Ricardo Morales, nuevo defensor público: Es fundamental una transformación de la Función Judicial en muchos aspectos

Elegido en un accidentado concurso de oposición y méritos organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y posesionado hace pocos días en la Asamblea Nacional, el nuevo defensor público, Ricardo Morales Vela, cuenta a EL UNIVERSO cómo ha recibido esta institución y sus planes.

¿Cómo encontró la Defensoría?

Estamos haciendo un análisis de temas tanto administrativos como misionales ya que se desea conocer las necesidades que tiene la institución. En estos primeros días hemos recibido diferentes informes de las direcciones administrativas y, a su vez, de los procesos que son misionales. Dentro de esto podemos decir que hay un presupuesto limitado, con $ 44 millones, de los cuales $ 33 millones se van en gasto. Por ello en nuestro plan estratégico tenemos que establecer lineamientos para la autogestión de recursos; por ejemplo, con organizaciones internacionales, contribuciones interinstitucionales... Asimismo en el ámbito misional, la Defensoría lleva casos penales y otros no penales contenidos en el COGEP. Estamos reestructurando determinados procesos según el número de defensores por provincias y las competencias de la institución. A la par estamos conformando ya el equipo de la Defensoría con personas con experiencia y un perfil técnico.

La misión de la Defensoría Pública es garantizar el acceso a la justicia de la gente que no tiene recursos para pagar una defensa privada, pero datos de la institución señalan que hay un déficit importante de defensores públicos. ¿Cómo se solucionará esto?

En Ecuador, a nivel nacional, existen 720 defensores públicos en las provincias. La normativa internacional señala que debería haber 5 por cada 100.000 habitantes, pero actualmente tenemos alrededor de 3,6 defensores por cada 100.000 habitantes. Le doy un ejemplo: se crearon jueces y fiscales en las unidades anticorrupción, pero se olvidaron de los defensores públicos. ¿Qué creamos con esta situación? Que las audiencias que se realizan en los casos, por ejemplo, de delincuencia organizada, no se pueden llevar como se debería porque aquí hay tres “patas” en un proceso: el juez, el fiscal y el defensor público. ¿Cuál es la importancia del defensor público? Ser la contraparte de la Fiscalía y permitir el acceso a la justicia de los acusados cuando falta un abogado particular. ¿Qué sucedería si es que no hubiese un defensor público en una audiencia? La audiencia se caería, y no se tendría celeridad y se afectaría al debido proceso.

¿Se le pedirá a la Judicatura que designe más defensores?

Por resolución existe un banco de elegibles, pero lo mejor, en mi criterio, sería llamar a un concurso. ¿Por qué razón? Porque en el concurso que está actualmente convocado, que es el de jueces, hay muchos defensores públicos que están participando y es posible que muchos de ellos accedan a estas judicaturas, con lo cual el número de defensores se vería aún más reducido. Entonces, es importante realizar un concurso para la Defensoría Pública y así prever esta situación y contar con el número suficiente de defensores en el país.

¿Y ya han hecho ese pedido?

Ya se ha hecho un acercamiento la semana pasada con varias instituciones, en visitas protocolarias con el presidente de la Corte Nacional, los vocales del Consejo de la Judicatura, el contralor general del Estado y la fiscal general del Estado, donde hubo toda la apertura y la predisposición para trabajar en conjunto y lograr los objetivos comunes, como es contar con una administración de justicia eficiente, célere y garantista.

¿Cuáles son las áreas en las que enfocará su trabajo?

Hay varios ejes estratégicos. Primero, en cuanto a la misión de la Defensoría Pública, que es dar acceso a la justicia, ya no solamente queremos que el ciudadano acuda a sus instalaciones, sino que la Defensoría Pública acuda al ciudadano. Ese será uno de los principales objetivos que vamos a tener en este periodo. Y naturalmente también que la gestión del defensor público sea más técnica, preparada y con buena atención al ciudadano, en especial de los sectores más vulnerables. En segundo lugar está el tema de la capacitación. Nosotros contamos ya con la Escuela Defensoría, pero queremos ir más allá. He planteado la posibilidad de crear un Instituto de Altos Estudios Jurídicos Judiciales con la Corte Nacional, con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía General, con el apoyo del Ejecutivo... Es fundamental hacer una capacitación integral, desde el ayudante judicial, secretario, asistente de la Fiscalía, jueces, fiscales, defensores, policías y agentes penitenciarios, hasta abogados de libre ejercicio y estudiantes de Derecho. Además, tenemos otro proyecto que considero importante: las defensorías públicas internacionales. Con este se busca velar por los derechos de los ciudadanos que se encuentran en el exterior, y que no tienen una institución que los proteja.

En los últimos meses, en los casos Metástasis, Purga y Plaga, se ha visto que muchos servidores judiciales y abogados de libre ejercicio han sido parte de estas redes criminales. No ha habido caso de defensores públicos señalados, en efecto, pero están expuestos. ¿Cómo controlar que caigan en esto?

Uno de los ejes fundamentales de mi gestión será la lucha contra la corrupción. Si bien en los casos que usted señala no ha habido defensores públicos involucrados, yo creo que hay que trabajar de forma conjunta con la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Contraloría para evitar que esto pase... No son funcionarios en su generalidad (los que se han involucrado), son excepciones. Por eso es importante una transformación de la Función Judicial en muchos aspectos, como los temas administrativos, donde la responsabilidad la tiene la Judicatura como órgano de gobierno y control; los fallos, la jurisprudencia, en la Corte Nacional; las acusaciones que realiza la Fiscalía; la Defensoría Pública, con las defensas técnicas...

El concurso en el que usted fue elegido, desarrollado por el Consejo de Participación, fue muy accidentado, con cambios de reglas, acciones de protección, renuncias, descalificados... Lo que se nota es que este cargo es muy apetecido por los políticos porque el defensor público puede nominar a un vocal en el Consejo de la Judicatura, ¿es así?, ¿hay esa influencia?

La misión de la Defensoría Pública es eminentemente social, permitir el acceso a la justicia de los ciudadanos más desprotegidos, sin recursos económicos o en indefensión y que no tengan la oportunidad de ejercer su defensa con un abogado privado. Es cierto que una de las atribuciones que tiene el defensor público es la de nombrar uno de los cinco vocales de la Judicatura, junto con otras cuatro instituciones. En nuestro caso, cuando nos corresponda enviar la terna, nosotros velaremos porque sean los mejores hombres y mujeres los que estén en ella: deben tener conocimiento de la administración de justicia, de gerencia administrativa, de legislación y de ética pública. Serán perfiles técnico-jurídicos, que en nuestro país hay muchos, y de nuestra parte, sin ningún compromiso político ni de otra naturaleza, haremos que esto prevalezca.

Pero siempre se ha visto que en las ternas que se envían desde las entidades públicas, uno, dos o todos los candidatos tienen pasado político. ¿En el país no hay gente que no esté contaminada por la política?

Considero que en el Ecuador existen personas y profesionales que tienen muchísimo mérito. Lo que debe corregirse es precisamente la forma de selección de las autoridades. Nombramos a comisiones ciudadanas que no tienen iguales requisitos que quienes participan en los diferentes concursos. A su vez, claro, también existe la oportunidad de que la ciudadanía impugne a los candidatos que se presentan y su elección sea de la manera más transparente. En el caso de la Defensoría Pública, por ejemplo, yo no tuve ninguna impugnación ciudadana. He sido funcionario de 28 años de carrera en el sector Justicia, de los cuales no he tenido jamás una investigación previa, un sumario administrativo o una glosa en la Contraloría.

Aparte del tema de las comisiones ciudadanas o las impugnaciones, ¿qué otros cambios cree usted que deberían hacerse en estos procesos de selección de autoridades en el Consejo de Participación?

Básicamente eso, que los procesos se lleven con transparencia y con una participación ciudadana importante en la impugnación. Debería haber mayor difusión para que la gente conozca quiénes son los candidatos y puedan impugnarlos si es que conocen de alguna conducta por la que no merezcan llegar a esos cargos. En los reglamentos que se establecen es fundamental que prevalezcan criterios técnicos.

Defensores públicos a nivel nacional

Pero estamos viendo que el Consejo de Participación es cualquier cosa menos técnico.

Bueno, ahí hay que erradicar el tema político. Yo creo que es importante el priorizar lo técnico y en eso la construcción del reglamento es fundamental para el éxito de los concursos.

Hablando de su trayectoria, a usted se lo asoció con el correísmo porque fue funcionario del ya desaparecido Ministerio de Justicia en ese gobierno. ¿Cómo fue su paso por esa institución?

Yo he sido funcionario de Corte Suprema de Justicia desde 1996. Hace ya 28 años empecé como ayudante judicial, fui oficial mayor encargado, secretario relator encargado; luego pasé a la presidencia de lo que era la Corte Suprema de Justicia, con personas de la categoría de Gonzalo González Flores, José Vicente Troya, Carlos Ramírez Romero, todos de distintas tendencias políticas. Trabajé también, es cierto, como subsecretario de Atención Integral de las Personas Privadas de Libertad y como subdirector de la Escuela Judicial en el gobierno de Correa. Y posteriormente, en el periodo del presidente Lenin Moreno, trabajamos en la Defensoría Pública, como coordinador nacional y como defensor público encargado unos pocos meses. Asimismo, en el gobierno anterior (de Guillermo Lasso) fui asesor del organismo técnico de rehabilitación social como representante de la Secretaría de Derechos Humanos y también como delegado del sector público en la Comisión de Pacificación de las cárceles. Es decir, mi perfil ha sido técnico jurídico, no he tenido ninguna vinculación política. Por el contrario, mi trabajo ha sido comprometido, transparente, siempre con afecto a la Función Judicial. (I)