Los casos de jueces y fiscales asesinados, así como las explosiones, balaceras y amenazas de bomba a dependencias judiciales, se han vuelto más recurrentes. Solo en julio se registraron dos atentados violentos: la explosión de un artefacto arrojado a la Unidad Judicial de Portoviejo, Manabí; y una balacera en los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, en Quito. Los dos eventos causaron heridas a dos menores de edad.