Proyecto urgente sobre el conflicto armado interno enviado por Daniel Noboa a la nueva Asamblea Nacional genera dudas, ¿qué dicen juristas y analistas?

Como una iniciativa bien intencionada y hasta necesaria, pero con algunos problemas jurídicos y constitucionales es como describen juristas y analistas económicos al proyecto de ley urgente que busca la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno en Ecuador.

El presidente Daniel Noboa envió dicho proyecto a la nueva Asamblea Nacional este sábado, 17 de mayo.

Tiene dos componentes: incentivos tributarios y rebaja de impuesto a la renta para quienes hagan donaciones a la fuerza pública para colaborar en la lucha contra la delincuencia organizada, así como reformas penales para afianzar el concepto del conflicto armado interno y fortalecer el trabajo del Bloque de Seguridad.

Abogados como Julio César Cueva y Jorge Peñafiel ven con preocupación algunos de planteamientos legales y las reformas que pretenden hacerse al Código Orgánico Integral Penal (COIP) porque son inconstitucionales.

Entre ellas están que cuando sean delitos cometidos durante un conflicto armado interno, “la prisión preventiva será la medida cautelar útil y eficaz para asegurar la comparecencia del procesado al proceso y el cumplimiento de la pena”; también la tipificación como delito el pertenecer a un grupo delincuencial armado (GDA), con penas de 22 a 26 años de cárcel; la vía libre para allanamientos sin órdenes judiciales; los indultos presidenciales anticipados para miembros de la fuerza pública en el marco de un conflicto armado y otros.

Peñafiel, que fue asambleísta en el periodo legislativo 2023-2025, sostiene que si bien la intención del proyecto es muy positiva, aquel “está reñido con la Constitución” porque, en primera instancia, está estableciendo “una especie de estado diferente al de excepción ordinario que consta en la Constitución, con atribuciones y protecciones superiores para policías y militares, lo cual afectaría los principios de presunción de inocencia, debido proceso, igualdad ante la ley, derechos fundamentales...”.

Sobre el indulto anticipado, señala que esta figura no existe, eso se da cuando hay ya una sentencia ejecutoriada, porque no se sabe si una persona será o no declarada culpable, esto es incoherente, pero puede ser morigerado por la comisión o el pleno. “En la práctica podrían generarse espacios de impunidad”, advierte.

En contraste, considera viables los incentivos que se plantean para fortalecer la economía.

Peñafiel apunta que esta iniciativa supone algunos riesgos políticos para el mandatario, como el hecho de que se generará temor en los grupos armados y podría acentuar la violencia o podría tener roces con la Corte Constitucional.

Para Cueva, en tanto, “más de la mitad del proyecto es inconstitucional, discriminatorio y peligroso”.

“La prisión preventiva oficiosa tiene ya dos condenas 2023/2024 (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) contra México que, a pesar de eso, en diciembre 2024 incrementó el catalogo de delitos con prisión preventiva oficiosa”, recuerda.

Sobre la tipificación del delito de integrar una banda criminal, advierte: “Mañana a un policía se le ocurre poner en un parte (y eso ya pasa ahora) que soy de un grupo delincuencial y con eso se violan todos mis derechos”.

Respecto a los indultos otorgados en etapas de investigación, “desnaturaliza la figura”.

Agrega que “jamás un allanamiento puede tener revisión judicial posterior, siempre es antes para evitar el abuso, luego se revisa, pero en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, pero eso es otra cosa”.

Cueva señala que no se ahondan, por ejemplo, en medidas para combatir a las economías ilegales desde la economía misma. “Los incentivos son para ‘dorar la píldora’, que no se sienta todo el desprecio por la Constitución y la ley. Todo lo quieren hacer ahora por decreto sin pasar por control judicial, lo cual es peligroso”, lamenta.

Desde la mirada del analista económico Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, “es un proyecto de ley importante, porque busca fortalecer de manera multidisciplinaria, es decir, desde distintos enfoques, las capacidades para combatir a los grupos irregulares”.

“Por un lado, hay medidas económicas para dar un tratamiento preferencial a zonas afectadas (con incentivos tributarios y alivios financieros), y por otro también se fortalecen las capacidades operativas del Bloque de Seguridad y se incluye una reforma en cuanto a las penas para un combate desde la justicia. Al final del día, es necesario un enfoque como el que se está planteando para fortalecer las capacidades frente a un enemigo muy poderoso, como son estos grupos armados asociados al narcotráfico”, refiere.

Pero considera que la Asamblea Nacional tendrá que revisar algunos detalles que podrían ser riesgosos. “(Ya que) es fundamental que en esta lucha contra el narcotráfico los ciudadanos no terminemos perdiendo nuestros derechos”, agrega. Por ejemplo, que se confunda a civiles con combatientes, se realicen confiscaciones de bienes sin sentencia en firme, se expulse a extranjeros sin proceso judicial, la ampliación del uso de la fuerza y posibles afectaciones al debido proceso.

Hasta la publicación de esta nota, el presidente de la Legislatura, el oficialista Niels Olsen, no había convocado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para conocer el proyecto y calificarlo.

La Asamblea Nacional tiene 30 días para tramitarlo por ser urgente en materia económica. (I)