Lenín Hurtado: Que se matase de esa forma a Jaime Hurtado, un líder político de izquierda prominente, fue un mensaje del Gobierno

Miércoles de Ceniza, 17 de febrero de 1999. 13:30. El entonces diputado emepedista Jaime Hurtado González salía de la sesión matutina del Congreso Nacional de camino a su oficina particular, ubicada a pocas cuadras. Lo acompañaban su alterno Pablo Tapia y su asesor de despacho Wellington Borja. Fueron interceptados por sicarios (no está claro cuántos) que los asesinaron.

Su hijo, Lenín Hurtado Angulo, relata a EL UNIVERSO lo que pasó ese día y el curso que tomó el caso en los años siguientes con la serenidad que le ha concedido el tiempo, pero a la vez con el pesar de quien solo logró justicia “a medias” para el crimen de su padre.

Uno de los crímenes políticos que enlutaron la democracia del país desde 1979 y que en estos días se evoca al cumplirse un mes del asesinato del exlegislador y excandidato presidencial Fernando Villavicencio cuando salía de un mitin político en la capital.

Hurtado Angulo tenía 35 años cuando mataron a su padre con cuatro disparos. “El 19 de febrero, dos días después, el presidente Jamil Mahuad presentó en cadena nacional a tres presuntos involucrados que capturó la Policía: Cristian Ponce, Serguei Merino y Washington Aguirre. Los mostraron como los únicos involucrados. ¿El móvil? Que mi padre estaba vinculado a la guerrilla colombiana, por lo que Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, dispuso su asesinato. Que las armas fueron echadas al río Machángara, que el vehículo comprado para el operativo había sido capturado... Es decir, todo estaba cerrado, según la versión oficial, y en ese momento había que empezar a investigar los vínculos de mi padre y del MPD con la guerrilla. O sea, ahí se justificaba el crimen y se criminalizó a las víctimas”.

¿Cómo llegó el Gobierno a la conclusión de que su papá era parte de la guerrilla?

Por la versión de Aguirre. Él decía que informantes de la DEA y de la Policía le habían contado que los sicarios vendrían a asesinarlo por eso; él dijo que había tenido contacto con los organizadores del crimen. Ellos (Aguirre, Merino y Ponce) compraron el vehículo, proveyeron las armas, el departamento donde estaban alojados los sicarios, según declararon ante la Policía y en el posterior proceso judicial.

¿Cómo la familia desvirtuó eso?

Constituimos la Comisión Especial de Investigaciones con diversos integrantes. Estaban el delegado de la Conferencia Episcopal, del Gobierno, de los familiares de las víctimas, de organizaciones de derechos humanos, como la Aldhu (Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Investigamos y desechamos esa versión oficial. Cuando entregó el informe, la Policía dijo que esa era una versión provisional, inicial, y que continuarían las investigaciones. Nosotros pedimos los informes posteriores y el comandante de Policía de la época, Humberto Villarruel Merino, me dijo a mí personalmente que no había ningún otro informe porque no hubo más investigaciones y que se ratificaba en lo que dijeron el 19 de febrero. Pero yo conversé con el jefe de la Policía de Colombia, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), el fiscal colombiano, y dijeron que no había ninguna evidencia de que ciudadano colombiano alguno estuviera involucrado en la planificación o en la ejecución del asesinato. Ni siquiera Carlos Castaño (líder de los paramilitares) admitió su participación... Él dijo que no tenía nada en contra de Jaime Hurtado, que sabía quién era, que era muy contrario a su posición política e ideológica, pero que tenía muchos problemas en Colombia como para ir a buscar más al Ecuador. Él mismo lo negó.

¿A quién se lo negó?

Tuvimos acceso a ellos a través de la Aldhu, a ellos les dijeron que ni los paramilitares ni los del ELN habían participado en el asesinato. Más bien nosotros probamos luego que hubo participación de elementos de seguridad del Estado.

¿Cómo se desarrolló el proceso judicial?

Inicialmente se vinculó a los tres ya mencionados. Luego fue involucrado Freddy Contreras Luna, uno de los miembros del equipo de seguridad de Medardo Cevallos Balda, quien era embajador en México, nombrado por Mahuad semanas antes del asesinato. Él estaba siendo investigado en Manabí por la Policía Antinarcóticos. Se estableció posteriormente que tenía vínculos con el narcotráfico del lado del cartel de Sinaloa. Por eso la Policía lo investigaba y mi padre se involucró en esa investigación, no tanto por el tema narcotráfico, sino por las relaciones con el gobierno de Mahuad. Cevallos Balda admitió ser uno de los financistas de la campaña de Jamil Mahuad de 1997. Él era el dueño del Bancomex y otros negocios en Manabí. Él me dijo que había contribuido más o menos con 500.000 dólares, y ratificado también por Eduardo Mahuad, que era su socio comercial. Mi padre investigaba esos vínculos, según él, muy discretamente, pero creemos que fue detectada la investigación y que eso provocó la disposición de acabar con su vida.

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La vinculación de Freddy Contreras surgió muy fortuitamente años después. La Policía parece que estaba tras su pista por otros presuntos asesinatos, por encargo de la familia Cevallos. A un trabajador de ellos, del equipo de seguridad, le debían dinero y este se sustrajo armas y un vehículo como una “indemnización”. Fue perseguido por el equipo de seguridad y capturado en Ambato, obviamente él sabía lo que le iba a pasar. Él acudió a la Policía diciendo lo que estaban por hacerle y que tenía información sobre el asesinato de Hurtado. Dijo que Contreras era uno de los gatilleros. Este fue identificado por una de las personas que estaban en la escena del crimen en Quito porque lo vio de frente saliendo del sitio. Él estaba en la comisaría de Policía que está al pie del lugar del asesinato. Cuando escuchó los disparos, salió y vio que el tipo salía con el arma en la mano. Después, cuando estaba detenido en la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, lo llevamos a verlo; estuvo con él, lo observó algún tiempo, porque habían pasado un par de años, y lo reconoció, eso nos ratificó que él era uno de los asesinos, más la vinculación del arma que usaba en la empresa de Cevallos. A los Cevallos, Medardo y sus dos hijos, se los vinculó como autores intelectuales, además de otras personas.

¿Por qué concluyeron que el Estado había participado en el crimen?

Uno de los principales testigos fue Michel Oña, que era asesor parlamentario del bloque socialcristiano. Él estuvo siguiendo los pasos de mi padre dentro del Congreso y fue quien avisó de su salida del Congreso a los asesinos que estaban en la esquina. Este individuo, que vivía en un departamento cerca del Congreso, fue asesinado por la Policía. Allanaron su casa y lo mataron. Y eso lo probamos porque la Policía dijo que había sido en defensa propia, que los había recibido a tiros. Mostraron una cartuchera de un solo tiro y de perdigones. Mostraron el chaleco del policía y el impacto era de una nueve milímetros, no de un arma de esas. Demostramos además que la única trayectoria posible del disparo que tenía era de abajo hacia arriba. Es decir, lo habían asesinado acostado para neutralizarlo y era una persona que podía dar mucha información sobre la planificación y ejecución del crimen e incluso la identidad de los autores intelectuales.

¿Cómo se judicializaron los hallazgos que hacía la Comisión?

A través de la acusación particular, yo era el procurador común de los acusadores particulares, es decir, de los familiares de los asesinados. Con el equipo de abogados que teníamos integrábamos la información que recabamos en la Comisión al proceso judicial. Nosotros investigamos, por ejemplo, las llamadas realizadas desde y hacia los teléfonos celulares de los tres inicialmente involucrados. La Policía no hizo eso, algo que es básico en una investigación. Nosotros determinamos una serie de relaciones con personas en Los Ríos, en Manabí, en Guayaquil, en Quito, que pudieron llevar, si la Policía hubiera querido, a la identificación de los autores intelectuales. La Policía nunca quiso hacerlo. Incluso llegaron hasta a pretender descalificar la información que entregábamos, porque dijeron que los números celulares de origen y destino de las llamadas eran clonados. Pero también había números telefónicos fijos, convencionales, y tampoco investigaron. Nosotros investigamos con las guías telefónicas, así de artesanal era la búsqueda, algo que ellos pudieron haber hecho muy rápidamente, pero no quisieron. Y finalmente los investigadores que tenían algún nivel de responsabilidad, por omisión, complicidad o encubrimiento, por lo menos, decidieron acogerse al derecho al silencio en el proceso judicial, obstaculizando de esa forma el esclarecimiento del caso.

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¿Qué pasó con los procesados?

Contra Ponce, Merino y Aguirre se iniciaron cuatro procesos simultáneamente por asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, el asesinato y atentar contra la seguridad interna del Estado. Por asociación ilícita se los sentenció a seis años, pero recordemos que estaba vigente el dos por uno en esa época, dos por uno, a tres. Y por el tema del año jubilar del 2000, el Vaticano solicitó la reducción de las penas, solo Ecuador y Bolivia concedieron eso, así que un año menos, hasta que a los dos años salieron por buena conducta pese a que tanto Merino como Aguirre habían estado involucrados en altercados dentro de la cárcel. Luego cumplieron la sentencia, salieron y desaparecieron. Nosotros les pedimos que no los liberen porque estaban en curso otros procesos, pero salieron de todos modos.

En el 2005 Aguirre, Merino y Ponce fueron sentenciados a 16 años por el asesinato de mi padre. Como estaban fuera del país, los procesos se suspendieron hasta que Ponce fue capturado en el 2007, en Estados Unidos, por una infracción de tránsito, la Policía vio que tenían una alerta roja en Interpol y lo deportó inmediatamente porque tenía también faltas migratorias en Estados Unidos. En Ecuador fue apresado. A estas alturas ya debe haber salido, el juez nunca nos lo dijo.

Aguirre, en cambio, fue capturado en Italia también por un tema migratorio, en el 2013. Estaba volviendo con identidad falsa desde Jordania y al ingresar eso fue detectado, capturado, con alerta roja, y se inició un proceso de extradición que no fue conducido adecuadamente por la Corte Suprema de Justicia. Así que no sabemos nada sobre la suerte de Aguirre, si sigue detenido en Italia o fue liberado. No sabemos dónde está.

Y Merino nunca fue ubicado porque su madre era rusa y cuando salió del país creemos que se fue allá.

Contreras también fue sentenciado por el asesinato de mi padre y se le dio la pena máxima de 16 años. Trató de salir por el año sin sentencia, porque hubo mucha maniobra dilatoria y a la fiscal general de entonces, Mariana Yépez, le exigimos que evitara eso. Salió a los ocho años.

En el caso de los Cevallos no hubo las pruebas suficientes para vincularlos como autores intelectuales, porque Freddy Contreras, que trabajaba con ellos, se negó a involucrarlos. Los tres después salieron del país también, recordemos que estuvieron involucrados en el tema de feriado bancario y les incautaron propiedades. El padre falleció, uno de los hijos vive en Costa Rica y otro en Estados Unidos.

¿Nunca se halló a los autores intelectuales?

No, nunca.

¿Cómo cree que impactó el crimen de su papá en la democracia ecuatoriana?

Fue un golpe terrible. A diferencia de lo que pasa ahora, no había tanta violencia en el país. Creemos que el que se matase a Jaime Hurtado, que era un líder de la izquierda, una figura prominente en la política nacional, de esa forma, fue un mensaje. Porque nadie puede cometer un crimen en ese sector y salir bien librado. Al pie de la Corte Suprema, del Ministerio del Trabajo, al frente de una comisaría y a la vuelta había otra, a la vuelta de la Contraloría... Todos tenían seguridad, ¿y cómo es que a una persona que se roba un caramelo la cogen a los dos pasos y aquí matan a tres personas y se van como si nada? Entonces creemos que fue gracias a la cobertura de organismos de seguridad del Estado.

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¿Un mensaje de quién?

Del Gobierno contra todos aquellos que pretendiesen, por ejemplo, escarbar las conexiones de Mahuad con el narcotráfico... Dijimos entonces que era necesario el esclarecimiento de los hechos para evitar justamente la reincidencia. La impunidad es el principal estímulo con la reincidencia. Y nosotros dijimos hay que investigar, el asesinato no puede ser parte del debate político en Ecuador. Lastimosamente no se hizo lo que se tenía que hacer y hoy estamos pagando las consecuencias, porque el asesinato político ya se volvió común en el país en los últimos dos o tres años. El antecedente del asesinato de mi padre fue 20 años antes, con el asesinato de Abdón Calderón, que no era diputado, pero era una figura importante en la política.

Y está también la muerte de Roldós, en la que siempre quedó la duda de que el accidente aéreo haya sido un atentado producto de un complot nacional e internacional...

Sospechas, pero no tenemos la certeza. En el caso de Calderón y de mi padre fueron ejecuciones clarísimas. Mi padre fue parte de la comisión del Congreso que investigó el accidente en el que murió Roldós y que presidió Otto Arosemena.

¿Cuál cree que fue el legado de su padre? ¿Cómo lo asumió usted?

El compromiso con la lucha por cambiar este país. Cuando murió él como que me vi de repente en ese camino o se precipitó... No estaba decidido a ser candidato ni a hacer política activa como me tocó hacerlo casi inmediatamente después de su muerte. Yo rechacé ser candidato inmediatamente porque no quería que el voto que se me hacía fuera un pésame. Quería que fuera un reconocimiento de mi propio aporte en el debate político. Yo fui candidato a diputado por Guayas recién en el 2002 cuando Lucio Gutiérrez ganó la Presidencia. Recién entré a la Constituyente de Montecristi, en el 2007.

¿Ve similitudes entre el caso de su papá y el de Villavicencio?

Sí. Crímenes de Estado ambos, y los crímenes de Estado se parecen, eso lo aprendimos bien. Con nosotros colaboró Juan Pablo Letelier, hijo de Orlando Letelier, canciller de Salvador Allende (y asesinado en Washington por Augusto Pinochet). Él me decía: ‘Los crímenes de Estado son así, no es fácil desentrañar toda la maraña que el Estado teje alrededor de estos hechos. Hay que perseverar, porque no es una tarea fácil’.

También veo una similitud en el perfil de las víctimas, ambas eran muy activas políticamente.

Veo el tema de la impunidad, porque nos presentan personajes que son como fusibles para evitar que se llegue a los autores intelectuales, los que dieron las órdenes de los asesinatos. Eso pasó con mi padre, aparentemente está pasando con Villavicencio, con los colombianos que sacaron. A uno lo mataron en la Unidad de Flagrancias en Quito, lo dejaron morir en el piso cuando hay una clínica a pocos metros.

Yo no digo que esté involucrado todo el Estado, sería terrible, pero basta con que haya unos pocos elementos de la seguridad del Estado involucrados para que esto sea así.

En estos casos hubo conmoción social porque las generaciones de ese momento no habían visto un hecho similar... Lo de Abdón Calderón fue escandaloso, sin duda, pero como salíamos de un régimen militar con varias desapariciones de por medio quizás no tuvo el impacto mediático que hay ahora, más aún con el avance de los medios. Lo de Villavicencio tuvo una connotación mundial, porque además estábamos en una campaña y se mata a uno de los candidatos a la Presidencia de la República en el Ecuador en esas circunstancias, y en el pasado reciente han matado un alcalde, han atentado contra otro, han asesinado candidatos a la Asamblea...

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¿Cree que se hizo justicia?

A medias. Logramos determinar que esa versión inicial del gobierno de Mahuad no era verdad y logramos determinar que la labor de mi padre como legislador comprometido con el combate a la corrupción y la reivindicación de los intereses de la mayoría del país fue lo que finalmente derivó en su asesinato. Y, desde luego, preservar la memoria histórica de mi padre era imprescindible, que quede claro que no fue asesinado por las causas que dijeron sino por otras muy distintas a esas.

¿No pensaron en llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

No, porque decidimos que queríamos seguir bregando en el país, en las instancias judiciales locales respectivas, porque la Comisión Interamericana dice que hay que agotar las instancias internas, pero también el paso excesivo del tiempo es como una denegación de justicia. O sea, teníamos que abandonar el proceso aquí para poder ir allá y decidimos no dejar de buscar respuestas nunca. (I)