El monto del fondo de promoción electoral que financia el Estado para las candidaturas todavía no puede calcularse. Esto porque depende del total de aspirantes a todas las dignidades que finalmente se inscriban y de las alianzas que se registren de cara a los comicios del 2025.
El artículo 202 del Código de la Democracia señala: “El presupuesto asignado para la promoción electoral no podrá superar el 15 % del máximo de gasto electoral establecido para la correspondiente dignidad, con excepción del presupuesto para la promoción electoral de los binomios presidenciales, que no excederá el 12 % del máximo de gasto electoral calculado para la primera vuelta y el 40 % del máximo de gasto electoral calculado para la segunda vuelta; y del presupuesto para la promoción electoral de los asambleístas del exterior, el cual no superará el 45 % del máximo de gasto electoral calculado para esa dignidad”.
Agrega la norma que, para el caso de alianzas, “estas recibirán un 20 % adicional al monto asignado para promoción electoral, por cada organización política participante de la alianza. Este incentivo corresponderá solo cuando las mencionadas alianzas sean entre organizaciones políticas del mismo nivel territorial/electoral, de acuerdo a cada tipo de candidatura... Para distribución del fondo partidario se actuará según la división de porcentajes acordados en el documento que inscriba la alianza”.
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El fin de semana pasado, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó el límite de gasto electoral privado para los binomios presidenciales, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior y parlamentarios andinos. Ese se calcula con base en el número de votantes por jurisdicción. Así:
- Binomio presidencial: $ 5′494.526,60
- Asambleístas nacionales: $ 4′120.894,20
- Parlamentarios andinos: $ 137.363,14
- Asambleístas provinciales, $ 0,30 por el número de electores, según su jurisdicción; y asambleístas del exterior, $ 0,60 por el número de electores, según su juridicción.
Aplicando la fórmula y de mantenerse los 17 binomios presidenciales elegidos en los procesos de democracia interna, a cada uno le corresponderían unos $ 660.000. Pero aún en prematuro para establecer un monto, ya que están en marcha los diálogos para unificar las listas de aspirantes.
La ley dice que el financiamiento estatal comprenderá, de manera exclusiva, la campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, en forma equitativa e igualitaria durante la campaña electoral. No se consideran como medios digitales las redes sociales.
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Pero el candidato o las listas no reciben directamente estos recursos, sino que el CNE los canaliza a través de los medios de comunicación.
Todos los demás gastos de la campaña, tales como asesorías o consultorías, encuestas de opinión, recorridos y movilización de los aspirantes, salarios de los equipos de trabajo y otros temas administrativos, así como mítines y concentraciones, se financiarán con recursos propios de las organizaciones políticas o aportes lícitos de sus simpatizantes. Estos no puede pasarse del límite ya definido por el CNE. (I)
