cual el testimonio anticipado cobra relevancia, este testimonio debería ser corroborado por las otras pruebas y no ha pasado eso en este caso. (...) Consideró que este es un tema político que debería dejarse de lado y tratarse como un tema netamente penal bajo las mismas garantías constitucionales”.

Para Jesús López, defensor del juez Jhaya, en el expediente no existiría nada que revele que su cliente tenga participación en el tráfico de influencias que se investiga. “El testimonio anticipado que existe en el caso no se refiere en nada a mi representado, por lo que no da cuenta de alguna responsabilidad. (...) El testimonio anticipado lo rinde otra señora juez de la misma Corte Provincial (de Pichincha), pero no se refiere en nada a mi representado. (...) Él aparentemente estuvo en la reunión, pero estuvo conversando con otra persona de otros temas, por lo tanto él desconocía lo que se estaba conversando entre el señor (Juan José) Morillo y la otra persona que se encuentra investigada”.

Tres investigaciones previas por supuestos actos de corrupción mantienen en el lente de Fiscalía a funcionarios del Consejo de la Judicatura

La grabación de la conversación hecha con un celular había sido entregada por la jueza hoy protegida a dos autoridades: al presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, y al entonces titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

El 4 de mayo último la primera convocatoria a audiencia de formulación de cargos se difirió. El juez nacional a cargo, Walter Macías, fue recusado por la vocal Barreno ante una supuesta enemistad manifiesta. Días después se dio la audiencia de recusación en la que se decidió por unanimidad rechazar el recurso y mantener en la causa a Macías.

Finalmente, con los votos a favor del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal Xavier Muñoz se decidió la suspensión por tres meses de Macías. Barreno y Morillo se abstuvieron de votar. La suspensión temporal del juez se dio ante actuaciones como juez penal de la CNJ y ante una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres.

El nuevo juez de la causa es Javier De la Cadena y la nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos es el próximo 7 de junio. (I)