Momentos político-legislativos que develarían el ‘sucio pacto político’ del que habla el Gobierno

Hay algunos episodios legislativos que podrían develar lo que el Gobierno ha calificado como “sucio pacto político” entre las bancadas Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Construye con el fin de golpear al presidente Daniel Noboa Azín.

Desde hace tres semanas no baja la temperatura de las tensiones políticas entre el Ejecutivo y Legislativo; por el contrario, se radicalizaron cuando el pasado viernes, 14 de junio del 2024, las tres organizaciones políticas (RC, PSC y Construye) cerraron filas ante el pedido judicial de permitir el enjuiciamiento penal a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por un supuesto delito de concusión. Esto fue rechazado y tildado de “troncha política” por parte del régimen.

El juicio penal, para el Gobierno, abría una posibilidad de alejar a la vicepresidenta Verónica Abad de un eventual reemplazo en el sillón presidencial en caso de una reelección de Noboa en el 2025.

Una primera señal de ese distanciamiento con el Ejecutivo ya se observó en el discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, en la ceremonia del 24 de mayo con ocasión de la presentación del Informe a la Nación. Tras los saludos protocolarios, en su exposición no nombró a Noboa, fijó algunas líneas y habló de que la gobernabilidad no es simplemente “la capacidad de ejercer el poder, sino ante todo el arte de construir consensos, de escuchar y atender las voces de todos los sectores de la sociedad, a través de procesos y relaciones entre los diferentes poderes del Estado y ciudadanía...”.

En adelante hubo algunos episodios legislativos en los que las bancadas RC, PSC y Construye actuaron juntos o al menos coincidieron en sus posiciones políticas al momento de consignar su voto.

1. Con 88 votos, por encima del planteamiento del bloque ADN, las tres fuerzas políticas conformaron la comisión ocasional multipartidista para dar trámite a los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, en cumplimiento a los resultados de la consulta popular y referéndum del 21 de abril del 2024. El sector de Gobierno planteaba la candidatura de Inés Alarcón, pero la mayoría legislativa colocó a Steven Ordóñez.
2. Luego vino la aprobación, con 94 votos, de la enmienda constitucional al artículo 138 de la Constitución que modificó la forma de votación frente al veto presidencial del Ejecutivo. En adelante, el Parlamento solo necesitará de 70 votos y no de 92 para ratificarse en el texto que haya sido observado por el Ejecutivo.
3. Las tres fuerzas políticas, con 84 votos, se impusieron al bloque de Gobierno en la integración de la terna del delegado del Legislativo para designar al vocal del Consejo de la Judicatura que reemplazaría a Fausto Murillo, destituido y censurado meses atrás. La terna la conforman: Pablo Villagómez Reinel, Priscila Castro Hurtado y Carlos Salmon Alvear, quienes según declaraciones de los asambleístas, representan a las tres fuerzas aliadas.
4. Con 85 votos, a excepción de la bancada Acción Democrática Nacional, se conformó la comisión ocasional multipartidista que analizará el Informe a la Nación presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, ante la Asamblea Nacional el pasado 24 de mayo. La proponente Viviana Veloz (RC) presentó los nombres y dijo que es necesario transparentar las cifras con la realidad del país en materia de seguridad, economía, empleo, educación, migración, vivienda y atención a grupos prioritarios.
5. La Asamblea Nacional con 75 votos y por moción del legislador Carlos Vera Mora (PSC) archivó el proyecto de ley de Seguridad Digital que abanderó el sector de Gobierno. Según la legisladora oficialista Inés Alarcón, fue por revanchismo y retaliación política por parte de la mayoría legislativa RC, PSC y Construye.
6. La Asamblea Nacional, la tarde de este 14 de junio del 2024, con 75 votos a favor negó el pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por el supuesto delito de concusión. Los votos vinieron de las bancadas RC, PSC, en tanto que Construye y Pachakutik votaron divididos.

La administración de Henry Kronfle también intentó tumbar el veto total del Ejecutivo a las reformas al Código de la Función Judicial que permitían a los vocales de la Judicatura acogerse a una licencia sin sueldo cuando se encuentren cumpliendo prisión preventiva. Esa consulta hecha a la Corte Constitucional fue rechazada.

Además, las tres fuerzas políticas, cada una por su lado, han advertido al procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, que podría ser objeto de juicio político si da la razón al presidente de la República, Daniel Noboa, de que sí puede pedir licencia sin sueldo para postularse nuevamente como candidato a la dignidad presidencial, tomando en cuenta que fue electo presidente como consecuencia de la disolución de la Asamblea Nacional.

El Gobierno insiste en que hay un “sucio pacto político”, en el que priman la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merecen el país y sus ciudadanos, en referencia al pronunciamiento del Parlamento que evitó que la vicepresidenta Verónica Abad fuera llevada a un juzgamiento penal por supuesto delito de concusión en el caso Nene.

Que la “troncha política” quedó en evidencia, dijo el Ejecutivo, pues a su criterio, los acuerdos bajos y vergonzosos impidieron que el proceso penal contra Abad continuara como correspondía, ya que “aquellos que hace poco eran enemigos, ahora resulta que han transado debajo de la mesa. No importó nada, solo mantener su pacto”, expresó.

Para el régimen, las tres bancadas se unieron para frenar acciones del Gobierno, bloquearon los proyectos de ley impulsados por la bancada oficialista, tuvieron un pacto para intentar limitar el poder del presidente en su facultad de colegislador con la modificación de un veto parcial. Y además, advierte que buscan implantar juicios políticos en contra de los miembros de su gabinete.

Voces de los partidos

La legisladora de ADN Nathalie Farinango considera que es indudable que el bloque de Gobierno fue excluido de situaciones importantes; por ejemplo, dice, la conformación de la comisión multipartidista que va a analizar el Informe a la Nación, así como de otras decisiones fundamentales, como el archivo de la ley de seguridad digital, con lo cual sí cree que “existe en ese punto una coalición de las otras bancadas para perjudicar al Gobierno”.

Farinango asegura que siempre están abiertos al diálogo para sacar adelante una agenda legislativa que fue aprobada al iniciar este periodo de gestión para el combate a la inseguridad y a la corrupción.

Además, relata que al enmendar el artículo 138 de la Constitución lo que se hizo en la Asamblea es debilitar al Ejecutivo en su papel de colegislador, y también es lamentable, añade, que las tres fuerzas políticas se hayan vuelto a unir para evitar que se levante la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad.

El socialcristiano Vicente Taiano, en cambio, aclara que lo sucedido con la petición de la jueza penal de levantar la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad no constituye ningún pacto, simplemente fue la falta de claridad en ese tema lo que motivó a que no se autorice el pedido.

Taiano cree que en ese tema se debe virar la página, porque la petición no tenía fundamento y además una diferencia entre dos personas no puede trasladarse a ninguna otra función del Estado; y afirma que no hay “ningún intento de complicar el trabajo del Ejecutivo. Y creo que hay que ser absolutamente claros en eso y responsables con el país”.

El legislador del PSC prefiere hablar de coincidencias en temas coyunturales con las bancadas de RC y Construye, aunque sostiene que sin duda en el mes de mayo comenzaron a notarse más las diferencias con el Ejecutivo, esta vez han cambiado los actores, pero que lo importante es encauzar el asunto.

Por eso, el coordinador del PSC señala que el país demanda, de los actores de estas dos funciones del Estado, madurez para entender que no pueden convertirse las diferencias conceptuales en diferencias políticas, porque eso sería un error.

El país no gana, agrega, cuando usted tiene un Ejecutivo y un Legislativo con diferencias marcadas, y es un buen momento para poder, como dicen en el fútbol, “pisar el balón y un poco volver a empezar, es lo responsable, y al menos nosotros tenemos toda la predisposición”, concluye. (I)