La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no obtuvo los votos suficientes para archivar el juicio político a la exministra de Salud Ximena Garzón, acusada de incumplimiento de funciones por los legisladores Ricardo Vanegas, de la bancada Pachakutik, y Natalie Viteri, del Partido Social Cristiano (PSC).

Lo que corresponde, según la normativa, es que la mesa de Fiscalización remita todo el expediente del proceso y los informes de posiciones de los integrantes de la comisión a la presidencia de la Asamblea, para que sea el pleno del Parlamento quien resuelva si lleva o no a juicio político a la exfuncionaria del gobierno de Guillermo Lasso.

En marcha la etapa de comparecencias en el juicio político en contra de la exministra de Salud Ximena Garzón por compra de medicamentos

El informe borrador presentado en la sesión de este 15 de diciembre recomendó el archivo de la solicitud de juicio debido a que “no se han encontrado indicios de incumplimiento de funciones toda vez que se han analizado las pruebas de cargo y la contestación a las acusaciones políticas por parte de los funcionarios cuestionados”.

Por el informe votaron a favor los asambleísta de Gobierno Ana Belén Cordero y Marco Troya; en contra, los legisladores Bruno Segovia (antes de Pachakutik) y Pedro Muentes (PSC); se abstuvieron Roberto Cuero y Comps Córdova (UNES), así como el legislador independiente Fernando Villavicencio.

Acusaciones

Las acusaciones en contra de la exfuncionaria tienen relación con el supuesto incumplimiento por cuanto se adquirieron medicamentos sin los controles del Ministerio de Salud y el Sercop, permitiendo que a través del “Régimen Especial de Contratación Pública” se permita la compra de medicamentos sin que los proveedores justifiquen las buenas prácticas de manufactura ni el registro sanitario, ambos exigidos por la Arcsa para la adquisición de medicamentos e insumos médicos.

Los acusadores alegan que el Ministerio de Salud liderado por Garzón coordinó con el Sercop las reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública conforme lo establecen seis decretos dictados por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza.

Sin embargo, en las doce conclusiones del informe del juicio político se determina que el desabastecimiento de medicamentos a los hospitales fue producto de la no previsión de las autoridades anteriores a la rectoría de la ministra, Ximena Garzón, lo cual devino en un desabastecimiento de medicamentos y un perjuicio a la ciudadanía.

Que la exministra de Salud Pública logró mitigar el desabastecimiento de medicamentos, aprovechando las modalidades contractuales utilizadas por el Ministerio de Salud Pública para la adquisición de medicinas, hasta llegar a lograr acuerdos con proveedores externos y privados que aún se mantienen.

Que las modalidades actuales de contratación facilitan la subcontratación de medicamentos por medio de las empresas públicas; si bien dichos contratos son legales, carecen de cierto grado de control; los cuales han sido acompañados en el grado de competencia del Sercop.

También se concluyó que la modalidad de régimen especial es un proceso que se encuentra normado y fue utilizado por la funcionaria cuestionada en diciembre del 2021 mediante contrato 0120-2021, esta modalidad se encuentra regulada en la Ley de Contratación Pública.

Sin embargo, el interpelante Ricardo Vanegas manifestó que a pesar de la abundante prueba documental y testimonial que se agregó durante el juicio político a la exministra Garzón, “han primado los intereses y los amigos de los que protegen el negocio de la venta de la medicina en el Ecuador y ellos son los que votaron por el archivo y se abstuvieron en la moción”.

El legislador nacional insistió en que a raíz que el presidente Guillermo Lasso asumió el poder se formó un grupo de trabajo entre la exministra de Salud Ximena Garzón, la directora nacional del Sercop y el secretario de la Presidencia de la República y comenzaron a modificar los reglamentos de la contratación pública, esto permitió que en el Sercop haya dos modalidades para comprar medicina, la una a través de la subasta inversa con el catálogo de las medicinas y la segunda era a través de un régimen especial, en el que el Ministerio de Salud invitaba a las universidades públicas, y participaron las universidades técnica de Ambato y la de Quevedo, y firmaron un convenio con el ministerio y para poder participar en el negocio buscaron un aliado, y esos aliados eran distribuidores.

El problema, añadió el legislador, es que el laboratorio Ginsberg Ecuador proporcionaba medicinas desde el 2012 y ha tenido varias alertas por parte del Arcsa, pero en el 2017, el Sercop lo inhabilitó y dos años más tarde lo declaró contratista incumplido, por lo tanto, ese laboratorio no podía vender ningún tipo de medicamento al sector público.

Sin embargo, por la nueva modalidad de contratación definida por el Sercop, crearon la posibilidad de que una empresa privada, que es deudora del Estado y que está imposibilitada con el Sercop, les venda medicamentos a través de aliados estratégicos. En este caso ya no era directamente el laboratorio Ginsberg Ecuador, sino las empresas creadas por las universidades, es decir, triangularon el tema.

Vanegas recordó que a más del juicio político planteó una acción penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de Garzón, y en ese escenario habrá justicia, anotó. (I)