En medio de una predisposición al diálogo entre las organizaciones sociales y el Gobierno nacional, este se encamina marcado por una ‘línea roja’: la posibilidad de reducir los precios de los combustibles.

El vocero de la Casa de Gobierno, Carlos Jijón, anunció que el presidente de la República, Guillermo Lasso, decidió invitar al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, y a los dirigentes del Parlamento de los Pueblos a continuar con el diálogo el próximo 10 de noviembre, a las 17:00, en la sede presidencial.

Aunque cada organización que compone el Parlamento de los Pueblos (que son más de 100) tiene diferentes demandas, la principal es que el mandatario reduzca los costos de la gasolina extra en $ 2,10 y el diésel en $ 1,50 y los congele. Con ello, que se deje sin efecto la decisión del pasado 22 de octubre, de incrementar y suspender el aumento gradual de la gasolina en $ 2,55 y el diésel en $ 1,90.

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Para el régimen esa sería una decisión tomada y una “línea roja”.

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La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, manifestó ayer que “esa es una decisión que el Gobierno considera que es fundamental para el futuro del Ecuador, y por lo tanto es una línea roja”, sin dar más explicaciones.

Argumentó en una entrevista con radio Sucesos que lo resuelto es por el bien común y que el presidente Lasso resolvió suspender el incremento antes de las protestas realizadas entre el 26 y 28 de octubre, y antes del llamado a continuar con el diálogo.

A esto se suma -indicó- que se necesitan recursos para atender necesidades de la salud, educación, desnutrición infantil; y desde lo ambiental reducir el consumo de combustibles fósiles.

Pero la Conaie tiene definido el camino. Su presidente Leonidas Iza zanjó la posición el jueves último en una hostil alocución que realizó en Alausí (Chimborazo) el jueves último, en la que recordó que son los indígenas los que sostienen la economía del país, madrugan y se acuestan tarde para trabajar en la agricultura, y cuando salen a protestar en reclamo de sus derechos les dicen “vagos”.

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Mientras una mujer daba de latigazos a un banner con la cara de Guillermo Lasso, y se le encendió fuego, Iza enumeraba las exigencias que tienen y ratificó en que deben reducirse los precios de los combustibles. “La lucha es el camino, no queda de otra”, aconsejó a sus afines, a quienes pidió regresar a sus comunidades en tanto termina el feriado por el Día de los Difuntos para volver a “defender la lucha”, con movilizaciones progresivas que se declararon desde el 26 de octubre, en contra de Lasso y su administración.

Él dijo que dependerá de la decisión que tome la asamblea nacional de la Conaie de si asisten o no al diálogo, y adelantó cuáles son sus condiciones: que sea público, que tenga la seguridad necesaria y que se escuche al pueblo, no a los dirigentes.

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El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que es parte del Parlamento de los Pueblos, también evaluará su asistencia a esta invitación, que esperan llegue de forma oficial y no solo por mensajes de funcionarios del Gobierno.

El presidente del FUT, Ángel Sánchez, dijo que no hay un documento oficial que los convoque, solo especulaciones.

Cree que esa cita debe ser transparente e incluso podría ser televisada para que se conozca qué se discute. Pero hace una observación al Gobierno para que se reúna con cada sector, pues tienen diferentes demandas.

“Si convoca a los dirigentes de este Parlamento, podrían acudir unas 200 o 300 personas… Debe escuchar a todos y llegar a consensos e ir dando solución. Pero si nos recibe a todos, no va a tener ni qué resolver, por eso no entiendo cuál es la pretensión: ¿Salir del paso y decir que se reúne con todos, o minimizar al pueblo y reunirse con el primero que se le ocurre?”, cuestionó Sánchez.

Insiste en que este diálogo debe instalarse con cada organización y dar respuestas, porque “con cada decisión que toma, lo que está haciendo es generar molestia”. Por ejemplo, la emisión del Decreto Ejecutivo 238 sobre las Políticas para el Sector Eléctrico que considera busca privatizar las empresas públicas y subir las tarifas.

Por su parte, la ministra Vela remarcó que las conversaciones deben contextualizar la situación económica del país y partir de ciertas condiciones, como no tener condiciones.

“Si empieza a poner condiciones para dificultar el objetivo que es sentarse en una mesa y dialogar de manera abierta, lo que está haciendo es decir lo contrario. Estoy poniendo tantos obstáculos para llegar al diálogo que en realidad lo que estoy diciendo es que no estoy dispuesto”. (I)