Médicos, sindicatos y funcionarios del Estado preparan manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Noboa, luego de los despidos masivos y la fusión de ministerios que se optó como medidas de optimización del Estado.
A las 11:00 de este miércoles 29 de julio del 2025, la Federación Médica Ecuatoriana hará una concentración en el norte de Quito para reclamar por la crisis hospitalaria y las desvinculaciones de empleados.
Estas jornadas se dan en respuesta al despido de 5.000 personas de la Función Ejecutiva como parte de un plan de “racionalización, optimización y funcionalidad del Talento Humano” que se ejecuta desde el 24 de julio.
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Para este jueves, 31 de julio de 2025, en tanto, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a una “jornada de resistencia” que se concentrará a las 10:00 en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito, para entregar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), conjunta con las organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
En la tarde se realizará una concentración de agrupaciones de la sociedad civil en los exteriores del Ministerio del Ambiente y avanzará hasta el Ministerio de Cultura, que son parte de la fusión de ministerios que arrancó la Presidencia de la República.
Las acciones se dan en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 60 que firmó el presidente Daniel Noboa, el 24 de julio, en el que dispuso el “inicio” de una “decisión estratégica”, con la que fusionó doce ministerios a otras carteras de Estado; trasladó un viceministerio a un ministerio; el Ministerio del Interior absorberá el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Servicio Integrado de Seguridad (ECU911).
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El Gobierno nacional aún no devela en detalle en qué consiste este plan, que no terminaría con el despido de los 5.000 servidores.
El expresidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), Miguel García, aseveró que estas acciones responderían a un compromiso que hizo la administración de Noboa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Detalló que el Gobierno, a cambio de los $ 5.000 millones de financiamiento que solicitó al FMI —de los que se han desembolsado $ 1.500 millones y $ 600 millones— se habría comprometido a desvincular 74.000 personas.
“En el quinquenio, del 2024 al 2028, el Gobierno se comprometió a reducir la masa salarial en 1,2 % del producto interno bruto (PIB), que corresponde a $ 1.400 millones que deben ahorrarse y eso representa unas 74.000 personas”, explicó García.
Esto, tomando en cuenta que, para el pago de salarios a la burocracia, el Estado presupuesta $ 9.800 millones anuales.
El despido de los servidores continuará bajo procedimientos legales establecidos en la LOIP y un acuerdo ministerial para la “supresión de puestos” que emitió el Ministerio del Trabajo, también, el 24 de julio.
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Según García, la norma pone en riesgo a los funcionarios en los procesos de evaluación.
Ejemplificó que una evaluación se aplicará a aquellos servidores que están en las ventanillas de atención al público y, si uno de ellos es mal calificado por un cliente, la sanción llegará a “todos” los funcionarios de la institución.
Es decir, la evaluación no será individual.
La fusión de ministerios de Estado estará a cargo de la Secretaría de Administración Pública y Gabinete en conjunto con el Ministerio del Trabajo.
La ministra del ramo, Ivonne Núñez, detalló que el proceso arrancará con la elaboración de los estatutos para los ministerios y definir cómo se identificará a los nuevos ministros.
Estas medidas gubernamentales se articulan a la vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública sobre la que hay 19 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional planteadas por sectores de la sociedad civil. (I)
