La censura de dos años que impuso la Asamblea Nacional a Patricio Carrillo cuando era ministro del Interior, por incumplimiento de funciones, vence el 23 de febrero de 2025, y el periodo legislativo para que el que fue electo culmina en mayo de ese año. El general en servicio pasivo de la Policía Nacional ha decidido no regresar al Parlamento hasta que expire el impedimento.

Una fuente cercana a su equipo contó a EL UNIVERSO que la asambleísta alterna Nataly Morillo ya se encuentra principalizada y Carrillo trabaja de la mano con ella.

Carrillo no logró posesionarse el pasado 17 de noviembre, sin embargo, él cree que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se pronunciará respecto de su caso. Desde la bancada de Construye, legisladores afirman que su representado agotará todas las instancias.

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“Por hoy, no me voy a posesionar como asambleísta, pero seguiré luchando para que se respete la voluntad popular. También voy a seguir de pie, en nombre de ese gran luchador que fue Fernando Villavicencio y de un Ecuador que se asquea con los pactos que traicionaron su confianza”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el pasado 17 de noviembre, día de la sesión inaugural de la Asamblea Nacional.

Analistas políticos y expertos académicos explican el panorama del exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso.

Según Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Uisek, Carrillo no debería tener ningún inconveniente ni impedimento para posesionarse en el Legislativo en el 2025.

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“Una vez que él termine la censura, el Ministerio del Trabajo tiene que eliminar dicho impedimento de manera automática; él podría sacar su nuevo certificado, entregar a la Administración General de la Asamblea Nacional y posesionarse”, refiere.

El director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Miguel Molina Díaz, apunta que no será fácil que Carrillo pueda ejercer la legislatura en el 2025 a pesar de que pudiese presentar un recurso de acción de protección ante la justicia ecuatoriana para retomar la curul.

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Aclara que los casos en la CorteIDH duran más de una década y el que plantea el exministro del Interior no representa un asunto urgente de derechos humanos.

Molina explicó que primero el caso debe aceptarlo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el organismo se tomaría seis años en evaluar el tema; y luego, si el informe fuese a favor de Carrillo y una vez que la CIDH vea que el Estado no quiere cumplir, eleva a la Corte Interamericana.

“De hecho, yo no sé si la CIDH vaya a admitir el caso más allá de medidas cautelares para ver en el futuro si es que vale la pena o no darle la razón porque la normativa ecuatoriana es superclara. Mal haría la CIDH en meterse en un tema que Ecuador lo puede resolver por sí mismo. El sistema Interamericano es subsidiario a la husticia ecuatoriana”, subrayó.

De izquierda a derecha: Pierina Correa, Patricio Carrillo, Valentina Centeno, Eustaquio Tuala y Henry Kronfle, asambleísta nacionales en la entrega de credenciales que realizó el CNE. Foto: El Universo

En esa línea, Ron añadió que hay dos opciones. Si es que Carrillo ingresó el pedido la CorteIDH podría enviar unas medidas cautelares que son de cumplimiento inmediato por parte del Estado, pero todavía no hay ese pronunciamiento y tampoco se ha emitido una resolución definitiva.

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Por su parte, Belén Espinel, analista y catedrática de la UDLA, considera que la participación de Carrillo en las elecciones generales extraordinarias del 2023 fue “el problema más grande” de este asunto, porque sobre el exministro del Interior recayó el impedimento de ejercer un cargo público durante los siguientes dos años.

“La persona que ha sido de alguna manera juzgada y tiene una sentencia que le prohíbe el participar no debería haber podido inscribir su candidatura, porque en efecto no lo puede ejercer. Hay una sanción política de por medio. Creo que el mayor error es que le haya el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) participar; el señor no debería haber sido candidato porque en efecto no se puede posesionar”, mencionó.

Con 105 votos, el Parlamento censuró al exministro del Interior por incumplir funciones en la represión de las movilizaciones de junio del 2022 y por su actuación en el hecho de femicidio de María Belén Bernal registrado el 11 de septiembre de 2022 en la Escuela Superior de la Policía. Por lo tanto, quedó impedido de ejercer un cargo público durante los siguientes dos años.

En la curul, Morillo está en funciones desde el 17 de noviembre y es miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. (I)