El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, en su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional aseguró que “todos los puntos acordados” del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por alrededor de $ 4.000 millones serán publicados en los portales web de la cartera de Estado y el FMI una vez que se logre un “acuerdo en firme”.

“En este momento simplemente hay un programa a nivel técnico que ha sido puesto en acuerdo entre los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el equipo del FMI. Para tener un acuerdo en firme tienen que entrar al directorio del FMI y en ese momento todos los puntos acordados con el país estarán disponibles en la página web del MEF y del FMI, entonces es un acuerdo totalmente transparente”, dijo Vega la tarde de este martes, 28 de mayo.

El ministro del ramo inició su comparecencia haciendo la aclaración técnica de que el acuerdo con el FMI no tiene carácter comercial, tal como lo enunció la Asamblea Nacional en la convocatoria.

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“La operación de crédito con el FMI no es un acuerdo comercial, es una operación de financiamiento público que en cumplimiento con el artículo 289 de la Constitución sobre la contratación de deuda pública autorizada por el Comité de Deuda y Financiamiento, y los artículos del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el 74 sobre la determinación de los mecanismos de financiamiento público y el 123 sobre el concepto de endeudamiento público”, mencionó.

Vega resaltó que el programa no es solamente con el FMI, sino con la comunidad financiera internacional, en la que están incluidos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Tanto es así que el directorio de la Corporación Andina de Fomento aprobó el primer desembolso de $ 800 millones.

Apuntó que el perfil de la operación de crédito con el FMI incluye la ejecución de políticas enfocadas en reformas estructurales que resuelvan las deficiencias institucionales o económicas para mantener la estabilidad macroeconómica que contienen metas fiscales cuantitativas de cumplimiento.

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Y reveló que el monto del programa de servicio empleado del Fondo Monetario Internacional puede llegar a ser hasta de $ 4.000 millones en los próximos cuatro años. En tanto que los montos de créditos de los otros organismos, que tienen que ser aprobados también por sus respectivos directorios, se espera que superen en más del doble los desembolsos que haga el FMI.

Luego de 32 minutos de explicación sobre los objetivos del Plan Económico del Gobierno, el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, interrumpió a Vega para que comunicara lo concerniente al acuerdo con el FMI.

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“Solamente para aclarar, el Plan Económico del Gobierno es lo que ha sido apoyado por los organismos multilaterales de crédito. Por eso es que estamos presentando el Plan Económico, que es parte sustancial de lo que el FMI apoya. Es la primera vez en la historia del país que llegamos a sentarnos a una negociación con el FMI con medidas tributarias con el apoyo de todos ustedes, lo que ha permitido incrementar los ingresos del Estado y darnos sostenibilidad fiscal y ser sujetos de crédito de la comunidad internacional”, contestó Vega a Kronfle.

El ministro enunció que son 5 los objetivos de este Plan Económico:

  1. Promover una política económica y fiscal redistributiva, equitativa y orientada al cierre de brechas.
  2. Fomentar políticas generadoras de empleo de calidad.
  3. Estimular el ecosistema productivo y de competitividad para facilitar la inversión.
  4. Incrementar la eficiencia y la calidad de la provisión de los servicios públicos mientras se fortalece la sostenibilidad de las finanzas públicas.
  5. Proteger la dolarización y fortalecer al sistema financiero nacional.

Vega manifestó que el Plan Económico del gobierno de Noboa está “en línea” con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 y trabaja una visión del Ecuador al 2030, el cual se proyecta en una reducción significativa de la pobreza multidimensional y por ingresos mediante la inversión pública, la generación de empleo digno, la inclusión económica y social, y otros factores. (I)