A Mayra Salazar le falta menos de un año para salir de la cárcel y recuperar su libertad. La exrelacionista pública de la Corte de Justicia de Guayas recibió una sentencia reducida dentro del caso Metástasis, por haberse acogido a un procedimiento abreviado y entregar información a la Fiscalía a través de una cooperación eficaz, la cual fue determinante en el proceso y permitió abrir otras causas como el caso Purga.
La tarde del miércoles 24 de julio, en la audiencia de procedimiento abreviado, el juez Manuel Cabrera dictó una pena de 15 meses de prisión para Salazar, quien reconoció que cometió el delito de delincuencia organizada, al haber sido una colaboradora cercana del narcotraficante asesinado Leandro Norero, alias el Patrón, en 2022, mientras él estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi.
“Estamos contentos con la resolución”, dijo Christian Marín, abogado defensor de Salazar, al finalizar la audiencia que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.
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Al inicio de la audiencia, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó 40 meses de prisión para la procesada, con base en el procedimiento abreviado. Sin embargo, más adelante pidió una nueva rebaja y que la sentencia sea finalmente de 15 meses por los datos proporcionados en la cooperación eficaz.
El juez Cabrera revisó de manera reservada el alcance y contundencia de la cooperación de Salazar. Tras ello resolvió acoger la sentencia sugerida por la Fiscalía e impuso la condena de un año y tres meses.
La fiscal expuso en la audiencia 39 elementos de convicción. Señaló que Mayra Salazar colaboró con Norero entre mayo y octubre de 2022, desde la Corte de Justicia de Guayas, sin ser funcionaria judicial.
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Con el fin de favorecer los intereses de Norero y la estructura criminal que él creo desde la cárcel, Salazar identificó y negoció directamente con jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas a cambio de que sus fallos beneficien a alias el Patrón. Intervino con funcionarios judiciales para operar en causas que interesaban a Norero.
Entre los elementos que presentó la fiscal están informes policiales, versiones, los chats de conversaciones con Leandro Norero, transferencias bancarias, información obtenida de su computadora y teléfonos celulares, y más.
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#ACTUALIZACIÓN | #CasoMetástasis: la fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, enumeró los 39 elementos de convicción que fundamentan el procedimiento abreviado al que se sometió Mayra Carolina S. M.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 24, 2024
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El pasado 28 de marzo de este año Mayra Salazar rindió su testimonio anticipado dentro del caso Metástasis. Su intervención fue extensa, duró varias horas. Ahí confesó el rol que desempeñó en la trama de alias el Patrón y señaló como involucrados en la estructura criminal a figuras políticas, empresarios y hasta jueces, entre los cuales mencionó al exasambleísta Ronny Aleaga; el exjuez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán; los empresarios Daniel Salcedo y Xavier J., quienes son parte de los procesados en Metástasis.
También dio información que comprometió al exlegislador Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas Fabiola Gallardo, entre otros, que hoy son procesados en el caso Purga.
Mayra Salazar fue detenida el pasado 13 de diciembre, en Guayaquil. Por varios meses permaneció recluida en la Casa de Confianza, ubicada en el sector de Chillogallo, en el sur de Quito.
El pasado 12 de julio fue trasladada desde ese lugar hacia la cárcel de Cotopaxi. Por ello, tras la sentencia del juez Cabrera, el abogado Christian Marín solicitó que sea devuelta a la Casa de Confianza de Chillogallo, pero el juzgador respondió que él no tenía competencia para resolver el pedido y que esa no era la instancia para presentar el requerimiento.
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Debido a que Salazar ya ha permanecido siete meses encarcelada, le quedan ocho meses más para completar la sentencia de 15 meses. Su condena terminará el 13 de marzo de 2025 y podrá recuperar su libertad.
La exrelacionista pública debe pagar una multa de $ 5.520, una reparación integral al Estado de $ 11.040 y devolver $ 6.300 (que es el monto que recibió en sus cuentas bancarias por parte de la organización criminal). Además, deberá emitir disculpas públicas. (I)
