Por presunta violación al derecho de participación investigan a la fiscal del Estado, Diana Salazar

La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) arrancó con la investigación en contra de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, por una presunta violación al derecho de participación.

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La denuncia se ampara en las exposiciones del colectivo Acción Jurídica Popular, que acusa a Diana Salazar de supuestamente haber “plagiado” textos de publicaciones en páginas de internet para lo que fue su tesis universitaria, un libro y un artículo indexado, que en el caso de los dos últimos documentos, los presentó en el concurso público en el que fue electa en el 2019.

El CPCCS, para atender las denuncias de Acción Jurídica Popular y de un abogado, Miguel Benavides, instaló por dos días una audiencia pública en la que se presentaron presuntos textos “plagiados” por la fiscal, de acuerdo con las versiones de los activistas Priscila Schettinni, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, procesado por delito sexual; Angélica Porras; y, el juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Richard González.

El presidente del Consejo, Alembert Vera confirmó este 6 de junio en su denominado ‘informe ciudadano’ que la denuncia se presentó durante estas audiencias públicas y se remitió a la Secretaría de Transparencia para su investigación.

“La gente que participó (en la audiencia pública) tiene la capacidad de generar una denuncia por violación al derecho de participación. Ese sí es un procedimiento y entra en el ámbito de competencia de la Secretaría de Transparencia y tiene que ir a admisiones. Esa es una investigación y finalmente eso prosigue. Se sube a la secretaría y se genera la denuncia y la posibilidad de determinación (de responsabilidades)”, afirmó Vera.

Añadió que lo que devenga de esa investigación irá a los órganos rectores, respecto de las sanciones que se puedan generar a Salazar y para ejemplificar, recordó lo ocurrido con la remoción del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, tomada en el 2021 por el Concejo del Municipio de Quito.

“Aquí, nosotros podemos generar investigaciones y resoluciones respecto a violaciones al derecho de participación y, que sean las autoridades competentes y rectoras de cada una de las audiencias públicas”, las que resuelvan, explicó Vera.

La ley que rige al CPCCS en su artículo 13 numeral 4 determina que se requiere de “denuncias a petición de parte, que afecten la participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social” para que sean investigadas por esta Secretaría, que actualmente se encuentra presidida por la exasambleísta del correísmo, Mariángel Muñoz.

La ley que rige al Consejo de Participación Ciudadana señala que una denuncia se admitirá cuando el “Consejo sea competente para conocer el caso en razón de la materia, atenten en contra de los derechos relativos a la participación o generen corrupción”.

Con previa aprobación del pleno, este informe puede incorporar la existencia de indicios de responsabilidad y formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.

Así también, puede solicitar a los “órganos competentes de la Función Judicial las medidas cautelares o las acciones que considere oportunas, para impedir actos de corrupción o suspender los hechos o actos que perjudiquen los derechos de participación o impidan el ejercicio del control social”.

El informe de investigación de esta Secretaría será trasladado al pleno del CPCCS para que lo apruebe o lo archive; no obstante, no se ha precisado a cuál de las instituciones del Estado se enviarían esos resultados para que procedan las acciones.

De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, es la Asamblea Nacional la que tiene competencia para iniciar un proceso de fiscalización, mediante un juicio político a la primera autoridad de la Fiscalía.

De hallarse responsabilidades penales, pasaría a investigación de la justicia ordinaria; a lo que también se suma que el informe del CPCCS incluso podría ser conocido por el pleno del Consejo de la Judicatura que, de acuerdo con el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 13, le permite “conocer los informes que presentaren el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Contraloría General del Estado, y resolver sobre sus recomendaciones”.

En medio de este proceso a Salazar, Alembert Vera recriminó que la Fiscalía mantenga una indagación previa en contra de los siete vocales del CPCCS y no haya desistido de ella, incluso con una disculpa pública.

Según Vera, se inició una indagación previa en contra de sus siete miembros, luego que la Fiscalía denunciara un presunto intento de “alterar o borrar” información que presentó Diana Salazar en el concurso público que realizó el CPCCS de transición en el 2019.

“No nos ha dicho nada de la indagación previa, esperamos que se archive porque ya entregamos la información. No deja de ser un absurdo, porque molesta mucho. No nos permite trabajar de manera tranquila si nos toca estar defendiéndonos. Esperamos que esta indagación sea archivada y las debidas disculpas a este Consejo de Participación Ciudadana”, recalcó Vera. (I)