La propuesta de implementar un contrato de trabajo a plazo fijo por cuatro años, que consta en el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades “precarizará” las condiciones laborales, consideran dirigentes de gremios sindicales.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó este 24 de septiembre en la Asamblea Nacional su propuesta de Ley de Creación de Oportunidades, que abarca varios temas económicos y el laboral.

El mandatario argumentó que en el Ecuador apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un trabajo con derechos adquiridos y los otros siete no tienen garantizado “ni siquiera el derecho al trabajo”.

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Por lo que para ese 70 % se creará un “régimen alternativo y voluntario para acceder a nuevas modalidades de empleo”. Esto implicará un contrato alternativo a plazo fijo, que podrá durar cuatro años y transcurrido ese tiempo todo contrato se convertirá en indefinido.

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La propuesta incorpora el artículo 17, sobre “contratos alternativos por tiempo definido y por tiempo indefinido”, en cuyo segundo inciso señala que “el contrato alternativo por tiempo definido preverá seis meses como tiempo mínimo de duración y cuatro años como tiempo máximo de duración”.

Luego, “en cualquier momento, las partes podrán acordar reducir o extender varias veces la duración del contrato con tiempos distintos a los antes pactados, pero respetando el tiempo mínimo de duración y el tiempo máximo de duración antes indicados”. Y si al cumplirse el tiempo de duración pactado o del máximo de duración el contrato alternativo por tiempo definido no terminase, “este se transformará en un contrato alternativo por tiempo indefinido”.

En ese contexto, la iniciativa se enfrenta a las primeras reacciones negativas desde los sectores sociales.

Miguel García, directivo de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), cree que es “bastante exagerado” el plazo de cuatro años.

“Cuatro años es muy largo. Si se quiere ayudar a los emprendimientos para que puedan contratar, lo razonable sería un término medio, como dos años. No más de dos años; y quien los supere, merecería un contrato definitivo. Eso es una flexibilización laboral excesiva para los nuevos trabajadores”, comentó.

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Para explicar, según García, un empleador puede “decirle gracias por sus servicios a un trabajador y no accederá al derecho al desahucio ni indemnización por despido intempestivo. Recién a partir del quinto año, tendría derecho a que me desahucien. Cuatro años es exagerado”, insistió, además que cree que con esta medida “nadie alcanzará a jubilarse”.

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El criterio es similar en José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGTE), que calificó al texto legal de ser una ‘ley trole’ porque se están tratando aspectos tributarios, económicos y laborales.

En ese sentido, indicó que Lasso violentó la Constitución porque los artículos 136 y 140 de la Constitución establecen que los proyectos deben relacionarse sobre una sola materia.

Respecto del fondo, el dirigente sindical aseguró que esta norma es para los “de siempre”. “Dar empleo a plazo fijo hasta por cuatro años implicará una jornada laboral sin el pago de horas suplementarias, sin el derecho a la contratación colectiva y la organización”.

“Este contrato es una vieja aspiración de los empresarios que fue plasmada en la famosa Ley de Apoyo Humanitario. Esto significa que estarán contratando para seis meses, un año, dos o tres, y antes de que cumpla cuatro años los desvincularán”, increpó.

A su criterio, el Gobierno planteó una “ley trole” en la que no se comprende que la flexibilización laboral no creará ni más ni menos empleo, sino empleo precario. Reflexionó que la estabilidad permite a un trabajador “planificar su vida, acceder a créditos para comprar su casa”, por ejemplo.

La UGTE, que es parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), prevé reunirse este lunes para analizar su contenido y hacer observaciones, para que de ser el caso plantearlos a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y que las exponga el 4 de octubre, durante la reunión que mantendrán con Lasso en el Palacio de Gobierno.

Carlos Sucuzhañay, presidente de la Ecuarunari, regional de la Conaie, indicó que se analizará de “manera minuciosa” esta propuesta en el interior de la organización, para exponerla ante el primer mandatario.

“Vamos a analizar bien esa propuesta. Tenemos un bloque de asambleístas y hay que analizarla”, dijo Sucuzhañay, y anticipó que tendrán una posición de rechazo si la intención es despedir a los trabajadores sin reconocer sus derechos.

“Analizaremos la propuesta y se apoyará en lo que está apegado a la realidad de los ecuatorianos. Porque detrás del presidente hay alguien que está gobernando, como es la carta de intención del Fondo Monetario Internacional (FMI) y hemos de ver desde dónde viene la propuesta”, expresó.

No descartó que si existe la voluntad desde el Ejecutivo de mantener los diálogos, se propiciará la instalación de mesas de trabajo.

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Jaime Arciniegas, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, advirtió también que esta propuesta sería inconstitucional porque propone más de una materia, por lo que la “Asamblea debería hacer una revisión a ver si cumple con los requisitos de orden constitucional para que sea tratada”.

Le preocupa la creación de dos regímenes laborales porque contravendrían la Carta Política con relación a la igualdad de derechos y la no discriminación; en esencia, no podrían “coexistir el Código del Trabajo y una ley de Oportunidades; no pueden coexistir dos leyes para una misma actividad con discriminación”.

Recordó que la Constitución habla de progresividad de derechos, por lo que en el Código del Trabajo se eliminó el contrato a plazo fijo, y tratar de retornar al esquema anterior es una “regresividad de derechos y a eso nos opondremos”, advirtió.

“La práctica es que al cumplir el año lo despiden, o al cumplir los dos años lo despiden. La estabilidad no existe. Y en el caso de la propuesta para alargarlo por cuatro años, lo que vamos a tener es trabajadores por cuatro años y luego van a ser despedidos”, dijo.

Para Arciniegas, esto es “tan lesivo” como la Ley de Apoyo Humanitario. Es “una megaley trole, los desórdenes en cuanto a la administración del Estado ahora pasan a la clase media y gente pobre, pero privilegia el sector empresarial y el bancario”.

Su organización buscará mantener diálogos con los legisladores y si ahí no se encuentran consensos, el siguiente paso será que la Corte Constitucional resuelva sobre la constitucionalidad de la normativa. (I)