La fiscal general, Diana Salazar, pateó el tablero de nuevo. Esta vez, mientras el correísmo impulsa un juicio político en su contra. El caso Purga ha dejado ver una estela de corrupción, que involucra a jueces de la Corte Provincial del Guayas, a capos y operadores de las principales organizaciones delictivas y al exlegislador socialcristiano Pablo M.

Las revelaciones desnudan los posibles negocios detrás de sentencias judiciales. Entre los casos señalados están el traslado de Adolfo Macías Villamar (alias Fito), líder de los Choneros, una demanda de Pablo M. contra el Banco del Pacífico, y un juicio que ganó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Las investigaciones también dan nuevas pistas sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

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El caso Purga ha trascendido, además, a la arena política. El acuerdo legislativo entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y el oficialismo, que se consolidó la semana pasada, nuevamente ha entrado en duda. Un hecho clave para el juicio contra la fiscal general que prepara el correísmo.

La administración de justicia ha resultado afectada. Al momento hay doce detenidos, ocho de los cuales son jueces de la Corte Provincial del Guayas y uno es secretario de esa misma judicatura. Ellos seguirán recibiendo su sueldo, mientras se resuelve su situación legal.

Buscaron poner precio al traslado de Fito

En la audiencia del caso Purga, la fiscal general relató que la jueza Fabiola G., una de las procesadas, buscó contacto con un abogado de Fito para pedirle una comisión a cambio de una sentencia que le permitiera dejar la cárcel de máxima seguridad La Roca y regresar a la Regional de Guayaquil, donde habitualmente ha cumplido su condena.

Fito fue trasladado desde la Regional a La Roca el 12 de agosto de 2023, tres días después del asesinato de Fernando Villavicencio, pero sus abogados pusieron una demanda buscando su retorno. El juez Diego Poma Chamba aceptó la petición y Fito regresó a su reclusorio habitual el 13 de septiembre.

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Adolfo Macías, alias “Fito”, se fugó recientemente de la cárcel. Él es el jefe de la banda Los Choneros, considerada una de las facciones criminales más peligrosas de Ecuador. Foto: FUERZAS ARMADAS DE ECUADOR

Según la fiscal, el el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) apeló esta resolución y la causa pasó en una sala de la Corte Provincial del Guayas integrada por los jueces Fabiola G., Henry M. y Reinaldo C. Fue por esto que la jueza habría contactado al abogado de Fito.

Al final, este escapó de la cárcel a principios de enero y actualmente se encuentra prófugo.

Fiscalía de Ecuador expuso nexos de alias Fito con investigados de caso Purga

Los Lobos, Daniel Salcedo y el crimen de Villavicencio

Las investigaciones judiciales establecieron que la comunicadora de la Corte Provincial del Guayas Mayra S., una de las procesadas en el caso Purga, fue quien viralizó un video de Los Lobos, en el cual negaban ser los autores del asesinato Fernando Villavicencio.

La comunicadora Mayra S. difundió un video de los Lobos sobre el crimen de Fernando Villavicencio, por pedido de Daniel Salcedo, según investigaciones del caso Purga.

Según este documento, Mayra S. manejaba un troll center y, la mañana siguiente al crimen, recibió un mensaje de su amigo, Daniel Salcedo Bonilla, sentenciado y procesado en varios casos de corrupción, pidiéndole que difunda el video.

Ella respondió: “Jajajajajaja vea eso ahora soy lobo jajajaja”. “En este momento se lo subo”. Y luego le mandó el link de la cuenta @JenPPP, de la red social X, con el video publicado. Así consta en un reporte policial que es parte del proceso.

Las investigaciones del asesinato apuntan a que los sicarios y los planificadores del crimen sí eran parte de Los Lobos.

Los Lobos y el exlegislador Pablo M. usaron el ‘troll center’ de Mayra S., según investigaciones del caso Purga

Pablo M. contra Banco del Pacífico: juicio y troll center

La fiscal Salazar reveló en la audiencia que el exlegislador socialcristiano Pablo M. pagaba a Mayra S. por sus servicios en la Corte Provincial del Guayas. Agregó que ella le ayudó a contactar a jueces de esa judicatura para que le favorezcan en una disputa legal que aún mantiene con el Banco del Pacífico.

La fiscal señala que por esas diligencias Pablo M. y su esposa se hicieron acreedores de una reparación de $ 3,98 millones de parte de la entidad financiera, la cual no se ha pagado todavía.

QUITO (05-03-2024).- En la Corte Nacional de Justicia, se reinstala la audiencia en el caso la Purga, uno de los implicados, Pablo M. junto a su esposa ingresan a la audiencia. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Pablo M. demandó al banco alegando que no había registrado los pagos que él supuestamente había hecho por un crédito de 1998. Los jueces que fallaron a su favor, en primera y segunda instancia, están siendo procesados en el caso Purga: Reinaldo C., Guillermo V. y Johann M.

El banco denunció a Pablo M. por supuesta falsificación de documentos, los pagarés con los que pretende justificar sus supuestos pagos. Los jueces que actuaron en esta causa también están siendo procesados en el caso Purga: Lino R. y Nelson P.

Además, un informe policial del caso Purga señala que Pablo M. usaba el troll center administrado por Mayra S. para atacar a Ricardo Noboa Bejarano, abogado del Banco del Pacífico, y al periodista Guillermo Lizarzaburo.

La campaña de Hugo González, presidente de la Corte del Guayas

Las investigaciones judiciales muestran que Pablo M. dirigió la campaña del juez Hugo González para la elección de presidente de la Corte Provincial del Guayas, en enero de este año. En el celular de Mayra S. se encontraron las instrucciones que el exlegislador daba para la producción de los videos promocionales.

Un informe policial transcribe un audio que Pablo M. habría enviado a través de la aplicación Signal: “En el video dile que suba un poco el tono de voz, que hable más terminante, que se lo vea que es sincero, que no sea flojo para hablar, tienen que meter un poco de energía, de vitamina, de power, a lo que el habla”.

Hugo Manuel González es el nuevo presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas

El documento también señala que el exlegislador habría ofrecido sánduches de pernil para regalarlos en la campaña.

La fiscal Salazar anunció que vinculará a González en el caso Purga. Él aún no ha dado declaraciones al respecto.

Cuerpo de Ingenieros del Ejército: ¿remodelación por sentencia?

Una funcionaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth S., es parte de los procesados en el caso Purga, por un juicio relacionado a un contrato de $ 30 millones que esa institución, adscrita a las Fuerzas Armadas, mantenía con la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras de Quito (Epmmop).

El Cuerpo de Ingenieros presentó una acción de protección en contra de la empresa municipal capitalina, pero una jueza de Samborondón (Guayas) la negó. La institución militar apeló y la causa recayó en un tribunal conformado por los jueces Fabiola G., Henry T. y Guillermo V., ahora procesados en el caso Purga. Ellos revocaron la sentencia de primera instancia y aceptaron la acción de protección a cambio de un beneficio material, según la Fiscalía.

La Policía encontró en el celular de Mayra S. la foto de una transferencia de $ 1.400 a su favor de parte de Ruth S. La Fiscalía sostiene que ese pago costeó la mano de obra para la remodelación del piso de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas.

Foto encontrada en el celular de Mayra S., comunicadora de la Corte Provincial del Guayas, donde se muestra la remodelación que, según la Fiscalía, realizó por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Además, un informe policial muestra los chats que Mayra S. tuvo con un contacto registrado como “Andrés Militares”, quien no ha podido ser identificado aún, para coordinar esa remodelación. El reporte incluye fotos que ella envío con el avance de la obra.

El juicio contra Diana Salazar

El caso Purga causó revuelo en la Asamblea Nacional, donde existe una pugna por el juicio político en contra de la fiscal general, que pone en juego el pacto entre el PSC, la RC y el oficialismo.

Al momento, el correísmo es el único bloque que apoya el proceso. Tras el escándalo había expectativa sobre la posición del PSC, que ha sido el más cuestionado debido a que Pablo M. era uno de sus principales operadores. Sin embargo, este partido ha ratificado que no apoyará el juicio contra la fiscal.

El primero en reaccionar fue Rafael Correa, quien tildó a la investigación como una “venganza” de la fgscal General, luego que la Asamblea Nacional resolviera la censura y destitución del exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo, considerado un aliado de la fiscal.

De inmediato, el PSC se deslindó de Pablo M. a través de un comunicado. A esto, le siguieron las declaraciones de sus líderes: Jaime Nebot, Alfredo Serrano y Henry Kronfle.

Sin embargo, la exdirectora de la Judicatura en Guayas María Josefa Coronel manifestó en una entrevista que era vox populi que Pablo M. tenía intereses en la justicia y que se lo había advertido al propio Nebot. Él salió al paso a desmentirla.

Jaime Nebot: Es absolutamente falso que María Josefa Coronel me haya “advertido” sobre algún accionar ilegal de Pablo M.

El correísmo se tomó a pecho las afirmaciones de Coronel y ahora planea un proceso de fiscalización. La asambleísta Pamela Aguirre (RC), presidenta de la Comisión de Fiscalización, la llamó a declarar junto con otros funcionarios del CJ.

Jueces procesados, pero con sueldo

De los ocho jueces procesados en el caso Purga, siete están encarcelados y uno tiene arresto domiciliario. Pese a las evidencias mostradas por la Fiscalía, no serán removidos de sus cargos, por el momento. El presidente del CJ, Álvaro Román, explicó que no puede proceder a la destitución, pues la norma establece que esa sanción procede solo para los funcionarios judiciales llamados a juicio.

Aún falta mucho para ello. El proceso del caso Purga recién se inicia. La Fiscalía tiene 90 días para cerrar las investigaciones, pero el plazo se podría ampliar si decide a involucrar a más personas, como ya se ha anunciado. Solo entonces, la fiscal Salazar podrá presentar la acusación para que un juez decida si los procesados son llamados a juicio. Mientras tanto, ellos seguirán gozando de sus sueldos. (I)