Atraer al sector privado para que invierta en las áreas protegidas a través de proyectos turísticos sería la pretensión del gobierno de Daniel Noboa con su nuevo proyecto de ley que envió a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.
La Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local es la tercera propuesta legal de carácter económico urgente de iniciativa presidencial, que contiene cinco artículos y una disposición general, que se remitió al Legislativo para su trámite este sábado, 14 de junio de 2025.
En sus justificaciones, el Ejecutivo reconoce que desde la declaración de conflicto armado interno (9 de enero de 2024), la atención se enfocó en contrarrestar la delincuencia y a los grupos criminales y, sobre esos hechos, no hay recursos necesarios para la conservación de las áreas naturales, lo que ha facilitado que el crimen organizado tenga como fuentes de financiamiento la minería y pesca ilegal, caza furtiva, tráfico de especies exóticas y tala indiscriminada.
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A esto se suma que el primer trimestre del 2025 se detectó un déficit presupuestario de $ 726 millones que está “generando un desequilibrio en las finanzas públicas”.
Según el régimen, esto ocurre porque se ha destinado el presupuesto a pagar obligaciones vencidas y recursos para atender a la fuerza pública en sus actividades en el contexto del conflicto armado interno.
Esta situación tuvo efectos en las áreas naturales que están desatendidas, por lo que una alternativa es promover actividades económicas ligadas al turismo.
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El diagnóstico oficial refiere que habría áreas turísticas que tienden a coincidir con cantones que presentan niveles de pobreza relativamente más bajos, lo que ha tenido impacto en la actividad turística.
De esta forma, se buscaría que haya inversión y financiamiento “independiente” en infraestructura turística en la Sierra, Costa y Amazonía, “especialmente en áreas con alta pobreza y baja oferta de servicios”, impulsando el turismo comunitario e incluso atraer la inversión extranjera.
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El proyecto propone adecuar medidas y mecanismos “emergentes para la protección, reactivación económica y sostenibilidad de las áreas protegidas del Ecuador, la valoración y retribución de los servicios ambientales que estas proveen, y el impulso del turismo ambiental y ecológico como motor de desarrollo sostenible y el desarrollo local del país”.
Además, promover la “inversión pública y privada en programas que fortalezcan la gestión de las áreas protegidas, la generación de empleo digno en las comunidades aledañas, la diversificación de la matriz productiva y desarrollo local a través de actividades ecoturísticas responsables”.
Se plantea que haya una gestión de áreas protegidas que se regirá por las directrices dispuestas por la autoridad ambiental.
Para ello se implementaría un modelo de gestión de las áreas protegidas que podrá darse mediante la gestión directa o por mecanismos contractuales de intervención, administración y operación al sector privado, nacional o internacional.
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Estos mecanismos se harán a través de instrumentos contractuales con la autoridad nacional para causas lícitas como:
- La prestación de servicios turísticos
- La facilitación del disfrute ciudadano del patrimonio natural del Estado
- La prestación de servicios ambientales
- La protección ambiental
- La investigación científica
Una disposición general establece que para fomentar la pesca artesanal en áreas permitidas se dispondrá la “remisión del 100 % de los cánones vencidos de arrendamiento, intereses, recargos y multas, correspondientes a los contratos de arrendamiento de infraestructura de los puertos artesanales y facilidades pesqueras artesanales que se hayan suscrito, estén vigentes dentro del plazo original o se hayan renovado y hayan sido suscritos con pescadores artesanales y organizaciones de la economía popular y solidaria”.
Este articulado deberá tratarse en un plazo de 30 días, pero previamente irá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para la revisión del cumplimiento de requisitos de ley y luego se definirá la comisión especializada a la que corresponderá su discusión. (I)
