De cinco concursos públicos para designar autoridades, que se ha propuesto realizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solo en uno se ha avanzado a la etapa de conformación de la integración de la veeduría ciudadana.

El CPCCS debe nombrar a través de concursos públicos de méritos, oposición, impugnación ciudadana a los titulares de la Defensoría Pública, Contraloría General del Estado; de los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria (Copisa), de dos delegados ante el Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras y de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte de su renovación parcial.

Sin embargo, solo en el proceso para designar a la nueva autoridad de la Defensoría Pública se ha cumplido una primera etapa: la conformación de la veeduría ciudadana que observará la transparencia del proceso.

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Según el Consejo, de 102 ciudadanos que se inscribieron para ser veedores, trece no habían cumplido con los requisitos reglamentarios.

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Los calificados serán notificados con su inscripción y serán convocados para las capacitaciones, respecto de las atribuciones y prohibiciones que asumirán como veedores.

Con esto, el Consejo podrá convocar oficialmente a la ciudadanía a postularse para conformar la comisión ciudadana de selección, la que se encargará de desarrollar el concurso.

Sobre la designación del contralor del Estado, se espera que entre el jueves y viernes, una comisión técnica, integrada por asesores de los siete consejeros, presenten el instructivo al reglamento de selección de esta autoridad.

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Con ello, se podrá convocar a la integración de la veeduría ciudadana.

Pero sobre este concurso persisten las críticas, por cómo se aprobó el reglamento el pasado 18 de julio.

La consejera María Fernanda Rivadeneira cree que el proceso podría enfrentar acciones legales, como acciones de protección e incluso, ser anulado porque en su elaboración no se motivó en un informe por qué no se incluyeron, al menos, 87 aportes de la ciudadanía.

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A esto se suma, que la presidenta Sofía Almeida decidió renunciar al cargo que mantenía en la Contraloría como auditora, después de haber votado por la aprobación de esa normativa el 18 de julio.

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, renunció al cargo que mantenía en la Contraloría

Almeida renunció el 22 de julio último, mientras mantenía una “licencia” sin sueldo de la Contraloría, y ejercía como consejera del CPCCS, por lo que se presume que hubo un conflicto de intereses.

“La presidenta renunció, pero aprobó el reglamento. ¿Cuándo tuvo que haber renunciado a la Contraloría? Antes de haber aprobado el reglamento. Esto no quiere decir que no queremos designar al contralor, sino que por esto puede echarse abajo el concurso y retrasarse. Hagamos las cosas bien”, dijo la consejera.

El consejero Francisco Bravo coincide en que existió un conflicto de intereses, en lo que respecta al concurso de méritos del contralor, pues “debió excusarse de la aprobación del reglamento”.

Recordó que el 18 de julio se apeló la presidencia de Almeida y debió permitir que el vicepresidente David Rosero lidere la sesión, “pero ninguno de los dos accedió”.

Almeida, de su parte, el día que renunció a su nombramiento en la Contraloría, justificó que había decidido hacerlo tiempo atrás, pero que por motivos personales no lo hizo.

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Y que su actual decisión demuestra que no existe “una injerencia” en el proceso, y que no permitirá que se aprovechen de su cargo como exfuncionaria del ente de control para “tratar de deslegitimar el concurso, que es transparente”.

Respecto de los otros tres concursos de Copisa, de Desarrollo Fronterizo y la renovación parcial del CNE no ha habido avances.

En el caso de los dos primeros se aprobaron los instructivos, pero no se ha convocado a integrar las veedurías ciudadanas.

Mientras que sobre el CNE se resolvió que una comisión técnica, con delegados de los siete consejeros, elaboren un proyecto de reglamento, que tampoco ha sido tratado por el pleno. (I)