Posible censura a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana no afectaría las candidaturas a la reelección, pero sí poder ejercer el cargo

En la decisión del pleno de la Asamblea Nacional yace el futuro laboral y político de cinco de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el trámite del juicio político por presunto incumplimiento de funciones.La Comisión de Fiscalización de la Legislatura aprobó el proyecto borrador de informe que recomienda al pleno llamar a juicio político a los siete vocales del CPCCS. La resolución se tomó en una accidentada sesión que se realizó este 9 de noviembre.En un primer momento, el martes último, el expediente recomendó llamar a esta interpelación a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, pero con dos abstenciones y cuatro votos en contra no se lo aprobó.Las abstenciones fueron de los legisladores de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) Ana Belén Cordero y Marco Troya; en contra de Pablo Muentes del PSC; y de, Roberto Cuero, María Molina y Comps Córdova de la bancada correísta de UNES.A favor del informe votaron los legisladores independientes Bruno Segovia, Pedro Velasco y Fernando Villavicencio.Sin embargo, este miércoles, en una nueva sesión de la Comisión, Troya solicitó la reconsideración de la votación y el escenario cambió.Hubo cuatro votos a favor del informe que llama a juicio político: Cordero, Velasco, Villavicencio y Troya. Muentes, Cuero, Molina votaron en contra y Córdova se abstuvo, lo que permitió a Villavicencio, como presidente de la mesa legislativa, dirimir, con lo que sumaron los cinco votos de mayoría y el informe pasó.No obstante, el documento incluiría una recomendación que hizo el legislador Velasco para que el consejero David Rosero no sea incluido en el llamado a juicio, porque en dos de las causales él no participó en el pleno del CPCCS.La bancada del correísmo solicitó la corrección de la votación, pero Villavicencio hizo constatar a la secretaría de la Comisión que Córdova se abstuvo. Ello provocó desencuentros, gritos y reclamos y le apelaron la presidencia.Ana Belén Cordero asumió la presidencia, pero tampoco dio paso al pedido.En tanto se sostenga la votación de la reconsideración, el informe aprobado será remitido al presidente Virgilio Saquicela para que lo transmita, a su vez, a los 137 legisladores y se convoque a una plenaria para sustanciar la interpelación.El presidente del Consejo, Hernán Ulloa, reaccionó en una plenaria de este martes y señaló que “ninguno de los consejeros merece, en lo jurídico y moral, ser sometidos a un proceso político, más aún cuando se encuentran en marcha los procesos de elección de autoridades”.En todo caso, si en el hemiciclo se desprende su censura y destitución, se activarán procesos administrativos, pero en lo político hay un escenario incierto.El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que la censura tiene como efecto la inmediata destitución de la autoridad, quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. “Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio rector de relaciones laborales para fines de registro y cumplimiento”, señala la norma.No obstante, hay cinco consejeros que son candidatos a la reelección en su cargo para las elecciones seccionales y de los vocales del CPCCS que se realizarán en febrero del 2023 y no pueden renunciar a esa postulación. María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Javier Dávalos, Francisco Bravo y David Rosero son candidatos inscritos y calificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) , pues se confirmó que cumplieron con los requisitos legales para participar.De esta manera, el Código de la Democracia en su artículo 108 determina que las “candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas, son irrenunciables”. Al respecto, el académico y analista Esteban Ron explica que si el Parlamento censura y destituye a los siete vocales, incluidos los cinco vocales-candidatos, se abren tres posibles escenarios.“El primero es que los consejeros censurados sean reelegidos en sus funciones, ya que las candidaturas se encuentran en firme y son irrenunciables; estos consejeros, sin son reelectos, podrían esperar el tiempo de dos años desde la censura para ocupar su cargo, ya que han sido electos como tales y no hay norma que establezca que no pueden retomar su mandato”, explicó.Otra posibilidad es que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) “dirima sobre este conflicto y se haga una interpretación y que no sean posesionados por ese impedimento, para luego ser posesionados. O que se haga una consulta a la Procuraduría General del Estado para dilucidar el camino a seguir”, comentó.Por su parte, el analista electoral Daniel González, explicó que de darse una posible censura el problema no serán las candidaturas, sino el que puedan asumir sus funciones en mayo del 2023, si alguno de los cinco es reelegido por el voto popular.“Si bien ellos pueden constar en la papeleta y pueden ganar una vocalía, el problema va a ser cuando vayan a posesionarse y ejercer porque se requiere estar en goce de los derechos y tener el documento que certifique que no tienen impedimento para ejercer cargo público”, recalcó González.Ahondó en que el Ministerio del Trabajo va a registrar que tienen un impedimento para ejercer y no van a poder posesionarse en la Asamblea Nacional. Incluso, “sus documentos y la credencial que se les entrega prescriben en quince días, según la Ley Orgánica de Servicio Público y tendría que asumir un suplente. Esa sería la consecuencia jurídica en el caso de que sean destituidos y sean electos en el proceso electoral”, reflexionó.A propósito del desarrollo del proceso eleccionario, el Consejo Electoral prevé realizar este viernes, 11 de noviembre, a las 10:00, el sorteo público para determinar la ubicación en las papeletas electorales de los 45 candidatos a ser vocal del Consejo de Participación Ciudadana.Las causales del juicio político a los siete vocales se basan en una supuesta arrogación de funciones al reformar el reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, cuando el proceso se habría iniciado con la convocatoria a integrar la comisión ciudadana.La ausencia de transparencia en el proceso de designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Pablo Iglesias; la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura; y, un supuesto conflicto de interés en la designación del defensor del Pueblo, César Córdova. (I)

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