Con la entrada en vigencia de la ley que reformó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el 14 de noviembre de 2022, se estableció que el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) debía crear un mecanismo de prevención y protección para periodistas.

Algo que, hasta la actualidad, no termina de concretarse por la falta del reglamento a esta norma. Desde la institución se asegura que dicha reglamentación está lista, aunque desde los gremios periodísticos se menciona que definir la parte presupuestaria es clave.

En momentos en los que las amenazas contra periodistas y trabajadores de la comunicación se agudizan, la necesidad de contar con este mecanismo aumenta, coinciden representantes de gremios periodísticos. En estos primeros siete meses del año se han registrado 151 ataques contra la prensa, según datos recogidos por la oenegé Fundamedios. La semana pasada se conoció que Andersson Boscán y Mónica Velásquez, de La Posta, tuvieron que salir del país supuestamente por haber recibido amenazas.

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De parte del Cordicom, su presidenta Jeannine Cruz menciona que el mecanismo ya está creado, pero que se debe tener en cuenta que aún falta el reglamento para la LOC, lo que obstaculiza que esté operativa.

Creación de mecanismo de prevención y protección para periodistas, que se plantea en veto a Ley de Comunicación, es vista con optimismo por gremios y comunicadores

Otra problemática que detecta Cruz es que, si bien los periodistas se contactan con el Consejo de Comunicación y se les pone a disposición el apoyo policial y hasta el del sistema de protección de la Fiscalía, muchos no terminan aceptándolo, ya que “existe una desconfianza gigantesca en el Estado ecuatoriano”.

Según información facilitada por el Consejo sobre la propuesta del mecanismo, las actividades de riesgo al momento de realizar coberturas periodísticas abarcan temas como contrabando, minería ilegal, tráfico ilícito de personas, trata de personas, corrupción, violencia carcelaria, conflictos armados, desastres naturales, entre otros.

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Además, la funcionaria dice que si bien ya se cuenta con una nueva LOC, faltó aterrizar en la Asamblea Nacional los temas presupuestarios para que el sistema de protección se pueda aplicar de mejor manera, por todos los gastos que puede llegar a involucrar dar la protección a un comunicador que la necesite.

Pese a estas limitaciones, Cruz reitera que el mecanismo sí ha avanzado y que incluso se desarrolló antes de que se apruebe la ley reformatoria. Asimismo, que esta herramienta ya ha sido socializada con todas las carteras del Estado y las instituciones involucradas para establecer una hoja de ruta para su ejecución.

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“Yo he sido muy crítica de que lamentablemente no aterrizaron en la Asamblea Nacional en analizar el tema, el presupuesto, si bien es cierto hablamos de sistema de protección, el ente rector es el Consejo de Comunicación, pero nosotros hemos llegado a sobrevivir de alguna manera gracias al apoyo de organismos internacionales... Económicamente al Consejo no se le incrementó un centavo, tampoco al sistema de protección de víctimas de la Fiscalía General del Estado”, explica.

La falta de presupuesto también es cuestionada por César Ricaurte, director de Fundamedios, que dice que es pertinente que se asignen los recursos para que el mecanismo funcione como debe ser. Además, coincide en que la gran deuda del Gobierno es definitivamente el reglamento a la ley reformatoria de la LOC.

“Si el Estado no pone los recursos para la protección del periodista para este mecanismo de protección, eso va a quedar en nada y eso ha sido nuestra exigencia al Estado”, indica.

Ricaurte menciona también que en junio, cuando estuvo en el país la misión del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), se dio una reunión con Sebastián Corral en la Presidencia de la República, en la que hubo el compromiso del Gobierno de que se iba a emitir el reglamento y financiar el mecanismo, pero lamenta que esta oferta no se ha concretado hasta el momento.

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“Tenemos que redoblar la exigencia para que el Gobierno cumpla con ese compromiso que tiene para la protección del periodista”, subraya.

El financiamiento preocupa también a Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), pero, a su vez, considera que ante las recientes amenazas contra medios y periodistas del país el Estado no debe esperar a que esté vigente el reglamento y garantizar desde ya el trabajo de los periodistas ante esas amenazas.

“Nosotros siempre hemos dicho, no queremos una prensa tutelada, pero sí queremos que el Estado garantice el trabajo de los periodistas. Ahora mismo vemos que algunos tienen que salir del país porque no se les puede garantizar seguridad. Ya no es solo un tema del reglamento, es un tema del Estado ecuatoriano”, opina y dice que el mecanismo fue un pedido de organizaciones no gubernamentales.

Refiere que la prensa se ha vuelto un objetivo de varios grupos, de grupos políticos, de grupos delincuenciales, de grupos económicos, y dice que el ataque es permanente a los medios y a los periodistas.

“Hemos visto reacciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de otras asociaciones, hay que tomar en cuenta lo que está pasando en Ecuador y le pedimos al Estado ecuatoriano que actúe en virtud de lo que está pasando. Es un momento de transición, es un momento político y es un momento de definiciones en Ecuador”, sentencia.

A este llamado se une Kléver Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), que opina que se debe reiterar al ministro del Interior, Juan Zapata, que precautele la integridad física de los medios y periodistas.

“En el Ecuador lo que más tienen son leyes... hoy los periodistas y los mismos medios de comunicación estamos huérfanos, estamos sin ninguna protección, estamos con miedo, estamos aterrorizados. Esa es la reacción que hay en el medio”, dice y reconoce la labor de la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, en cuanto al avance del reglamento en lo que compete al tema del concurso para frecuencias.

Chica menciona también que si bien el reglamento sigue pendiente sí ha existido la socialización de parte de este y que él ha presentado algunas sugerencias.

Nueve periodistas han muerto desde 2006

Fundamedios lleva el registro de nueve casos de periodistas que han sido asesinados y los autores están en la impunidad. Figuran Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo de diario El Comercio, secuestrados y asesinados en el 2018 en la frontera norte. Los otros casos son el de Fausto Valdiviezo, asesinado en 2013, y los de José León y Saúl Suárez, quienes perdieron la vida en 2006.

Los otros tres se registraron entre julio y agosto de 2022 y fueron los decesos del periodista Mike Cabrera en Portoviejo, asesinado con seis disparos; el 8 de agosto, el auto del periodista Fernando León, director del semanario El Pueblo, de Gualaceo, fue hallado en el fondo de un barranco. El cuerpo no ha sido encontrado hasta el momento. León estaba haciendo una cobertura fotográfica del mal estado de la vía que conecta las provincias de Azuay y Morona Santiago. El vehículo se encontraba en la carretera Milagro-Gualaceo-Limones; y Gerardo Delgado Olmedo, del medio Ola Manta TV, asesinado con varios disparos mientras se dirigía a una cobertura en Manta. (I)